La solidaridad es una de esas palabras con las que resulta difícil estar en desacuerdo. Todos somos solidarios, al menos mientras no tengamos que precisar con quién, hasta dónde y a cambio de qué. Porque es precisamente cuando la solidaridad deja de ser una declaración y exige compartir recursos, asumir responsabilidades o renunciar a alguna comodidad cuando empiezan a aparecer los apellidos, las condiciones y, últimamente, hasta los códigos postales.
Nos conmueve una catástrofe, una guerra, una hambruna o la imagen de alguien que lo ha perdido todo. Organizamos campañas, hacemos donaciones y expresamos nuestra indignación ante el sufrimiento. Practicamos así una especie de solidaridad a distancia o por transferencia, necesaria y valiosa, pero también cómoda en muchas ocasiones. Una cantidad de dinero, un número de cuenta y unos cuantos clics nos permiten contribuir a aliviar un sufrimiento lejano sin necesidad de encontrarnos con quien lo padece y, en ocasiones, sin saber siquiera con certeza dónde y cómo terminará utilizándose nuestra aportación. La transferencia ayuda, pero también puede tranquilizar nuestra conciencia y permitirnos seguir adelante. La situación cambia cuando la solidaridad deja de ser a distancia y pasa a ser en directo; cuando quien necesita ayuda deja de ser una imagen en una pantalla y aparece ante nosotros con rostro, nombre, necesidades y expectativas. Con toda su crudeza y certidumbre. Entonces surgen los recelos, las sospechas y las precauciones. Preguntamos de dónde viene, cuánto tiempo lleva aquí, qué derechos tiene, cuánto nos cuesta, si realmente necesita lo que solicita o si antes no habría que atender «a los nuestros». Paradójicamente, parece resultarnos más sencillo solidarizarnos con quien está suficientemente lejos que con quien se acerca demasiado.
Ayudar primero a quienes tenemos cerca puede resultar comprensible. Los vínculos familiares, afectivos y comunitarios forman parte de nuestra manera de relacionarnos. El problema aparece cuando esa proximidad deja de expresar afecto y se convierte en criterio para determinar quién merece derechos, protección o dignidad. Una cosa es sentirnos especialmente vinculados con determinadas personas y otra muy diferente establecer que ese vínculo nos autoriza a considerar menos merecedoras a las demás.
Reconocer que los recursos son limitados no significa aceptar cualquier criterio para distribuirlos. Gobernar obliga a establecer prioridades, pero estas deberían responder a necesidad, justicia, equidad y protección de quienes se encuentran en peores condiciones. Mucho más grave resulta cuando las decisiones políticas alteran consciente e interesadamente esos criterios y permiten que recursos, ayudas, viviendas o prestaciones concebidos para determinadas personas terminen beneficiando a quienes no deberían ser sus destinatarios, mientras quienes realmente los necesitan quedan fuera. Las controversias surgidas en torno a las ayudas de la DANA de València, determinadas viviendas públicas en Alicante o el conocido caso del ático relacionado con la presidenta madrileña son ejemplos, con un denominador común, que obligan a preguntarnos quién establece finalmente el merecimiento y con qué criterios.
Porque entonces dejamos de hablar únicamente de solidaridad y empezamos a hablar de justicia distributiva, responsabilidad política y ética pública. Resulta demasiado fácil justificar la escasez cuando quienes sufren sus consecuencias son siempre quienes tienen menor capacidad para defenderse, mientras determinadas decisiones permiten que los recursos encuentren caminos sorprendentemente más accesibles para otros.
Existe, además, otra perversión menos visible. La solidaridad ciudadana puede convertirse en la coartada perfecta para que las administraciones eludan responsabilidades que les corresponden. Ante una catástrofe, la pobreza, la exclusión o cualquier situación de necesidad, la respuesta comunitaria constituye una extraordinaria expresión de compromiso colectivo. Pero una cosa es que la solidaridad complemente la acción pública y otra muy diferente que tenga que sustituirla. Bancos de alimentos, asociaciones, entidades sociales, voluntariado, colectas o redes vecinales no deberían asumir permanentemente aquello que corresponde garantizar a unas instituciones financiadas precisamente para responder a las necesidades colectivas.
Porque existe el riesgo de que cuanto mayor sea la capacidad solidaria de la comunidad, menor parezca la urgencia de destinar recursos públicos suficientes a quienes más los necesitan. Y mientras apelamos a la generosidad ciudadana, determinados recursos pueden acabar orientándose hacia actuaciones políticamente más rentables, económicamente más atractivas o electoralmente más agradecidas. La solidaridad no puede convertirse en una forma barata de externalizar la justicia social.
Tampoco los derechos sociales pueden presentarse como una propiedad acumulada por quienes llegaron antes y amenazada por quienes llegan después. Enfrentar necesidades no aumenta los recursos, únicamente consigue enfrentar a quienes los necesitan.
La solidaridad es una elección individual y colectiva; garantizar derechos, gestionar justamente los recursos y proteger a quienes más los necesitan constituye una responsabilidad pública. Confundir ambas cosas beneficia sobre todo a quien pretende eludir la segunda apelando continuamente a la primera.
Cuando la solidaridad necesita comprobar un DNI o pasaporte, un empadronamiento, una cuenta corriente, determinadas relaciones o un supuesto arraigo para decidir quién merece recibir, hemos dejado de hablar de necesidad para hablar de pertenencia, influencia o conveniencia.