El escándalo de las listas de espera del Hospital Ramón y Cajal debería preocuparnos mucho más allá de Madrid. Convertirlo en una nueva batalla partidista permitiría eludir la cuestión que debemos preguntarnos ¿qué sucede cuando un sistema concebido para cuidar empieza a gestionar indicadores como si fueran fines y no instrumentos? Es decir, cuando importa más el dato que la salud, el resultado que las personas, la productividad que la calidad y el rendimiento contable que la confianza social.

            Las listas de espera nacieron para conocer demoras, ordenar prioridades y mejorar la gestión. Pero cuando su evolución condiciona objetivos, incentivos, reputación institucional o rédito político, el indicador deja de revelar el problema y comienza a ocultarlo.

            No es una cuestión menor ni exclusivamente técnica. La salud constituye un espacio extraordinariamente sensible a la utilización política. Pero añade componentes especialmente poderosos como miedo, sufrimiento, dependencia, incertidumbre y vida. Alrededor de ella confluyen, además, intereses empresariales, corporativos y financieros capaces de convertir necesidades humanas en oportunidades de negocio. La expansión de externalizaciones y provisión privada hace todavía más imprescindible conocer qué se decide, por qué, con qué resultados y quién se beneficia.

            En el Ramón y Cajal importa el qué, pero también el cómo. La reacción institucional ante la denuncia desplazó parte del foco hacia el profesional denunciante. Cuando ante una denuncia se tata de “matar” al mensajero, se transmite el mensaje demoledor de que hablar puede tener consecuencias.

            El Ministerio de Sanidad ha requerido a la Comunidad de Madrid que anule compromisos de confidencialidad y deber de secreto distribuidos en algunos hospitales públicos madrileños, al considerar que determinadas cláusulas podrían exceder las obligaciones legales de confidencialidad y dificultar la denuncia de irregularidades. Y, aunque algunos de esos documentos fueron elaborados antes de que estallara el caso del Ramón y Cajal, no elimina el problema, porque una confidencialidad formulada de manera tan amplia puede generar miedo a comunicar irregularidades dejando de proteger información sensible y corriendo el riesgo de convertirse en una mordaza.

            La confidencialidad protege a las personas y su información. El secreto institucional no puede proteger a la organización frente a la transparencia. Confundir ambos conceptos sería aproximarnos peligrosamente a una cultura de silencio, una especie de omertà administrativa incompatible con un sistema público que debería favorecer que sus profesionales alertasen de aquello que compromete la legalidad, la calidad o la seguridad.

            Y aquí aparece la cuestión estructural. ¿Quién controla a quienes gestionan y prestan la atención? Sanidad concentra el mayor gasto público y afecta directamente a la salud de las personas por lo que no puede mantener su fiscalización fundamentalmente dentro de las mismas estructuras políticas, administrativas y profesionales que deben ser evaluadas. Esto afecta tanto a la gestión de recursos y resultados como a la atención prestada. Los propios Servicios de Atención al Paciente, integrados en las organizaciones sobre las que reciben reclamaciones, evidencian una endogamia que favorece respuestas corporativas y proteccionistas en detrimento de la independencia, la claridad y la transparencia.

            No es solo una cuestión ética. Afecta a la eficacia, cuando los problemas detectados no modifican realmente la atención; a la eficiencia, cuando información incompleta o sesgada condiciona decisiones y recursos; a la calidad, cuando la evaluación procede fundamentalmente de quien presta y organiza la propia atención; y a la confianza social, cuando las personas perciben que reclamar significa dirigirse a la misma estructura sobre la que reclaman. Necesitamos controles independientes, trazabilidad, criterios homogéneos y participación profesional y ciudadana con capacidad real de fiscalización.

            La paradoja resulta evidente. Hemos aceptado externalizar servicios, pruebas, tecnologías, intervenciones e infraestructuras invocando eficiencia, mientras preservamos internamente buena parte del control de la gestión y de la atención. Se externaliza aquello que puede convertirse en actividad o negocio, pero cuesta extraordinariamente independizar aquello que podría fiscalizarlo. Externalizamos la atención cuando interesa, pero protegemos la endogamia cuando se trata de evaluarla. Y precisamente el control es aquello que más independencia necesita.

            Lo sucedido en Madrid no es un problema nuevo ni exclusivamente madrileño, sino que hace visible uno que, con diferentes formas e intensidades, afecta al conjunto de los servicios de salud españoles. Además, no hablamos de datos políticamente neutros, capaces de fortalecer o deteriorar la credibilidad de una gestión y, por tanto, de tener impacto electoral. Precisamente por ello, cuando los datos contradicen el relato que se pretende trasladar a la ciudadanía, surge la tentación de interpretarlos, seleccionarlos, maquillarlos o manipularlos para que la realidad resulte más conveniente.

            Lo sucedido no requiere maquillaje ni una comisión destinada a esperar que pase el escándalo. Reclama una transformación del modelo de gobernanza y control.

            Cuando una organización teme más el mal dato que el problema que ese dato revela, termina gestionando apariencias. Y si teme a quien lo denuncia, el problema está en el sistema que prefiere el silencio a saber la verdad.

            Pero, el problema para unos y la suerte para otros, es que siempre hay algún otro escándalo que supera en actualidad o gravedad al anterior. Lo que, en ningún caso, lo hace desaparecer. Una forma como otra cualquiera de perpetuar los problemas.