Nos gusta pensar que vivimos en sociedades avanzadas, comprometidas con los derechos humanos, la igualdad y la dignidad de las personas. Nos gusta repetir que todas las vidas tienen el mismo valor. Sin embargo, basta observar con cierta atención la realidad para descubrir que no todas reciben el mismo trato ni la misma consideración.

            Existen vidas que ocupan el centro de las decisiones políticas, económicas y sociales. Y existen otras que permanecen en los márgenes, invisibles, olvidadas o convertidas en un problema que gestionar. No porque alguien lo diga abiertamente, sino porque así lo demuestran demasiadas decisiones cotidianas.

            Las personas mayores son un ejemplo evidente. Vivimos en una cultura que ensalza la juventud, la rapidez, la productividad y la imagen. Envejecer parece haberse convertido en una especie de fracaso personal. Se asocia la edad con dependencia, deterioro y gasto. Se olvida que las personas mayores son quienes sostuvieron durante décadas la sociedad que hoy disfrutamos y que merecen algo más que agradecimientos protocolarios una vez al año.

            La pandemia mostró esta realidad con una crudeza difícil de olvidar. Miles de personas mayores murieron en condiciones de aislamiento extremo. Muchas residencias se transformaron en espacios donde la vulnerabilidad quedó expuesta de manera dramática. Después llegaron los homenajes, los discursos institucionales y las promesas de cambio. Pero la pregunta sigue siendo pertinente: ¿hemos aprendido realmente la lección?

            Algo parecido ocurre con las personas que viven con una discapacidad. A pesar de los avances legislativos y sociales, continúan encontrando barreras físicas, culturales y administrativas que limitan su participación plena. Con demasiada frecuencia seguimos evaluando a las personas por lo que pueden producir, hacer o aportar económicamente, en lugar de reconocerlas por lo que son: ciudadanos y ciudadanas con los mismos derechos y la misma dignidad.

            La misma lógica afecta a quienes conviven con enfermedades poco frecuentes, problemas de salud mental, situaciones de dependencia o soledad no deseada. Su sufrimiento suele quedar relegado a un segundo plano porque no genera beneficios, no produce titulares o no encaja en las prioridades del mercado.

            Y ahí aparece la creciente mercantilización de la vida, uno de los problemas de la sociedad actual.

            Cada vez con más frecuencia se analizan cuestiones profundamente humanas utilizando exclusivamente criterios económicos. Se habla de costes, productividad, eficiencia o sostenibilidad. Son conceptos necesarios, sin duda. Pero cuando se convierten en el único criterio para tomar decisiones, algo esencial se pierde por el camino.

            Porque las personas no son balances contables. La dignidad humana no puede medirse mediante indicadores de rentabilidad.

            Sin embargo, esa mirada economicista acaba influyendo en la manera en que organizamos los servicios públicos, distribuimos recursos o establecemos prioridades. Lo que genera beneficios recibe atención. Lo que no la genera corre el riesgo de convertirse en una carga.

            El resultado es una sociedad que, sin reconocerlo abiertamente, establece jerarquías entre vidas. Algunas son consideradas valiosas porque producen, consumen o responden a los modelos dominantes de éxito. Otras son percibidas como dependientes, costosas o improductivas.

            Esta forma de exclusión es especialmente peligrosa porque resulta silenciosa. No necesita leyes discriminatorias ni discursos de odio explícitos. Funciona mediante la indiferencia, el abandono o la resignación colectiva. Se expresa en listas de espera interminables, en recursos insuficientes, en barrios abandonados, en personas que envejecen solas o en familias que asumen cuidados para los que apenas reciben apoyo.

            También se manifiesta en la tendencia a medicalizar cualquier forma de malestar. La tristeza, la incertidumbre, el duelo, la soledad o el agotamiento son abordados muchas veces como problemas individuales que requieren una respuesta técnica o farmacológica, cuando en realidad suelen estar relacionados con condiciones sociales, económicas o relacionales mucho más profundas.

            Mientras tanto, cuestiones como la precariedad laboral, la dificultad para acceder a una vivienda digna, el aislamiento social o la falta de redes comunitarias siguen creciendo sin que se afronten sus causas estructurales.

            Quizá por eso el verdadero debate no sea sanitario, económico ni siquiera político. Es, ante todo, un debate ético.

            La cuestión fundamental consiste en decidir qué tipo de sociedad queremos ser. Una sociedad que valore a las personas en función de su utilidad, su productividad o su capacidad de consumo. O una sociedad que sitúe la dignidad humana en el centro de todas sus decisiones.

            Una comunidad no se mide por la riqueza que acumula ni por la tecnología que desarrolla. Se mide por la manera en que trata a quienes atraviesan situaciones de fragilidad. Por cómo cuida a quienes dependen de otros. Por cómo acompaña a quienes sufren. Por cómo protege a quienes tienen menos capacidad para hacerse escuchar.

            En un mundo obsesionado con la rentabilidad, cuidar se ha convertido en un acto profundamente político. Y también profundamente humano.

            Si aceptamos que algunas vidas valen menos que otras, el problema deja de afectar únicamente a quienes quedan al margen, para pasar ser un problema global.