Hay decisiones políticas que trascienden el ámbito de la gestión para convertirse en una manera de entender la democracia. El cierre temporal del Centro Social de El Campello por las necesarias obras de acondicionamiento -producto de un mantenimiento inadecuado- podría haber sido una de esas decisiones inevitables que cualquier ciudadanía comprende cuando existe planificación, información y voluntad de minimizar sus consecuencias. Sin embargo, lo verdaderamente preocupante no ha sido el cierre del edificio, sino el abandono de las personas que daban vida a ese espacio.
Desde el mismo momento en que se decidió acometer las obras se conocía que cientos de personas, mayores en su mayoría, y decenas de actividades desarrolladas por el Asociacionismo de El Campello quedarían sin un lugar donde continuar. No era un problema inesperado ni sobrevenido. Era perfectamente previsible. Precisamente por ello resulta tan difícil entender que no se buscara ninguna alternativa para garantizar la continuidad de unas actividades que, para muchas personas, forman parte de su vida cotidiana, de sus relaciones sociales y de su bienestar.
Pedir ahora comprensión por las molestias ocasionadas, presentando además unas obras que llegan con más de cinco años de retraso como un éxito de gestión, supone un ejercicio de autocomplacencia que difícilmente puede compartir quien ha visto desaparecer de un día para otro un espacio fundamental de convivencia. La ciudadanía suele comprender las dificultades cuando percibe honestidad y esfuerzo por resolverlas. Lo que resulta mucho más difícil de aceptar es la improvisación cuando hubo tiempo suficiente para planificar y la ausencia de soluciones cuando estas eran perfectamente posibles.
Pero reducir este conflicto a un problema de organización sería quedarse en la superficie. Lo ocurrido constituye el síntoma de una forma de gobernar que se viene repitiendo desde hace demasiado tiempo. Una manera de ejercer el poder en la que la participación ciudadana deja de ser considerada un valor democrático para convertirse en una molestia. Mientras las asociaciones permanecen calladas, su existencia resulta tolerable. Cuando reclaman respuestas, defienden derechos o cuestionan decisiones municipales, pasan a ser percibidas como un obstáculo para quienes prefieren gobernar sin demasiadas explicaciones.
No es una percepción subjetiva. Es una realidad que numerosos colectivos llevan tiempo denunciando. El vertedero, la limpieza viaria, la falta de inversiones en los barrios, la accesibilidad, la igualdad, la cultura, el medio ambiente, la educación o la sanidad conforman una larga lista de asuntos donde la ciudadanía ha reclamado diálogo y respuestas sin encontrar una interlocución suficiente. El denominador común no es únicamente la lentitud para resolver los problemas, sino una preocupante ausencia de voluntad para compartir información, escuchar propuestas y construir consensos desde los que resolver los problemas reales más allá del turismo y la construcción.
El asociacionismo representa una de las expresiones más valiosas de cualquier democracia local. No solo organiza actividades. Genera participación, fortalece la convivencia, combate la soledad, crea redes de apoyo y convierte a los vecinos en protagonistas de la vida pública. Debilitarlo o ignorarlo supone empobrecer la calidad democrática de un municipio. Cuando las asociaciones dejan de ser interlocutores para convertirse en adversarios, algo profundamente importante comienza a deteriorarse.
Resulta especialmente preocupante que quienes deberían proteger ese tejido social parezcan contemplarlo con incomodidad. Porque la participación nunca debería interpretarse como una amenaza, sino como una oportunidad para mejorar las decisiones públicas. Gobernar no consiste únicamente en administrar recursos o ejecutar obras. Significa también escuchar, explicar, dialogar y rendir cuentas. Sin esos elementos, la política corre el riesgo de reducirse a un simple ejercicio de autoridad.
Lo sucedido con el Centro Social ha conseguido unir a asociaciones muy diferentes en un mismo diagnóstico. Todas coinciden en señalar que el verdadero problema no son las obras, sino la ausencia de planificación, la falta de alternativas y la escasa consideración mostrada hacia quienes llevan años contribuyendo de forma altruista al bienestar colectivo. Cuando el movimiento asociativo habla con una sola voz, quizá quienes gobiernan deberían preguntarse si el problema reside realmente en quienes protestan o en quienes se niegan a escuchar.
La democracia municipal no se mide por el número de inauguraciones, por los titulares o por las campañas de comunicación institucional. Se mide, sobre todo, por la manera en que se trata a la ciudadanía cuando surgen los problemas. Es entonces cuando se pone a prueba el compromiso con el interés general, la capacidad de diálogo y el respeto hacia quienes esperan de sus representantes algo más que discursos.
El Campello merece unas instalaciones públicas dignas. Merece inversiones. Merece obras cuando son necesarias. Pero merece, sobre todo, gobernantes capaces de comprender que los edificios son importantes porque albergan personas, no porque puedan exhibirse como logros políticos. Un centro social puede cerrarse temporalmente para ser rehabilitado. Lo que nunca debería cerrarse es la participación ciudadana, el respeto institucional y el compromiso con quienes hacen del asociacionismo uno de los principales activos de la convivencia.
Porque cuando un gobierno deja sin respuesta a quienes sostienen la vida social de un municipio, el problema es la forma de entender la democracia.