En cualquier instituto existen grupos bien definidos, pequeñas pandillas que se organizan alrededor de afinidades, miedos compartidos y líderes informales. En una de ellas destaca Alberto, un chico cuya autoridad no es tanto, producto de sus cualidades, como de su relación con Isabel, la compañera más temida del centro, capaz de generar adhesiones acríticas o rechazos viscerales con idéntica facilidad. Su ascendiente se sostiene más en la intimidación que en el respeto, más en la presión social que en la ejemplaridad.

Durante un recreo, Álvaro, profesor del instituto, sorprende a Alberto abriendo mochilas de compañeros. No hay margen para interpretaciones, se trata de un robo. La primera reacción del chico es quedarse paralizado. Más tarde, tras reflexionar y comentarlo con un amigo, reconoce lo ocurrido ante el profesor, promete devolver lo sustraído y pide que el asunto no vaya más allá. Álvaro escucha, pero sabe que debe comunicar los hechos por su gravedad y por el respeto que merece la convivencia del centro.

Esa misma tarde Alberto se lo cuenta a Isabel, que toma el control inmediato. Recurre a Miguel Ángel, miembro de la pandilla conocido por su habilidad para difundir rumores y tergiversar realidades. En pocas horas comienzan a circular mensajes asegurando que la acusación es falsa, que no existió ningún reconocimiento y que todo responde a una maniobra del profesor, movido por una supuesta animadversión personal hacia la pareja. La estrategia es clara, negar los hechos, desviar el foco y convertir al denunciante en acusado. Isabel completa la operación atacando públicamente a cualquiera que ponga en duda la nueva versión.

Ante la campaña de descrédito, Álvaro informa a la Dirección de la maniobra en curso y la noticia se extiendo por todo el centro. Los padres de Isabel y Miguel Ángel -Alberto y Santiago, familias influyentes, presentan quejas formales acusando al profesor de persecución y exigiendo medidas ejemplarizantes. Como consecuencia, se abre un expediente disciplinario contra Álvaro por supuesta mala praxis y propagación de bulos.

La comisión investigadora constata pronto la debilidad de las acusaciones y la inexistencia de pruebas contra el docente, así como la evidente operación de distracción para ocultar el robo. Pese a ello, la resolución final no se apoya en la verdad constatada. Álvaro es suspendido de empleo y sueldo durante dos meses y obligado a pedir disculpas públicas a Alberto e Isabel.

La reacción inicial del alumnado y de buena parte del claustro es de sorpresa e indignación. Sin embargo, el desconcierto da paso rápidamente al silencio. Nadie quiere complicarse la vida. El paso del tiempo normaliza lo ocurrido: se deja de hablar del robo y también del castigo injusto. El liderazgo de Isabel se afianza, Miguel Ángel consolida su papel como difusor de mentiras y Alberto conserva su estatus sin consecuencias. Álvaro, por su parte, es obligado a abandonar su trabajo. No siempre gana quien actúa correctamente, sino quien sabe manipular el relato y cuenta con suficientes apoyos.

Este instituto funciona así porque reproduce, casi sin quererlo, lo que sucede cada día en el escenario político. La política se ha convertido en el principal espejo social. Si desde ella se miente sin consecuencias, se descalifica sin rubor, se tergiversa la realidad sin penalización y se insulta como forma de liderazgo, la sociedad acaba asumiendo que ese es el comportamiento legítimo o cuanto menos asumible. Cuando quienes gobiernan salen indemnes de todo tipo de abusos, y algunos incluso enriquecidos tras episodios de corrupción, el mensaje es devastador: la impunidad no solo es posible, es rentable.

Si el abuso de poder se tolera, si la injusticia se normaliza, si los derechos se subordinan al interés partidista, si la popularidad política se mide en zafiedad, populismo, negacionismo o alarmismo, ¿por qué no replicar todo ello en cualquier otro ámbito social? ¿Por qué no convertir la mentira en herramienta cotidiana, la intimidación en estrategia y el descrédito del otro en manera de ascender?

El instituto retrata el resultado final de ese aprendizaje colectivo. No es un centro conflictivo por azar. Es producto de un clima moral extendido, el de una sociedad donde la ética se percibe como desventaja, la verdad como molestia y la responsabilidad como carga innecesaria.

El verdadero problema no es que existan personas como Isabel, Alberto o Miguel Ángel, sino que su modelo de conducta esté avalado por el comportamiento público de quienes deberían ofrecer referentes éticos distintos. Cuando la política deja de ser ejemplo y se convierte en coartada para la deshonestidad, el contagio es inevitable.

Como en este instituto, donde se castiga al docente que actúa éticamente y se protege a quienes amparan la mentira, la comunidad interioriza una enseñanza profundamente dañina. Es más rentable mirar hacia otro lado que hacer lo correcto. Y cuando una sociedad aprende esa lección, el deterioro democrático es un presente que se consolida cada día.

Ahora que la libertad se ha convertido en una palabra manoseada, maltratada, utilizada como escudo y como arma, reducida a consigna electoral y convertida en mercancía de temporada, conviene detenerse un momento y mirar hacia otro lugar. No hacia los parlamentos donde se grita su nombre sin comprenderlo, ni hacia las redes donde se usa como etiqueta vacía, sino hacia espacios donde quizá aún conserva su sentido más profundo. Y es curioso, pero tal vez sean las plantas y los animales —los mismos a los que tantas veces subestimamos— quienes conservan la forma más pura de lo que significa vivir en libertad.

Las plantas, con sus diferencias según el entorno, se desarrollan sin pedir permiso, sin exhibicionismos, sin necesidad de justificar su existencia. Habitan donde pueden y donde les permite el clima, la tierra, el agua. Conviven con múltiples especies en equilibrios silenciosos, casi siempre invisibles al ojo humano. No solo crecen, se adaptan. No solo resisten, se alían. Forman redes subterráneas, comparten nutrientes, advierten amenazas, entran en simbiosis para protegerse mutuamente. La libertad vegetal es modesta, nunca se impone, pero es radicalmente auténtica. No necesita proclamas para existir.

Hasta que llegamos nosotros. Con podas indiscriminadas, talas selectivas, jardines perfectamente simétricos que confunden orden con armonía. Convertimos la naturaleza en decorado; el crecimiento espontáneo, en amenaza; la diversidad, en molestia. Recortamos ramas como quien recorta derechos; guiamos el tronco como quien pretende dirigir el pensamiento ajeno; decidimos el espacio como quien reduce las posibilidades de decisión de una sociedad. Todo ello en nombre de su “protección”, como si las plantas hubieran esperado milenios para ser salvadas por nuestra tijera.

Los animales tampoco escapan a esa mirada domesticadora. En la naturaleza conviven en un equilibrio crudo, pero honesto. Depredadores y presas, cooperación y competencia, adaptación y huida. A veces hay agresiones, sí, pero no son fruto del odio ni del interés por someter, sino de la supervivencia. Y en ese orden, con sus tensiones, hay libertad: cada especie ocupando su lugar, sin más jerarquías que las impuestas por la propia vida.

Hasta que volvemos a aparecer los humanos confundiendo cuidar con manipular. Inventamos zoológicos y santuarios artificiales donde se simula un hábitat que nunca puede reemplazar el verdadero. Les damos comida, sombra, una piscina, una roca; y nos convencemos de que eso es libertad porque no vemos barrotes. Pero los barrotes no siempre son de hierro, a veces son de límites invisibles, de horarios, de espacios cerrados que se disfrazan de hogares. Es una libertad vigilada, administrada, reducida.

Y, sin darnos cuenta, en eso exactamente estamos convirtiendo nuestra sociedad. En un gran invernadero social, donde se nos quiere hacer creer que vivimos en plena libertad cuando lo que sentimos, en el fondo, es que empezamos a respirar un aire cada vez más filtrado, más controlado, más condicionado. El suelo que pisamos no es tierra fértil: es una mezcla de intereses políticos, luchas de poder, estrategias partidistas y mercados voraces que deciden qué pensamos, qué consumimos, qué tememos y hasta qué deseamos.

La libertad, ese concepto que tanto se enarbola, se ha convertido en un ecosistema limitado, un espacio delimitado, con luz artificial, con temperaturas reguladas, con corrientes de opinión que simulan espontaneidad, pero están milimétricamente diseñadas. Es una libertad de escaparate, como la de los animales de zoológico que miran hacia afuera mientras la gente cree que son felices porque tienen agua limpia y un tronco donde subirse.

El riesgo mayor no es que nos recorten libertades. El riesgo es que nos acostumbremos a esa libertad de maqueta, a esa libertad diminuta que parece suficiente porque ha sido cuidadosamente manipulada para presentarse como lo que no es. Cuando nos demos cuenta, nos habrán convertido en bonsáis, recortados, guiados, comprimidos, convencidos de que la geometría perfecta que nos imponen es una forma superior de belleza. Que la quietud es equilibrio. Que la falta de espacio es protección. Que la obediencia es virtud.

Y lo más inquietante es que ese dolor que acaba provocando esa supuesta libertad—el dolor de no poder crecer como querríamos, de no poder inclinarnos hacia la luz que necesitamos, de no poder echar raíces más profundas— lo estamos calmando con una mezcla de distracciones, algoritmos, pantallas y fármacos. Una “farmatecnología” que adormece el malestar en lugar de preguntarse por sus causas. Una forma de anestesia social que no cura, pero sí silencia.

Quizá sea el momento de recordar que la libertad no es un regalo ni un eslogan, sino un ecosistema vivo. Que necesita espacio, aire, diversidad, roce, conflicto, alianza. Que exige escuchar más a las plantas que dejamos de observar y a los animales que encerramos en recintos de mentira. Porque ellos aún saben algo que nosotros parecemos haber olvidado, que no hay libertad más plena que la que crece sin permiso y se sostiene sin vigilancia.

El talento parece estar devaluado. O, mejor dicho, se devalúa, se critica, se ataca y se manipula por parte de quienes, precisamente, carecen de él y temen a quienes lo tienen. Esto no es una suposición, una apreciación o una interpretación exagerada; es un hecho real que, además, se verbaliza, se transmite y hasta se vocifera con absoluta desvergüenza e impunidad. Quienes no soportan el talento ajeno lo combaten porque su sola existencia los deja en evidencia. Y lo hacen con la naturalidad de quien siente que nada ni nadie les pedirá responsabilidad por ello.

El mecanismo es tan viejo como la soberbia humana. Cuando uno no puede alcanzar la altura del otro, intenta rebajarlo. Para ello sirve cualquier cosa. Lo vemos a diario en quienes atacan a periodistas que ejercen su profesión con dignidad, valentía y rigor: profesionales que analizan, contrastan y explican lo que ocurre para que la ciudadanía pueda comprender el mundo en el que vive. Frente a ellos se alzan voces que no buscan debatir, sino intimidar; no quieren refutar argumentos, sino destruir reputaciones.

El talento también es atacado desde quienes militan en el negacionismo. Se ridiculizan las evidencias científicas, se cuestionan datos contrastados, se niega el cambio climático, se banalizan los problemas de salud pública y se desprecia la investigación. No importa que las pruebas sean abrumadoras; basta con que contradigan sus creencias para que las descalifiquen. El talento científico, que debería ser un patrimonio común, se convierte entonces en objetivo de campañas de desprestigio, de manipulaciones deliberadas y de insultos que pretenden silenciarlo.

Sucede lo mismo con quienes, desde su honestidad intelectual, dicen la verdad, aunque moleste. En una sociedad saturada de bulos, mensajes calculados y relatos interesados, la verdad tiene un poder subversivo. No porque sea incómoda —que lo es—, sino porque destruye la arquitectura narrativa de quienes viven de la mentira, del miedo o del odio. Por eso atacan con tanta furia a quienes la sostienen, porque ponen en peligro sus estrategias de manipulación. Decir la verdad se ha convertido, paradójicamente, en un riesgo personal y profesional. Y eso dice más de quienes la atacan que de quienes la defienden.

El patrón se repite, quienes carecen de talento —pero no de ambición— perciben como enemigo a cualquiera que no se alinee con su pensamiento único. Políticos, tertulianos, pseudoperiodistas, charlatanes que se presentan como científicos, influencers de medio pelo que confunden visibilidad con solvencia, opinan de todo sin rigor y desprecian a quienes dedican su vida a comprender. A esta dinámica se suman también algunos medios de comunicación que han renunciado a su función social para convertirse en plataformas de desinformación, ruido y espectáculo. Desde sus tribunas desacreditan el talento, trivializan el rigor y premian la mediocridad, demostrando que aquello que combaten no es el exceso de excelencia, sino la propia ausencia de ella. Porque informar con profesionalidad se ha convertido en un acto de resistencia en tiempos donde la mentira tiene megáfono y la verdad apenas se oye. Para ellos, el talento es una amenaza doble, cuestiona su discurso y, al mismo tiempo, evidencia su propia mediocridad. Por eso lo combaten con tanta agresividad y, sobre todo, con tanta impunidad.

Pero el ataque al talento no solo surge del miedo; surge también del deseo de conservar privilegios. Un científico brillante, un periodista riguroso, un docente comprometido, un profesional de la salud que transforma… todos representan un modelo que desmonta la lógica de quienes sostienen su influencia en el grito, la mentira o el espectáculo. El talento, simplemente, los deja sin argumentos. Y en lugar de aprender, se dedican a destruir. Resulta más cómodo desacreditar a quien destaca que asumir la propia incapacidad.

Por eso es imprescindible cuidar y preservar el talento informativo, científico, educativo, social, de salud. Porque sin él, la sociedad queda secuestrada por discursos vacíos, por opiniones disfrazadas de hechos, por manipulaciones que se repiten hasta que parezcan verdad. Sin talento, la salud pública queda expuesta a la desinformación; la ciencia se convierte en territorio de ocurrencias; la educación se empobrece; la cultura se banaliza; la democracia se deteriora; y la política se degrada hasta convertirse en un escenario de consignas, populismo y marketing emocional donde la mediocridad deja de ser un problema para transformarse en norma.

El talento es un bien común, un motor social, una herramienta para comprender, mejorar y transformar nuestra realidad. Un país que desprecia a sus mejores profesionales, ridiculiza el conocimiento, castiga la excelencia y normaliza la ignorancia está renunciando, sin darse cuenta, a su propio futuro. Cuando el talento se criminaliza o se silencia, lo que queda es una mediocridad ruidosa, autoritaria y profundamente dañina.

Defender el talento es defender la libertad, el pensamiento crítico, el derecho a información veraz, a ciencia sólida, la educación de calidad y a una sociedad que no se conforme con lo peor de sí misma. Es, en definitiva, defender la dignidad colectiva.

Porque es desde el talento —desde su capacidad clarificadora, de cuestionar, de crear y de cuidar— desde donde se puede acabar con quienes ni lo poseen ni lo valoran. Y también desde donde se construyen sociedades más justas, más libres y más humanas. Una sociedad que protege su talento es una sociedad que se respeta. Y ahora mismo, más que nunca, necesitamos recuperar ese respeto.

Hay días que dicen mucho más de lo que parecen. El 26 de noviembre, Día Internacional de la Enfermería Comunitaria, es uno de ellos. No es una fecha más en el calendario, ni un aniversario corporativo. Es una oportunidad para mirar de frente algo fundamental: el papel esencial que desempeñan las enfermeras comunitarias en la salud y el bienestar de la ciudadanía, en la vida cotidiana y en los momentos más difíciles.

La COVID lo dejó claro. Y la DANA en la Comunitat Valenciana y otros desastres a nivel nacional e internacional, también. En cualquiera de los casos, mientras el foco mediático apuntaba a hospitales y emergencias, miles de personas descubrieron que la salud también se sostenía en sus barrios, en sus casas, en sus centros de salud, en las residencias, en las escuelas, en las asociaciones. Allí estaban ellas, las enfermeras comunitarias, recordándonos que cuidar es, muchas veces, la primera línea de protección.

Porque la Enfermería Comunitaria es justamente eso, una forma de ejercer la profesión enfermera que se desarrolla donde ocurre la vida, no donde se decide administrativamente. Son profesionales que conocen el territorio, que entienden sus dinámicas, que trabajan con los equipos de atención primaria, con los servicios sociales, con los centros educativos, con los ayuntamientos y con el tejido asociativo. No llegan cuando aparece un problema, están siempre. Antes del desbordamiento, antes de la crisis, antes del deterioro. Trabajan en esa zona fundamental donde los problemas se previenen y las soluciones se construyen de manera compartida.

La salud no es un acto puntual. La salud se configura cada día en las casas, en las calles, en las rutinas, en las relaciones. Se construye con hábitos, con decisiones, con información fiable, con apoyos, con espacios seguros, con vínculos que acompañan. Se fortalece con trabajo en equipo y con una mirada amplia que entiende que educar, convivir, trabajar, descansar y participar son factores que influyen terapéuticamente. Por eso, cuando una enfermera comunitaria entra en un domicilio, no se limita a “ver a un paciente”, se comunica con una persona, con su familia y su entorno y entiende una vida. Cuando trabaja con un colegio, no solo habla de salud, crea un espacio saludable. Cuando acompaña a una familia, no supervisa, consensua y articula. Y cuando se implica en un proyecto de barrio, no solo interviene, sino que hace partícipe a la comunidad.

Es importante que la ciudadanía comprenda que esta labor no consiste en suplir a nadie ni en “hacer tareas menores”, como a veces se ha dicho desde una mirada limitada y antigua. Su contribución es altamente cualificada. Evalúan necesidades, analizan entornos, orientan decisiones, detectan riesgos, activan capacidades, movilizan recursos y conectan sectores que habitualmente trabajan por separado. Saben mirar a la vez a la persona, a la familia y a la comunidad, porque la salud nunca es un fenómeno individual aislado.

Ese es el verdadero valor del cuidado profesional: conectar salud, bienestar y calidad de vida. Conectar lo sanitario con lo social, lo personal con lo colectivo. Conectar a quienes necesitan apoyo con quienes pueden ofrecerlo. Conectar instituciones con territorio. Conectar crisis con respuestas. Y hacerlo con una mirada profundamente humana pero también rigurosa, basada en conocimiento, experiencia y criterio.

La Enfermería Comunitaria no es un recurso más del sistema sanitario: es la base que sostiene su dimensión más cercana y más humana. Es la pieza que permite que la atención primaria y comunitaria tenga sentido, que los equipos funcionen, que las políticas de salud lleguen a quien deben llegar, que las dificultades no se conviertan en ausencias irremediables. Es también la dimensión profesional que mejor conecta salud y comunidad, que permite que la prevención sea real y que la promoción de la salud deje de ser un titular y se convierta en práctica.

Por eso este día importa. No para celebrar heroísmos, sino para reconocer realidades. Para recordar que la salud se construye en la vida diaria y que contar con enfermeras comunitarias es contar con profesionales que nos acompañan a todos, incluso cuando no somos conscientes. Para asumir que la salud no se defiende solo en los hospitales, sino también en los barrios, en las escuelas, en las familias y en cada red que sostiene la convivencia.

Cuidar donde la vida sucede no es un lema, es un compromiso con la ciudadanía. Un compromiso que miles de enfermeras comunitarias cumplen cada día con rigor, con cercanía y con responsabilidad. Un compromiso que merece ser entendido, reconocido y protegido. Porque cuando la vida se complica, saber que hay alguien que conoce nuestro entorno, que entiende nuestra realidad y que está ahí para acompañarnos marca una diferencia profunda.

El 26 de noviembre no es tan solo un gesto simbólico. Es una oportunidad para identificar la salud con una mirada más amplia y más real. Y para recordar que, sin cuidados, nada funciona y con cuidados, casi todo es posible.

En política, los gestos nunca son inocentes. Tampoco las decisiones administrativas que, bajo una apariencia técnica, esconden un profundo desprecio hacia aquello que consideran prescindible. Eso es precisamente lo que acaba de hacer la Administración Trump al decidir que profesiones como la enfermería, la fisioterapia o la práctica avanzada en salud no forman parte de los “programas profesionales” reconocidos por el Departamento de Educación de los Estados Unidos. Mientras tanto, sí quedan incluidos medicina, farmacia, odontología, optometría, derecho, teología o quiropráctica, como si el prestigio profesional se determinara por criterios tan arbitrarios como ideológicos o religiosos.

La medida no es un error, ni un malentendido, ni una simple torpeza burocrática. Es una declaración de intenciones. Es la expresión más nítida de un paradigma que solo valora aquello que genera negocio, que produce mercado, que engrasa la maquinaria de la industria médica y farmacéutica, y que desprecia todo lo que tenga que ver con el cuidado, el acompañamiento, la humanización y el bienestar. Para Trump —y para quienes sostienen su mirada mercantilista— cuidar no da dinero, curar sí. Y ese es el gran pecado original de las enfermeras, no haber convertido el cuidado en un producto transaccional.

En su cosmovisión, profundamente deshumanizada, lo que no produce beneficios es irrelevante. Lo que no multiplica ganancias no merece protección institucional. Así, la exclusión de la enfermería —precisamente en un país que sufre una crisis histórica de falta de profesionales y deterioro sanitario— revela una lógica siniestra, si no sirve al negocio, no sirve al sistema. Y ese sistema, cada vez más, es un sistema donde el mercado se ha comido a la política, donde el dinero dicta prioridades y donde la vida de millones de personas queda subordinada a los balances de las aseguradoras.

Esta decisión no solo invisibiliza a las enfermeras, las relega a un espacio de subsidiariedad, de irrelevancia institucional, devolviéndolas a estereotipos que creíamos superados. Pero, sobre todo, despoja a la ciudadanía estadounidense de uno de los pilares esenciales de su salud, los cuidados profesionales. Porque sin cuidados no hay salud, por mucho que se multipliquen los tratamientos, los fármacos o las tecnologías.

Resulta irónico —y trágico— que este ataque provenga de un presidente cuya vida, en no mucho tiempo, dependerá probablemente de aquello mismo que ahora relega, la competencia y humanidad de enfermeras que, pese a decisiones políticas como esta, seguirán sosteniendo la vida de millones de personas. Trump desprecia lo que no entiende, pero sobre todo desprecia lo que no controla o no le aporta beneficios económicos. Porque los cuidados no se controlan ni se someten, se ejercen desde la ética, la ciencia y la humanidad.

Pero el análisis tendría un importante sesgo si se carga toda la responsabilidad en un solo individuo. Parte del problema se ha gestado dentro de la propia profesión enfermera estadounidense, que durante años ha oscilado entre la fascinación por el paradigma médico y la renuncia a reforzar su propia identidad disciplinar. Al priorizar modelos clínicos subordinados a la medicina, algunas enfermeras han contribuido —posiblemente sin quererlo— a diluir el valor singular del cuidado y a reforzar la idea de que su aportación principal es técnica, instrumental, dependiente. Cuando una profesión deja de defender su identidad, otros llenan el vacío. Y Trump lo ha llenado con ideología mercantilista, desprecio y autoritarismo institucional.

Ahora bien, cometeríamos un error gravísimo si pensáramos que todo esto es un problema lejano, propio de la realidad norteamericana y ajeno a la nuestra. Verlo como un fenómeno distante es, en sí mismo, una forma de ingenuidad política. El efecto mariposa en materia de políticas sanitarias es muy real. Lo que comienza como una decisión aparentemente local puede convertirse en tendencia internacional, replicarse, amplificarse y normalizarse. Y ya sabemos que, cuando se trata de mercantilizar la vida y degradar los cuidados, no faltan voluntarios dispuestos a aplaudir sin pensar, a actuar como palmeros entusiastas mientras preparan la importación del modelo.

Quienes hoy celebran a Trump o admiran su supuesta “firmeza” pueden ser, mañana, quienes intenten reproducir decisiones similares en nuestros países. No es una posibilidad remota; es una probabilidad alta en un contexto donde crecen el autoritarismo, el negacionismo, el desprecio por lo público y la tentación de convertir la salud en un negocio más. Por eso es imprescindible tomar buena nota de lo que está ocurriendo. Porque lo que ahora se ensaya allí puede convertirse, si no reaccionamos, en un ataque directo a nuestras enfermeras, a nuestros sistemas públicos y, sobre todo, a la esencia de los cuidados profesionales.

De ahí que las enfermeras iberoamericanas, ahora más que nunca, debamos trabajar unidas en la construcción de un marco propio, sólido, reconocible e irrenunciable. Un marco que no solo nos identifique y nos valore, sino que nos sitúe en una posición de defensa inexpugnable de aquello que mejor sabemos hacer, cuidar. Porque cuando una profesión se fortalece desde la ciencia, la ética y la cohesión, ningún mercantilista ni ningún aprendiz de Trump puede degradarla sin enfrentarse a la resistencia de miles de profesionales conscientes de su papel insustituible en la sociedad.

La decisión de Trump no es solo una agresión a las enfermeras, es un ataque directo a la esencia misma de lo humano. A la dignidad de sanos y enfermos. A la vulnerabilidad que todas las personas, incluso los poderosos, comparten. Es una advertencia sobre el peligro de entregar la salud a quienes solo ven números, no vidas; a quienes solo reconocen profesiones si aumentan el negocio; a quienes solo entienden la atención sanitaria como un nicho comercial.

Cuando un presidente desprecia a quienes cuidan, desprecia a su propio pueblo.

Y cuando un país permite que eso ocurra, empieza a caminar hacia una sociedad más enferma, más desprotegida, más deshumanizada.

Tarde o temprano, incluso quienes hoy celebran esta decisión descubrirán que hay cosas que no se pueden comprar. La humanidad, la compasión, la cercanía, el saber cuidar. Y quizá entonces, cuando necesiten aquello que ahora desprecian, comprenderán el alcance del daño. Pero para entonces, quizá, ya sea demasiado tarde.

La salud no se vende, se cuida

José Ramón Martínez-Riera

Profesor Honorífico Universidad de Alicante

Durante décadas, el sistema sanitario español fue considerado una referencia internacional, un motivo de orgullo colectivo y un ejemplo de calidad, universalidad y humanidad. Sin embargo, en un periodo relativamente breve, esa imagen se ha ido erosionando hasta el punto de que hoy la ciudadanía cuestiona aspectos fundamentales de su funcionamiento. Paradójicamente, esta crisis no se debe a la falta de profesionalidad; al contrario, los profesionales de la salud son, probablemente, los mejor formados, más preparados y técnicamente competentes de toda nuestra historia. Pero también se encuentran exhaustos, desmotivados, mal remunerados y profundamente desilusionados. Esta combinación constituye un cóctel explosivo que desemboca en protestas continuas tanto de quienes trabajan dentro del sistema como de quienes intentan acceder a él.

El problema se origina en los decisores de los 17 sistemas sanitarios autonómicos, con un Ministerio de Sanidad que, lejos de actuar como árbitro, se percibe como un mero espectador incapaz de garantizar la cohesión interterritorial. Esta lucha política provoca desigualdades flagrantes en prestaciones, servicios y coberturas según el lugar donde uno resida. La ciudadanía se encuentra atrapada en una especie de ruleta que mina aún más la credibilidad del sistema nacional en su conjunto y amenaza el principio de equidad que debería sostener cualquier servicio público esencial.

Este escenario se alimenta del modelo hegemónico que se perpetúa, impregnando tanto al sistema público como a un sector privado que crece sin necesidad de grandes campañas. Le basta con aprovechar las grietas abiertas por la ineficiencia del sistema público. Se trata de un modelo caduco, centrado en la enfermedad que subestima la salud; en la asistencia puntual, no en la continuidad; en la atención episódica, no en la promoción y la prevención. Un modelo paternalista que genera dependencia en lugar de fomentar autonomía, despreciando la participación comunitaria y que sigue colocando la curación como bien supremo por encima de los cuidados. A ello se suman las decisiones de corte neoliberal que se presentan como oportunidades de mejora siendo, en realidad, mecanismos encubiertos de privatización que debilitan deliberadamente la estructura del sistema público. Este enfoque, limitado y miope, deja el camino despejado para que los intereses mercantilistas ganen terreno y conviertan la salud en una oportunidad de negocio.

Mientras el deterioro se acelera, las necesidades reales de personas, familias y comunidades quedan sin respuestas. Las poblaciones más vulneradas se enfrentan a barreras crecientes de accesibilidad y cobertura; los tiempos de espera son una forma silenciosa pero eficaz de exclusión y derivación a la privada. La capacidad de autocuidado se debilita, aumentando la carga sobre cuidadoras familiares que, sin apoyo, coordinación, ni reconocimiento, se colapsan física y emocionalmente. La soledad, el envejecimiento y la cronicidad se combinan en una triada devastadora, generando sufrimiento y dolor innecesarios que podrían evitarse con políticas sociosanitarias más sólidas y coordinadas.

A ello se suma el ascenso imparable de patologías asociadas a estilos de vida poco saludables —obesidad, diabetes, hipertensión— que se amplifican por el insuficiente desarrollo de estrategias de promoción y prevención eficaces y eficientes. El deterioro ambiental derivado del cambio climático crea territorios menos saludables y más hostiles, generando nuevas vulnerabilidades que el sistema no sabe gestionar. La erosión de los vínculos sociales y el aislamiento provocado debilitan la protección comunitaria, que favorece factores de protección frente a la enfermedad y la fragilidad. Nada de esto es nuevo ni desconocido; simplemente no resulta atractivo desde una perspectiva de mercado.

Pero, abordar estas realidades exige confrontar intereses poderosos. Lobbies corporativistas, industrias farmacéuticas, empresas de seguros y grupos vinculados a la sanidad privada. La desvalorización sistemática de los cuidados desestabiliza cualquier sistema, porque sin cuidados no hay atención, no hay continuidad, no hay humanización, no hay salud. Del mismo modo, la hegemonía de la terapia farmacológica margina terapias sociales, conductuales y naturales que han demostrado eficacia sin generar dependencia ni efectos adversos. La evidencia existe, pero no genera beneficios económicos de igual magnitud.

Mientras estas dicotomías persistan el Sistema Nacional de Salud no solo no mejorará, sino que continuará su camino hacia un papel residual, subordinado a grandes multinacionales que se benefician del deterioro progresivo de lo público. Mientras quienes gestionan el sistema trasladan discursos demagógicos, llenos de promesas vacías y consignas diseñadas para maquillar su incapacidad, su tibieza o, en algunos casos, su complicidad con el desmantelamiento silencioso de un bien común que costó décadas construir. Eliminando incluso el nombre, con el que se identificaron centros de salud, de quien lo hizo posible, en una maniobra tan miserable como innecesaria, que define a sus decisores.

El reto no es técnico, es político, ético y social. Requiere valentía, voluntad política, ética profesional, visión de futuro y la convicción de que la salud no se vende, se defiende y cuida a favor de la dignidad humana. El futuro del sistema público depende de que recuperemos esta idea sencilla pero poderosa.

Cincuenta años después de la muerte del dictador Francisco Franco, la política española vive una anomalía inquietante: el retorno, cada vez más explícito, de discursos que justifican, blanquean o incluso elogian la dictadura. No es fruto de la nostalgia, ni un exceso verbal accidental, ni un desliz puntual de quienes aún no han asumido completamente qué significa vivir en democracia. Es, más bien, el síntoma de un deterioro colectivo que se ha ido gestando día tras día, permitido por el silencio, la equidistancia o la banalización de la historia reciente.

Las declaraciones de la alcaldesa de València, María José Catalá, afirmando que Franco “dejó grandes infraestructuras”, son un ejemplo revelador. Incluso aunque después intentara matizarlas, la frase ya había cumplido su función, normalizar lo imposible. Quizá convenga recordarle a la señora Catalá que muchas de esas infraestructuras “dejadas” por el dictador fueron, en realidad, necesarias porque él y su ejército golpista habían destruido previamente pueblos, vías de comunicación, puentes, escuelas, hospitales y espacios de convivencia durante la guerra que él mismo desencadenó tras fracasar en su golpe de Estado.

Y si la referencia eran los pantanos, ese clásico del argumentario franquista, conviene también recordar que la mayoría estaban proyectados antes de 1936 por la II República e incluso por la dictadura de Primo de Rivera. Presentarlos como “logros” del franquismo es tan grotesco como si el señor Mazón quisiera convencernos de que las reparaciones tras la DANA son un éxito extraordinario de su gestión, y no la reparación obligada de lo que las inundaciones destruyeron. Aunque, tiempo al tiempo, dado el personaje.

El problema no es solo lo que se dice, sino quién lo dice, dónde y para qué. Cuando responsables públicos de primer nivel —alcaldes, presidentas autonómicas, diputados y diputadas— se permiten estas afirmaciones, no están improvisando, están empujando los límites. Están comprobando cuánto retroceso democrático puede tolerar la sociedad sin reaccionar. Están tanteando el terreno para ver cuánta memoria puede borrarse sin que nadie proteste.

Ahí están, acompañando este coro, voces como la de Isabel Díaz Ayuso o representantes del PP en el Congreso, que contribuyen a esa estrategia de erosión progresiva de lo que creíamos incuestionable. Y ahí están, también, decisiones como la del alcalde de Alicante, Luis Barcala, de no asistir al acto en el que la ciudad será reconocida como “Lugar de Memoria Democrática”. Una ausencia que no es inocente ni protocolaria: es una declaración política. Es el gesto de quien prefiere alinearse con los discursos revisionistas antes que honrar a una ciudad castigada por la aviación fascista italiana con uno de los bombardeos más crueles de la Guerra Civil, el del Mercado Central en 1938, donde cientos de personas inocentes murieron.

A ese menosprecio institucional se suma la decisión de cerrar los refugios antiaéreos visitables, símbolo y testimonio vivo de la barbarie del franquismo. Borrarlos del mapa cultural es una manera de borrar, también, la memoria emocional y ética de lo que ocurrió. Un pueblo sin memoria es un pueblo a merced del relato de quienes desean reescribir la historia, como el Sr. Barcala.

Nada de esto es casual. Nada ocurre de forma aislada. Cada declaración, cada omisión, cada gesto aparentemente anecdótico, cada reinterpretación de los hechos, suma un peldaño en la escalera del retroceso democrático. Cuando se dice que “no hay que mirar atrás”, lo que realmente se dice es: “permitidnos contaros un pasado conveniente”. Cuando se acusa a la memoria democrática de “reabrir heridas”, lo que se pretende es impedir que las heridas se comprendan para que nunca puedan cerrarse de verdad.

La democracia española, con todas sus imperfecciones, se ha sostenido durante décadas sobre el pacto social implícito de no permitir que el totalitarismo volviera a infiltrarse en nuestra vida política. Pero hoy ese pacto muestra su debilidad. Y no por el empuje de los nostálgicos —que siempre han existido—, sino por la normalización social de discursos que hace apenas veinte años habrían generado escándalo inmediato. La distancia moral respecto a la dictadura se está estrechando peligrosamente. Sobre todo, entre la población más joven.

Han pasado 50 años. Y, en lugar de celebrar una democracia más madura, más sólida, más protegida, constatamos que hay quienes están trabajando para erosionarla desde dentro. No tienen prisa. No necesitan, de momento, un golpe. Les basta con sembrar la duda, degradar el lenguaje, desdibujar los hechos, enfrentar a la ciudadanía, sembrar desconfianza hacia las instituciones y justificar lo injustificable hasta que parezca razonable.

Y mientras tanto, demasiada gente permanece indiferente, atrapada en la falsa creencia de que la democracia funciona sola, que no necesita ser defendida cada día, que es un patrimonio garantizado. No lo es. Una democracia que no se cuida se deteriora. Una democracia que no se protege se desmorona. Una democracia sin memoria está perdida.

Hoy, cincuenta años después de la muerte del dictador, no estamos asistiendo al final de una época, sino al principio de una amenaza. Y quizá la pregunta más urgente no sea qué están haciendo quienes intentan reescribir la historia, sino qué estamos dejando de hacer quienes sabemos, con absoluta claridad, que la libertad nunca es un regalo: es una conquista que puede perderse y que se está perdiendo.

Últimamente asistimos a auténticas guerras de audiencias entre las principales cadenas televisivas. Más allá de las preferencias legítimas por uno u otro programa, lo que se ha generalizado es un estilo de bronca permanente, descalificación personal, ruido y distorsión de la verdad con tal de arañar unos puntos de share. El objetivo ya no es informar ni siquiera entretener, sino mantener pegadas a la pantalla a personas convertidas en público de un espectáculo que se parece mucho más a un combate que a un espacio de comunicación.

Las cadenas compiten por asegurarse la presencia de políticos, actores, cantantes, deportistas de élite, influencers o simples charlatanes, que de todo hay. La selección de invitados rara vez responde a su capacidad de análisis o a la calidad de sus argumentos, sino a su potencial para generar conflicto, titulares fáciles y cortes virales. Todo ello filtrado por la línea editorial del medio, que actúa como un tamiz ideológico y convierte la oferta en un menú de trincheras. Hay cadenas para quien quiere indignarse con “los otros” y cadenas para quien prefiere reafirmarse en “los suyos”.

El resultado es un escenario mediático que se parece cada vez más a una sesión parlamentaria deformada, donde se habla mucho, pero se escucha poco. En lugar de debatir sobre cuestiones relevantes, se organizan combates dialécticos en los que importa más el golpe de efecto que la solidez del razonamiento. Se interrumpe, se grita, se caricaturiza al adversario y se alimenta una sensación de confrontación permanente que atenta contra la inteligencia de la ciudadanía.

En esta deriva tampoco son inocentes las propias empresas mediáticas. La presión por los beneficios, la competencia por la publicidad y la obsesión por el minuto a minuto de las audiencias empujan a convertir la información en un producto más de mercado. El criterio profesional cede terreno ante la lógica del clic y del trending topic, y se normaliza que un plató sea un circo porque el circo “vende” más que la reflexión pausada. No es que falten periodistas rigurosos, sino espacios y tiempos que les permitan hacer su trabajo sin ser devorados por el espectáculo.

En este contexto, las diferencias evidentes de capacidad, preparación e inteligencia entre los participantes pasan a un segundo plano. No son esos atributos los que pesan en la balanza de las audiencias, sino la capacidad de generar espectáculo. Cuanto más descalifica, más exagera o más polariza alguien, más minutos de pantalla acumula. El éxito ya no se mide en términos de rigor u honestidad intelectual, sino en función del ruido que se consigue generar en redes sociales y en los barómetros del día siguiente.

También las personas que manejamos el mando a distancia quedamos atrapadas en esta lógica. No elegimos tanto un programa para informarnos o incluso para distraernos, como para saciar nuestro posicionamiento ideológico o nuestras fobias hacia determinadas ideas y quienes las encarnan. Sabemos qué tipo de discurso vamos a encontrar en cada cadena y, lejos de huir de la previsibilidad, la buscamos como quien regresa a un refugio emocional. No se trata de ampliar la mirada, sino de confirmar lo que ya pensamos y de ver ridiculizado a quien sentimos como amenaza.

Se trata, en definitiva, de una forma de hipnosis mediática. Consumimos tertulias, debates y “especiales” como si fueran atracones de una dieta rica en calorías ideológicas y pobre en nutrientes críticos. Acumulamos horas de exposición compulsiva a mensajes repetitivos y polarizados, para después intentar —sin demasiado éxito— aligerar la conciencia pensando que “solo es televisión”. Pero el impacto permanece. En la forma de mirar a quien piensa distinto, en el tono con el que hablamos de política y en la dificultad creciente para escuchar sin atacar.

Mientras tanto, la elección del canal deja de ser un ejercicio de libertad informada para convertirse en una costumbre acrítica, una inercia sin fundamento. Cambiamos de programa, pero no de lógica. Las cadenas alimentan la confrontación porque reporta beneficios; nosotros alimentamos las audiencias porque nos regala la ilusión de tener razón. Y así, poco a poco, se empobrece nuestra capacidad intelectual y dialéctica, sustituida por consignas, eslóganes y frases hechas que repetimos sin apenas analizarlas.

Frente a esta dinámica, quizá haya que recuperar un gesto tan sencillo como subversivo, apagar la televisión de vez en cuando, cambiar de canal para escuchar a quienes no nos gustan, exigir formatos que respeten la inteligencia del espectador y premien la serenidad sobre el grito. No se trata de renunciar a la pluralidad de medios, sino de asumir que la responsabilidad última de lo que alimenta nuestra mirada sobre el mundo no es del audímetro, sino de cada uno de nosotros. Elegir mejor qué vemos, cuánto tiempo y con qué actitud puede parecer un gesto pequeño, pero es ahí donde empieza el verdadero ejercicio de libertad crítica y de salud intelectual.

La sanidad pública vive un momento extraño. Nunca había sido tan defendida por la ciudadanía y los profesionales, ni tan deteriorada por quienes tienen la responsabilidad de protegerla. Las protestas se multiplican, los pasillos se saturan y las consultas se tensan porque unos y otros, desde ángulos distintos, señalan un mismo diagnóstico: el sistema no funciona. La ciudadanía lo percibe en forma de demoras, fragmentación y trato deshumanizado. Los profesionales, en forma de impotencia, frustración y una sensación creciente de que su esfuerzo ya no basta. Y ambos coinciden en que el origen del problema son estructuras caducadas, una organización incapaz de adaptarse y decisiones políticas que no buscan soluciones reales, sino titulares fáciles.

A este deterioro se suma una privatización constante, más visible y menos disimulada. Una privatización que avanza sin debate, por goteo, amparada en la supuesta eficiencia del mercado, aunque la evidencia señale lo contrario. Mientras tanto, la sanidad se convierte en campo de batalla partidista donde la ideología pesa más que la evaluación, las ocurrencias sustituyen a la planificación y el ruido se impone al conocimiento. El resultado son errores repetidos, inversiones mal dirigidas, improvisaciones y una inquietante falta de voluntad política para abordar lo verdaderamente importante, cuidar a las personas y garantizar su derecho a la salud.

En este escenario, la que era considerada “joya de la corona” del Estado de Bienestar pierde brillo y no pasa de ser una mala bisutería. Pero lo más preocupante es la normalización de esta pérdida de valor. Se justifica el deterioro para alimentar argumentos privatizadores, utilizándose también para sostener discursos corporativos que no siempre buscan mejorar la atención, sino reforzar posiciones de poder dentro del propio sistema. Entre unos y otros, la sanidad queda sin barrer: desordenada, sucia y peligrosa. Signos evidentes de una mala higiene.

Las consecuencias se manifiestan en frentes dispersos, pero profundamente conectados. Las luchas entre colectivos profesionales ante la falta de criterios claros o de coherencia en las decisiones. La variabilidad injustificada entre territorios y servicios, que genera inequidad y confusión. La presión de lobbies económicos, profesionales y mediáticos, que operan buscando prebendas más que mejoras reales. Y la brecha creciente entre ciudadanía y profesionales, alimentada por la frustración mutua y traducida en un aumento injustificable e intolerable de agresiones a profesionales. Convertirlos en “autoridad” o endurecer sanciones puede parecer contundente, pero no resuelve lo que subyace, la sensación de abandono, el colapso organizativo y la pérdida de legitimidad institucional.

A ello se añade la batalla partidista e ideologizada que impregna la gestión sanitaria. La salud se ha transformado en arma electoral. Un campo de minas donde cada medida sirve para provocar o descolocar al adversario, no para mejorar el bienestar colectivo. Es una deriva peligrosa, porque la salud requiere estabilidad, continuidad y pactos que trasciendan los colores políticos. Sin embargo, se ha convertido en un escenario donde todo vale siempre que sirva para desgastar al otro.

Y mientras todo esto ocurre en despachos, tertulias y redes sociales, los grandes beneficiados observan en silencio. Las empresas que negocian con el malestar social y profesional hacen su agosto permanente. La percepción de que “lo público no funciona” es el mejor combustible para su negocio. Cuanto peor va todo, más fácil resulta justificar conciertos, derivaciones, externalizaciones o modelos mixtos que, lejos de resolver los problemas, los agrandan. La ciudadanía pierde seguridad y derechos; los profesionales, motivación y compromiso. El sistema, capacidad de respuesta.

Lo dramático es que seguimos atrapados en un modelo que no solo no responde a las necesidades reales de la población, sino que es parte del problema. Un modelo basado en la asistencia a la enfermedad, no en el cuidado de la salud. En la acumulación de tecnología, no en la inversión comunitaria. En la centralidad del hospital y la subsidiariedad de la atención primaria. En la lógica del mercado, no en la abogacía por la salud. Y en esa contradicción se destruye lo que tanto costó construir.

La sanidad no puede ser un terreno de juego partidista ni un mercado de oportunidades. Tampoco un botín corporativo ni un laboratorio de ocurrencias ideológicas. Es un pacto social. Un espacio de cohesión. Un derecho que sostiene vidas y comunidades. Tratarla como un arma arrojadiza es una irresponsabilidad histórica y un insulto a quienes dependen de ella, que somos todos.

No se trata de alimentar derrotismos. Al contrario, se pretende interpelar, sacudir, recordar que la salud es demasiado valiosa para dejarla en manos de quienes confunden gobernar con mandar o gestionar con improvisar. Si algo necesita este país es un acuerdo profundo, honesto y valiente para reconstruir el sistema sanitario desde dentro, con visión, transparencia y una ética pública que hoy se echa dolorosamente de menos.

Cuando la salud se utiliza para dividir, se resiente la democracia. Y cuando esto sucede, peligra vivir con dignidad.