La imagen de Maricarmen abandonando en camilla la vivienda en la que había vivido durante más de setenta años resulta difícil de olvidar. A sus 87 años, después de varios intentos de desahucio y de una larga lucha por permanecer en su hogar, centenares de personas la acompañaron mientras se consumaba aquello que durante meses se había tratado de evitar. Vecindario, familiares, Sindicato de Inquilinas, periodistas y otras muchas personas hicieron visible una solidaridad que contrastaba dolorosamente con la incapacidad para encontrar una solución.

            Hoy sabemos, además, que Maricarmen pasó su primera noche sin casa ingresada en el Hospital Gregorio Marañón, con agotamiento severo, ansiedad y estrés relacionados con lo vivido.

            Pero no quiero detenerme en lo que ya hemos visto y escuchado. Quiero hacerlo desde mi condición de enfermera, porque hay algo que, además de preocuparme, me interpela profesional y éticamente.

            Maricarmen llevaba más de setenta años viviendo en el mismo lugar. Cabe pensar, por tanto, que tenía un centro de salud y una enfermera de referencia. Desconozco si esa enfermera se puso en contacto con ella, si conocía su situación, si acudió a su domicilio, si identificó sus necesidades o si estableció algún plan de cuidados. Que no haya trascendido públicamente no significa que no sucediera. Pero precisamente esa incertidumbre plantea una pregunta que trasciende este caso: ¿qué papel corresponde a una enfermera comunitaria cuando una persona de su comunidad afronta una situación capaz de comprometer gravemente su salud, su seguridad, su autonomía y su proyecto vital?

            Porque perder la vivienda no es exclusivamente un problema inmobiliario, económico, judicial o social. Es un problema de salud. Y esperar a que sus consecuencias se conviertan en ansiedad, insomnio, descompensación, deterioro funcional, sufrimiento o enfermedad para intervenir significa llegar tarde.

            Ahí radica precisamente una de las diferencias entre atender la enfermedad y cuidar a las personas.

            Maricarmen estaba acompañada por familiares, vecinos y organizaciones sociales. Magnífico. Pero esa solidaridad no sustituye la responsabilidad profesional. El cuidado social, familiar o comunitario complementa la atención profesional; no la hace innecesaria.

            Y aquí es donde debemos hacer autocrítica.

            Resulta relativamente sencillo denunciar la responsabilidad política, la especulación inmobiliaria, la insuficiencia de las políticas de vivienda o las decisiones institucionales. Mucho más incómodo resulta preguntarnos qué hicimos nosotros cuando una persona de nuestra comunidad atravesaba una situación semejante.

            Las enfermeras no podemos reclamar reconocimiento de nuestra aportación comunitaria y, al mismo tiempo, permanecer ausentes de los lugares donde los determinantes sociales y morales están deteriorando la vida de las personas.

            No basta con hablar de determinantes sociales de la salud en congresos, programas docentes, estrategias institucionales o diagnósticos comunitarios. Hay que reconocerlos cuando tienen nombre, domicilio y consecuencias concretas. Un desahucio es un determinante de salud en acción, que activa, además, determinantes morales en base a los que actuar.

            Escuchar. Valorar. Acompañar. Anticipar riesgos. Coordinarse con trabajo social y otros profesionales. Movilizar recursos comunitarios. Facilitar conexiones institucionales. Realizar seguimiento. Estar presente. No para sustituir a la familia, al vecindario, a los movimientos sociales o a los servicios públicos responsables de garantizar una vivienda digna, sino para aportar los cuidados profesionales que corresponden a nuestra competencia ante una situación que amenaza la salud y el bienestar de una persona.

            La Atención Primaria y Comunitaria pierde buena parte de su sentido cuando espera sentada a que los problemas atraviesen la puerta del centro de salud o suene el teléfono para demandar asistencia.

            Por eso me cuesta aceptar como explicación la falta de tiempo, las agendas saturadas, las listas de espera o la ausencia de demanda. Son problemas reales que condicionan enormemente nuestro trabajo y que deben denunciarse y corregirse. Pero convertirlos sistemáticamente en explicación de nuestra ausencia puede terminar transformándolos en coartadas. Porque precisamente las personas que más necesitan cuidados son, muchas veces, quienes menos capacidad tienen para demandarlos.

            Tomar la iniciativa también es cuidar. La atención integral, integrada e integradora de la que tanto hablamos exige escuchar aquello que no llega convertido en motivo de consulta. Exige comprender que detrás de una amenaza de desahucio puede haber miedo, sufrimiento, pérdida de seguridad, ruptura de vínculos, deterioro de la autonomía y una profunda sensación de desprotección. Y exige actuar antes de que todo ello termine convertido en un diagnóstico.

            Maricarmen conocerá probablemente los nombres y los rostros de muchas de las personas que estuvieron junto a ella. Quienes acudieron a su portal, quienes intentaron evitar su desahucio, quienes la acompañaron y quienes le hicieron sentir que no estaba sola.

No sé si conoce el nombre de su enfermera. Y tampoco sé si su enfermera conoce realmente a Maricarmen. Pero quizá esas dos preguntas sean mucho más importantes de lo que parecen.

            Porque no estamos hablando únicamente de una mujer de 87 años desahuciada de la vivienda en la que había transcurrido prácticamente toda su vida. Estamos hablando de qué entendemos por cuidar, qué significa ser enfermera comunitaria y hasta dónde estamos dispuestas a mirar cuando aquello que amenaza la salud sucede fuera de nuestra consulta.

            La respuesta que demos determinará también nuestra visibilidad social. Porque la invisibilidad de la Enfermería no siempre nos viene impuesta. A veces la construimos nosotras mismas cuando no estamos donde el cuidado nos necesita.

            Maricarmen fue desahuciada de su vivienda en cumplimiento de una legalidad, que evidencia hasta qué punto puede resultar profundamente injusta. Pero si Maricarmen fue también desahuciada de los cuidados que precisaba, la explicación ya no responde a ninguna ley. En ese caso estamos ante una irresponsabilidad profesional. Y ese es un desahucio para el que no existe justificación posible.