El reciente anuncio del inicio del Grado de Medicina en la Universidad CEU Cardenal Herrera de Elche debería haber sido una noticia más dentro del panorama universitario valenciano. Sin embargo, resulta inevitable contemplarlo a la luz de todo lo ocurrido durante los últimos años con la implantación de los estudios de Medicina en la Universidad de Alicante. Y la comparación deja al descubierto una pregunta difícil de eludir: ¿por qué entonces sí y ahora no?
Conviene recordar lo sucedido. La aprobación del Grado de Medicina en la Universidad de Alicante dio lugar a una de las mayores crisis institucionales vividas en el ámbito universitario valenciano. Recursos judiciales, declaraciones públicas, acusaciones, reproches y una intensa confrontación entre universidades trasladaron a la opinión pública una imagen poco edificante de lo que debería ser el sistema universitario. A ello se sumó la ambigüedad inicial del Consell presidido por Carlos Mazón y las posteriores decisiones de la Conselleria competente en materia de Universidades, que llegaron incluso a cuestionar una titulación cuya implantación había seguido los procedimientos establecidos.
La situación solo comenzó a resolverse cuando el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana avaló la legalidad de la implantación del Grado de Medicina en la Universidad de Alicante. Ese proceso, sin embargo, coincidió con un hecho difícil de comprender, como fue la concesión del Grado de Enfermería a la Universidad Miguel Hernández como respuesta a un supuesto agravio derivado de la autorización de Medicina en la Universidad de Alicante.
Hoy, sin embargo, la autorización del Grado de Medicina en la Universidad CEU Cardenal Herrera de Elche transcurre sin la contestación institucional que acompañó al caso de la Universidad de Alicante. No se escuchan las mismas advertencias sobre saturación de facultades, ni las mismas apelaciones a la planificación, ni los mismos argumentos acerca de la inviabilidad del proyecto o del perjuicio que podría ocasionar a otras universidades. Ese contraste resulta demasiado evidente para pasar inadvertido.
Si los argumentos utilizados entonces eran realmente de naturaleza académica, científica o jurídica, deberían mantenerse con independencia de cuál sea la universidad que solicita una nueva titulación. Si, por el contrario, desaparecen cuando el escenario cambia, es inevitable concluir que aquellos argumentos no eran tan sólidos como se pretendía hacer creer o, al menos, que no se aplican con el mismo rigor a todos.
La contradicción resulta todavía más llamativa si se observa el contexto general. Numerosos informes vienen advirtiendo desde hace años de que el principal problema de la sanidad española no reside exclusivamente en el número de plazas de acceso al Grado de Medicina, sino en la insuficiente planificación integral de profesionales, en el desequilibrio territorial, en el déficit de plazas de formación sanitaria especializada y en las dificultades para fidelizar a quienes ya han sido formados. Incrementar el número de facultades sin abordar simultáneamente esos factores difícilmente resolverá los problemas estructurales del sistema sanitario.
España figura, además, es el país con mayor número de facultades de Medicina del mundo en relación con su población. En este contexto resulta legítimo preguntarse si tiene sentido concentrar tres facultades de Medicina en un radio aproximado de veinticinco kilómetros. La cuestión no consiste en negar el derecho de una universidad a desarrollar nuevos proyectos académicos, sino en exigir que dichas decisiones respondan a una planificación rigurosa, transparente y basada en evidencias, y no a dinámicas de oportunidad o de competencia institucional.
A ello se añade otro elemento. Mientras las universidades públicas continúan soportando una financiación claramente insuficiente para responder adecuadamente a sus funciones de docencia, investigación y transferencia de conocimiento, el crecimiento de la oferta privada encuentra cada vez menos obstáculos administrativos. No se trata de enfrentar universidad pública y universidad privada, ambas cumplen funciones legítimas dentro del sistema de educación superior. Se trata de exigir que las reglas sean iguales para todos y que las decisiones estratégicas no contribuyan a debilitar el papel que corresponde a unas universidades públicas cuya misión trasciende con mucho la mera competencia por captar alumnado.
La universidad constituye uno de los principales pilares sobre los que se construye el futuro de una sociedad. La formación de los profesionales de la salud condiciona la calidad de la atención que recibirán millones de personas durante décadas. Por ello, la regulación de las titulaciones universitarias no puede convertirse en un tablero donde administraciones, universidades e intereses corporativos muevan sus fichas según convenga en cada momento.
La verdadera pregunta no es si esta será la última facultad de Medicina que se autorice en la provincia de Alicante. La duda es si seguiremos asistiendo a un incesante «suma y sigue» guiado más por intereses de poder que por el interés general. Ni la sanidad española mejorará acumulando facultades de Medicina sin una estrategia coherente, ni la calidad de la enseñanza superior puede construirse sobre decisiones improvisadas, contradictorias o políticamente interesadas.