
La proliferación de discursos que establecen quién merece pertenecer a una nación, quién puede disfrutar plenamente de sus derechos o quién debe ser considerado una amenaza está dejando de encontrar el rechazo social que cabría esperar. Por el contrario, estos mensajes penetran en sectores de la ciudadanía y contribuyen a normalizar una concepción excluyente de la patria, convertida en patrimonio de quienes pretenden apropiarse de ella.
El concepto de patria, debería representar un espacio compartido de convivencia, diversidad y pertenencia, y no secuestrado, como intentan algunos, para imponer una identidad nacional única, restrictiva y excluyente. Una patria en la que determinadas lenguas, culturas, tradiciones e deas son rechazadas o despreciadas por no ajustarse a un supuesto patrón de normalidad nacional. Una concepción que, bajo el pretexto de defender lo propio, convierte la diversidad en amenaza y va incorporando criterios de exclusión a las dinámicas sociales, políticas, económicas e ideológicas. Los símbolos que deberían unir se utilizan para dividir, las diferencias se transforman en motivos de enfrentamiento y la libertad acaba siendo reivindicada únicamente para quienes aceptan esa particular manera de entender la patria. Una patria que deja de ser de todos cuando algunos se arrogan el derecho a decidir quién merece pertenecer a ella.
El problema adquiere una dimensión especialmente inquietante cuando tales planteamientos encuentran reflejo en instituciones cuya razón de ser consiste precisamente en garantizar los derechos de toda la ciudadanía, sin distinciones ni privilegios.
Las denuncias de Amnistía Internacional sobre presuntas agresiones, humillaciones y tratos vejatorios y degradantes cometidos por militares contra personas migrantes en Ceuta constituyen una señal de alarma imposible de ignorar. Personas que viven situaciones de extrema desprotección y cuya dignidad no puede depender de su nacionalidad, situación administrativa o procedencia. La gravedad de los testimonios exige investigaciones rigurosas, depuración de responsabilidades cuando corresponda y garantías efectivas de protección. Pero exige, igualmente, una transparencia institucional inequívoca que permita a la sociedad conocer lo sucedido, las actuaciones emprendidas y sus resultados, con las debidas garantías legales. Porque el silencio, la opacidad o la pretensión de proteger el prestigio institucional ocultando posibles abusos no solo resultan inadmisibles, sino que alimentan la desconfianza y comprometen la credibilidad de quienes tienen la obligación de protegernos.
No resulta menos preocupante lo sucedido en la Universidad Complutense de Madrid, donde las cargas policiales contra manifestantes durante las movilizaciones en defensa de la educación pública han provocado heridas, detenciones y una investigación sobre la actuación policial. Un episodio que obliga a reflexionar sobre la proporcionalidad en el uso de la fuerza y los límites que nunca deberían traspasarse al garantizar el orden público.
No se trata de equiparar situaciones diferentes ni atribuir comportamientos individuales al conjunto de las Fuerzas Armadas o de los cuerpos policiales. Sería tan injusto como irresponsable. Pero tampoco es aceptable reducir estos acontecimientos a simples anomalías sin preguntarnos qué condiciones permiten que se produzcan y cómo responden las instituciones responsables.
Tan peligroso resulta el ejercicio desproporcionado de la autoridad como su utilización selectiva o su pasividad ante determinadas vulneraciones. La seguridad no puede depender de quién protesta, quién reclama protección o quién resulta incómodo para quienes ejercen el poder.
Existe una diferencia fundamental entre defender la legalidad y utilizarla como coartada para imponer autoridad. La primera exige proporcionalidad, garantías y respeto. La segunda puede acabar convirtiendo la fuerza en argumento y la obediencia en sustituto de los derechos.
La ciudadanía tiene derecho a manifestarse, discrepar y reclamar sin temor, pero también la obligación de respetar los límites establecidos por la ley. Del mismo modo, quienes tienen encomendada su protección deben actuar dentro de esos límites, con independencia de sus convicciones personales o de las presiones políticas que puedan recibir. Porque su responsabilidad no consiste en defender una determinada concepción de patria, libertad o identidad nacional, ni mucho menos en imponerla, sino en proteger la patria compartida y garantizar las libertades y los derechos de todas las personas, sin distinciones, exclusiones ni privilegios. Su lealtad debe estar siempre vinculada a los principios constitucionales y democráticos, nunca a interpretaciones ideológicas que pretendan apropiarse de ellos.
Resulta especialmente preocupante también que determinados discursos políticos presenten la defensa de los derechos humanos como una concesión ideológica o interpreten cualquier exigencia de responsabilidades como un ataque a las instituciones.
El mayor riesgo no reside exclusivamente en los hechos denunciados, por graves que sean, sino en su posible normalización.
Ninguna patria se fortalece excluyendo. Ninguna democracia se consolida tolerando abusos. Ninguna institución gana autoridad confundiendo firmeza con impunidad.
La verdadera fortaleza del Estado no se demuestra mediante su capacidad para imponer miedo, sino garantizando que nadie tenga que sentirlo ante quienes están obligados a protegerle.
Cuando la seguridad deja de ser un derecho compartido para convertirse en un privilegio condicionado, no solo se resiente la confianza en las instituciones. Sino en la propia democracia.
Magnífico análisis, compartí lentamente sus conclusiones