La última gala de los Premios Goya fue algo más que una celebración del cine español; fue el reflejo de un momento histórico complejo, un clamor colectivo sobre la dignidad, la justicia y la responsabilidad moral de la cultura y de la sociedad. Fue un espejo que devolvió la imagen de un mundo en tensión.

Las películas nominadas y premiadas este año parecían dialogar entre sí como piezas de un mismo mosaico. Algunas exploraban la fragilidad de la infancia en entornos hostiles; otras, la resistencia de mujeres que se niegan a aceptar el papel que la violencia o la tradición les asigna; otras más, la identidad de quienes han sido sistemáticamente invisibilizados.

En los discursos, esa pregunta se hizo explícita. Quienes subieron al escenario no se limitaron a agradecer a sus equipos. Hablaron de pueblos bombardeados mientras se negocian equilibrios geopolíticos en despachos lejanos. Hablaron de mujeres asesinadas por el simple hecho de serlo, de personas migrantes convertidas en amenaza estadística, de la diversidad tratada como provocación. Y, sobre todo, hablaron de la responsabilidad de no callar.

En ese contexto, las palabras de Susan Sarandon resonaron con especial fuerza. Reconocieron que la lucidez moral, algo esencial, no es patrimonio de nadie, pero sí es una elección. Agradecer públicamente a quienes, desde la política o desde el arte, se posicionan en defensa de los derechos humanos es también recordar que ese posicionamiento tiene un coste. Quienes se alinean con la justicia suelen ser atacados por quienes confunden poder con razón y fuerza con legitimidad.

Vivimos un momento en el que se pretende normalizar lo inaceptable. Se habla de “restaurar la libertad” mientras se bombardean países; se invoca la seguridad mientras se recortan derechos; se proclama la defensa de la civilización mientras se deshumaniza al adversario. Las reservas de petróleo, las rutas estratégicas, los intereses económicos se disfrazan de cruzadas morales. Y en medio de ese relato, el cine —que algunos quisieran reducido a mero entretenimiento— se atreve a señalar la injusticia, a mostrar el rostro concreto de quienes pagan el precio de esas decisiones.

Por eso esta gala trascendió el espectáculo. Porque en cada historia premiada hay una denuncia contra la indiferencia. Porque las películas no ofrecen soluciones mágicas, pero sí algo más urgente, conciencia.

Y aquí es donde el nombre de Goya adquiere un sentido que va mucho más allá de la tradición. Francisco de Goya no pintó para tranquilizar conciencias. En Los desastres de la guerra no hay épica; hay cuerpos mutilados, miradas vacías, violencia desnuda. En las Pinturas negras no hay consuelo; hay sombras, monstruos, la evidencia de que el horror también habita en quienes se creen civilizados. Goya retrató el abuso del poder, la superstición, la brutalidad y la hipocresía con una lucidez que incomodaba a su tiempo y sigue incomodando al nuestro.

Hoy, más que nunca, ese legado justifica que los premios del cine español lleven su nombre. Porque no se trata solo de celebrar talento, sino de honrar una tradición artística que no se somete dócilmente al poder. Una tradición que satiriza, denuncia y cuestiona. Que entiende que el arte puede ser belleza, sí, pero también conciencia crítica. Que asume que mostrar el horror no es recrearse en él, sino impedir que se normalice.

Porque, como en los grabados de Goya, el verdadero horror no es que existan monstruos, sino que aprendamos a convivir con ellos sin rebelarnos. Y el cine, cuando es honesto, no nos deja dormir tranquilos ante esa posibilidad.

La gala nos recordó que no basta con aplaudir. No podemos limitarnos a consumir relatos de injusticia como si fueran ficciones lejanas. Cuando las películas nos hablan de genocidios, de autoritarismos, de violencia estructural, no nos están invitando solo a emocionarnos; nos están interpelando. Nos preguntan qué hacemos, cada uno desde su lugar, para que esas historias no sigan repitiéndose fuera de la pantalla.

No es una cuestión de ideología partidista. Es una cuestión de humanidad básica. De entender que la libertad de expresión no puede defenderse a medias; que los derechos humanos no son selectivos; que la diversidad no es una concesión, sino una riqueza; que el poder, cuando se ejerce sin límites éticos, degenera en opresión.

Porque en La cena de este mundo, donde hasta Los domingos saben a víspera y no a descanso, avanzamos por nuestro propio Sirât, frágil como un hilo sobre el abismo, mientras fingimos estar Sorda ante el estruendo; pero la realidad insiste en irrumpir como La furia, como Un fantasma en la batalla, como Enemigos que crecen en una Ciudad sin sueño, donde ya no hay Tregua posible y toda Romería es también peregrinación hacia la conciencia. Porque el mundo parece un Ángulo muerto, un lugar donde La conversación que nunca tuvimos se convierte en herida colectiva y donde Todos somos Gaza deja de ser consigna para volverse espejo.

Las circunstancias han propiciado que la próxima celebración del Día Internacional de la Mujer coincida con la guerra desatada por Estados Unidos e Israel en Oriente Medio. Una coincidencia que, sin embargo, no debería servir para desviar la atención hacia uno u otro de los acontecimientos. Porque si grave, preocupante y rechazable es la guerra, la desigualdad y la dignidad de las mujeres merecen no solo toda la atención, sino también todo el apoyo.

            La guerra concentra inevitablemente miradas, análisis y preocupaciones. Es lógico. La violencia, la destrucción y el sufrimiento nos posicionan. Pero esa misma gravedad no puede convertirse en una coartada para relegar otras injusticias estructurales que forman parte de la vida cotidiana de millones de mujeres en todo el mundo.

            La coincidencia resulta aún más amarga si se tiene en cuenta que muchos de los países donde hoy se desarrolla el conflicto son lugares en los que los derechos de mujeres y niñas son sistemáticamente anulados, restringidos o atacados. Una triste realidad que debería convertir este 8 de marzo en una manifestación unánime contra la desigualdad, la discriminación y el acoso que sufren las mujeres, independientemente del país en el que vivan.

            Porque las mujeres lo son con independencia de su nacionalidad, sus creencias, su cultura o su nivel educativo. Ser mujer no puede convertirse en excusa ni en justificación para aceptar condiciones de vida que impliquen una consideración, una dignidad o un respeto diferentes a los de cualquier hombre. Permitirlo constituye, en sí mismo, una demostración de la pobreza ética de cualquier sociedad que lo defienda, tolere o considere inevitable.

            Pero, si esa realidad resulta preocupante, todavía lo es más comprobar cómo en determinadas ocasiones la causa de las mujeres se convierte en instrumento de confrontación e instrumentalización política. En los días previos al 8 de marzo se multiplican declaraciones, gestos y discursos que aparentemente pretenden defender los derechos de las mujeres, pero que en realidad buscan erosionar o desacreditar al movimiento feminista que ha hecho posible los avances logrados en las últimas décadas.

            Resulta lamentable comprobar cómo quienes desconfían del feminismo, lo desprecian o lo presentan como una amenaza para la sociedad, recurren hipócritamente al discurso en defensa de las mujeres cuando creen que puede resultarles políticamente útil. Es un feminismo de ocasión, de etiqueta, de marketing político, que invoca los derechos de las mujeres mientras intenta vaciar de contenido al movimiento que los ha impulsado.

            Se trata de una utilización profundamente contradictoria. Porque no se puede defender la igualdad mientras se desacredita a quienes llevan décadas luchando por ella. No se puede reivindicar la dignidad de las mujeres mientras se caricaturiza o se combate el feminismo como si fuera un problema y no una herramienta de transformación social.

            El feminismo no es un movimiento contra nadie. Es un movimiento a favor de algo tan sencillo y profundo como la igualdad real entre mujeres y hombres. Una igualdad que todavía hoy está lejos de alcanzarse en muchos ámbitos de la vida social, económica y política.

            Por eso ni la guerra ni la mala política deberían distraernos de lo verdaderamente importante. La igualdad no es una cuestión secundaria ni un tema sectorial. Es una condición indispensable para cualquier sociedad que aspire a considerarse justa.

            Y esa igualdad debe construirse desde la implicación de toda la sociedad. El feminismo no es exclusivamente de mujeres, aunque se identifique como la principal defensa frente a situaciones de desigualdad que siguen afectándolas de manera desproporcionada. El feminismo es, en realidad, una causa colectiva. Del mismo modo que lo son la defensa de la paz, la lucha contra la pobreza o la exigencia de justicia social.

            Considerar el feminismo como algo exclusivamente de mujeres constituye, paradójicamente, una de las primeras formas de desigualdad. Porque implica situar la defensa de la igualdad en un espacio ajeno para muchos hombres, como si se tratara de una reivindicación particular que merece, en el mejor de los casos, respeto, pero no necesariamente implicación.

            Y la igualdad no puede construirse desde la distancia ni desde la condescendencia. Solo puede construirse desde la convicción compartida de que la dignidad de las mujeres forma parte inseparable de la dignidad de la humanidad en su conjunto.

            Por eso, en este Día Internacional de la Mujer, sería deseable que la movilización social no se limitara a un gesto simbólico ni a una fecha en el calendario. Sería deseable que saliéramos masivamente a la calle, mujeres y hombres, para recordar que los derechos de las mujeres, como el no a la guerra, no son una reivindicación sectorial, sino un compromiso colectivo.

            Defender los derechos de las mujeres es defender los derechos de la humanidad. Y hacerlo no debería depender de la coyuntura política ni de las circunstancias internacionales, sino de una convicción mucho más profunda: que la igualdad no admite distracciones.

Recientemente conocíamos el cierre de la papelería Eutimio, un establecimiento emblemático de Alicante que, tras casi un siglo de servicio, baja definitivamente la persiana. Podría parecer un hecho más en la dinámica natural del mercado. Los negocios nacen, crecen y desaparecen. Nada es eterno. Sin embargo, hay cierres que no responden únicamente al ciclo vital de una empresa, sino a un contexto político y económico que empuja, arrincona y expulsa. El de Eutimio no es solo un cierre comercial: es un síntoma.

No se trata de demonizar el turismo. Sería absurdo negar que constituye una fuente de riqueza y actividad económica. El turismo, bien gestionado, puede convivir con la vida cotidiana de una ciudad y reforzar su identidad. El problema, por tanto, no está en el turismo en sí, sino en el uso y abuso que se hace de él. Cuando ese uso se apoya en la especulación, el crecimiento desmedido, la falta de respeto a los entornos, el desprecio a las tradiciones propias y la destrucción paulatina de la convivencia, las ciudades que sucumben a esa lógica se transforman en lugares cada vez menos habitables, menos reconocibles, menos saludables, menos humanos.

Alicante lleva años transitando ese camino. Bajo el mandato del actual alcalde, Luis Barcala, la ciudad ha experimentado transformaciones visibles que proyectan una imagen luminosa y atractiva hacia el exterior. Pero, ¿a quién va dirigida esa ciudad renovada? Cada vez más, al visitante. Cada vez menos, al vecino.

La lógica es sencilla y profundamente preocupante: si algo no es rentable para el turista, pierde prioridad. El comercio tradicional cede espacio a franquicias impersonales; los alquileres se disparan por la presión de los pisos turísticos; la vivienda deja de ser un derecho para convertirse en activo financiero; los barrios se vacían de residentes para llenarse de estancias temporales. La ciudad se convierte en escaparate.

El cierre de Eutimio simboliza esa fagocitosis. No es un caso aislado. Otros establecimientos emblemáticos han desaparecido en silencio, absorbidos por una dinámica que privilegia la rotación rápida, el consumo acelerado y la homogeneización estética. Se pierde tejido social. Se pierde memoria. Se pierde identidad. Porque una ciudad no es solo playa, ni una agenda de festivales atractiva. Una ciudad es la red de relaciones, historias y comercios que dan sentido a sus calles.

El turismo desregulado actúa como un tumor que todo lo invade. Su crecimiento sin límites altera la fisonomía urbana, encarece los espacios, expulsa a los jóvenes y precariza el empleo. Bajo la promesa de prosperidad, se normaliza la especulación inmobiliaria, se tolera la saturación de espacios públicos y se trivializan las tradiciones convertidas en reclamo. Mientras tanto, se nos vende como la gallina de los huevos de oro. Huevos que no se reparten equitativamente. Se concentran en manos de unos pocos operadores y propietarios, con la complacencia —cuando no la complicidad— de quienes deberían velar por el interés general.

Regular no es prohibir, es proteger. Sin embargo, parece existir una aversión sistemática a cualquier regulación. Se rechaza la regulación de las personas migrantes, la del turismo, la de la vivienda y se prioriza el crecimiento cuantitativo sobre la sostenibilidad cualitativa. El resultado es una ciudad cada vez menos habitable para quienes la sostienen día a día. El empleo es cada vez más precario. Los salarios no siguen el ritmo de los alquileres. Los servicios públicos no crecen al compás de las necesidades. La convivencia se resiente.

Se dirá que siempre ha habido cambios, que la modernización exige sacrificios, que el mercado es soberano. Pero cuando el mercado se convierte en dogma y la política abdica de su función reguladora, la balanza se inclina peligrosamente. La ciudad deja de pertenecer a sus ciudadanos y pasa a estar al servicio de intereses externos. El mar y el sol, patrimonio común, parecen privatizarse simbólicamente en nombre de una deidad mercantilista que exige crecimiento constante.

¿Cuántos Eutimio más tendrán que cerrar para que asumamos que algo no funciona? ¿Cuántos vecinos deberán marcharse porque ya no pueden pagar el alquiler? ¿Cuántos barrios perderán su alma para convertirse en decorados intercambiables con cualquier otro destino turístico del Mediterráneo?

Alicante no puede reducirse a una marca. No puede ser únicamente un producto. Si el modelo actual continúa sin correcciones, corremos el riesgo de convertirla en una sombra de lo que fue y de lo que podría ser. Una ciudad viva, diversa, habitable y orgullosa de su identidad. El progreso no consiste en multiplicar visitantes a cualquier precio, sino en mejorar la vida de quienes habitan el lugar.

El cierre de Eutimio debería invitarnos a una reflexión colectiva. No se trata de nostalgia ni de resistencia irracional al cambio. Se trata de decidir qué ciudad queremos. Una ciudad para ser vivida o una ciudad para ser consumida. Porque cuando una ciudad deja de pertenecerse, comienza a desaparecer.

La mitología griega no es solo un vestigio cultural, sino un marco simbólico que permite interpretar con sorprendente claridad algunas de las tensiones más profundas del presente. El conflicto entre Apolo y Dioniso, recuperado y resignificado por Friedrich Nietzsche, expresa una dialéctica constitutiva de lo humano. La tensión entre el orden, la medida y la razón, frente al desborde, la emoción y la pulsión. No se trata de fuerzas morales opuestas —bien y mal—, sino de energías que, en equilibrio, hacen posible la cultura, la política y la convivencia. El problema emerge cuando esa tensión deja de ser creativa y se convierte en una lucha permanente, empobrecida y destructiva.

Buena parte de la crisis política contemporánea puede leerse desde esta clave. En la política actual, tanto a nivel nacional, autonómico o internacional, el equilibrio entre lo apolíneo y lo dionisíaco se ha roto. El orden ya no se presenta como proyecto compartido, sino como mera administración tecnocrática, vacía de horizonte ético. Al mismo tiempo, la emoción colectiva ha dejado de ser una fuerza de movilización crítica para transformarse en un recurso explotado sistemáticamente por discursos populistas, identitarios y excluyentes. La política ya no gestiona la tensión, la utiliza.

En España, el debate público se ha ido deslizando hacia una confrontación constante, donde el adversario político es tratado como enemigo moral. En el ámbito estatal, muchas discusiones parlamentarias han perdido su función deliberativa para convertirse en escenificaciones dirigidas a la propia parroquia ideológica. En el plano autonómico, la lógica de bloques —visible en conflictos territoriales, lingüísticos o culturales— tiende a sustituir el análisis de los problemas reales por relatos simplificados de agravio o resistencia. A escala internacional, el auge de liderazgos autoritarios, el uso del miedo como herramienta política o la instrumentalización de los flujos migratorios muestran hasta qué punto el desborde emocional se ha normalizado como estrategia de poder.

Pero reducir esta deriva a la responsabilidad exclusiva de la clase política sería una lectura incompleta. La ciudadanía participa activamente en este proceso. El ecosistema comunicativo actual, marcado por la inmediatez, la viralidad y la simplificación extrema, favorece respuestas viscerales frente a reflexiones complejas. Las redes sociales amplifican lo dionisíaco en su versión más elemental: indignación constante, trivialización, rechazo del matiz. La política se consume como espectáculo emocional y no como ejercicio de responsabilidad cívica. Pensar con otros resulta más costoso que reaccionar contra otros.

El resultado es una sociedad atrapada en una dinámica de falsos dilemas como orden frente a libertad, identidad frente a diversidad, seguridad frente a derechos. Estos binarismos no solo empobrecen el debate, sino que bloquean la posibilidad de soluciones compartidas. La tensión apolíneo-dionisíaca, que en su origen podía generar cultura y creatividad política, se degrada hasta convertirse en un motor de polarización permanente, alimentado por el miedo, el resentimiento y la desconfianza.

¿Es este conflicto una caracterización adecuada de la crisis actual? Todo indica que sí, aunque con una diferencia relevante respecto a otros momentos históricos. La tensión entre orden y exceso siempre ha estado presente, pero hoy se manifiesta de forma acelerada, amplificada por la tecnología y desprovista de mediaciones culturales sólidas. Ya no se sublima en instituciones fuertes, ni en debates públicos de calidad, ni en proyectos colectivos ilusionantes. Se expresa, sobre todo, como ruido, confrontación y parálisis.

La cuestión clave es si esta dinámica es reversible, asumible o, por el contrario, debe ser rechazada. El conflicto en sí no es eliminable ni deseable erradicarlo. Pretender suprimir la tensión conduce al pensamiento único, a la homogeneización ideológica y, en última instancia, al autoritarismo. Pero aceptar sin más la confrontación permanente tampoco es una opción democrática. La democracia no necesita menos conflicto; necesita conflictos mejor gestionados, encuadrados por reglas compartidas de respeto y orientados al bien común.

Salir de esta espiral no implica elegir entre Apolo o Dioniso, sino recuperar su diálogo. Podemos identificar estilos políticos apolíneos y dionisíacos. Pero cuando personalizamos en exceso el mito, lo empobrecemos y lo reducimos a una caricatura. La pregunta verdaderamente política no es quién es Apolo y quién es Dioniso hoy, sino quién está sosteniendo el equilibrio y quién vive de romperlo. Y ahí la responsabilidad no recae únicamente en la clase política, sino que es compartida. La ciudadanía, con su forma de consumir, amplificar o cuestionar los discursos públicos, participa también en la consolidación de una política que gestiona la tensión o, por el contrario, se alimenta de su exacerbación.

El mayor riesgo para las democracias actuales no es el disenso, sino su degradación en espectáculo permanente. Cuando la política renuncia a pensar y la ciudadanía a deliberar, el conflicto deja de ser una fuerza de creación para convertirse en una amenaza para los valores democráticos. Recuperar el equilibrio no es sencillo, pero es una condición imprescindible para que la democracia siga siendo algo más que un ritual vacío.

En los últimos días estamos asistiendo a un rosario de asesinatos de mujeres y niños a manos de sus parejas o exparejas. Cada nombre propio, cada edad, cada historia truncada vuelve a enfrentarnos con una realidad que, por repetida, jamás puede naturalizarse. Cuando la violencia machista empieza a percibirse como un telón de fondo permanente del paisaje social, hemos dado ya un paso peligroso hacia la indiferencia.

No es un “pico” en una gráfica de datos. No es una anomalía estadística que se corregirá sola con el paso de las semanas. Pensarlo así es una banalización inadmisible. La violencia de género —y la violencia vicaria que asesina a los hijos para dañar a las madres— es la expresión extrema de un sistema de desigualdad que se alimenta del machismo cotidiano, de la tolerancia cultural y de la tibieza, cuando no frialdad, institucional.

Las mujeres asesinadas no mueren por azar. Mueren porque hay hombres que creen tener derecho a poseer, controlar o destruir. Y esa convicción no surge en el vacío: se construye en discursos que relativizan, en mensajes que cuestionan, en silencios más cómodos que el compromiso. Cuando se siembra duda sobre la existencia misma de la violencia de género o se diluye su raíz estructural, se debilita un consenso social que costó décadas conseguir.

Pero hay un elemento aún más inquietante. La utilización partidista del acoso sexual y de la violencia contra las mujeres. Resulta desolador comprobar cómo, según el color político del agresor, los discursos cambian de intensidad y los principios se vuelven elásticos. El acoso no es un arma arrojadiza; es parte del mismo entramado de dominación que, en su expresión más brutal, culmina en el asesinato.

Mientras los partidos cruzan acusaciones y levantan trincheras mediáticas, las mujeres que denuncian quedan expuestas. Son ellas quienes soportan el escrutinio público, las filtraciones interesadas, la sospecha sembrada sobre su relato. Lo que fue un acto de valentía puede convertirse en un calvario añadido. Con demasiada frecuencia, la discusión gira más en torno al daño reputacional del partido que a la reparación y protección de la víctima. Más en la defensa del acosador, aunque sea presunto, que de la mujer acosada.

Sin embargo, el problema no se limita a la hipocresía coyuntural. El núcleo es más profundo: el negacionismo ha dejado de ocupar los márgenes y ha sido incorporado a pactos, alianzas y acuerdos de poder. Cuando se gobierna con quienes niegan la violencia machista o la reducen a una etiqueta ideológica de negociación; cuando se asumen sus marcos discursivos para garantizar mayorías; cuando se rebajan términos para no incomodar a socios estratégicos, el mensaje inequívoco es que los derechos de las mujeres son negociables.

Esa negociación, explícita o tácita, construye clima cultural. Y tiene consecuencias. Resulta especialmente preocupante el crecimiento de posiciones negacionistas entre adolescentes y jóvenes. No es fruto de una saturación del debate, sino de la legitimación institucional de discursos que cuestionan la evidencia. Si desde las instituciones se transmite que la violencia de género es discutible o exagerada, no sorprende que parte de una generación lo asuma como propio.

La pedagogía democrática no se limita a la escuela; se ejerce también desde los parlamentos. No basta con leyes si el relato público es ambiguo. Hacen falta referentes coherentes, compromiso sostenido y una clara delimitación frente a discursos que erosionan la igualdad en cualquier aspecto, escenario o discurso. Porque el pluralismo no obliga a considerar igualmente válidas todas las posiciones cuando están en juego derechos fundamentales.

Los medios de comunicación tampoco son actores neutros. Informar es imprescindible; convertir cada caso en espectáculo permanente, no. El sensacionalismo no previene y puede contribuir a la normalización del horror. El foco debería situarse en las causas estructurales, en la prevención, en los recursos disponibles y en la denuncia de las desigualdades que sostienen esta violencia y no en el morbo que se genera a su alrededor.

Defender con firmeza la igualdad y la dignidad de las mujeres no es radicalismo; es una exigencia democrática básica. Transformar esta realidad exige algo más que declaraciones. Exige coherencia política y límites claros. Significa asumir que no todo vale para alcanzar o mantener el poder. Que no se puede blanquear el negacionismo en nombre de la gobernabilidad. Que la audiencia no puede modelar los hechos. Que excluir democráticamente —mediante el debate, el voto y los pactos responsables— a quienes niegan una violencia estructural acreditada no es intolerancia, sino defensa activa de los derechos humanos.

Si permitimos que la violencia machista siga siendo moneda de cambio, estaremos aceptando que la dignidad de las mujeres entre en la lógica de la transacción, del mercantilismo político, ideológico, mediático y social.

Gobernar blanqueando retrocesos, negociando derechos supone que, estos, se desvirtúen, manipulen o pierdan. Cuando eso sucede, la violencia machista se impone a la dignidad de las mujeres.

Este jueves el Auditorio ADA se llenará de aplausos, de abrazos sinceros y de historias que merecen ser contadas. El Diario INFORMACIÓN celebra su Gala IMPORTANTES, un acto ya consolidado en la vida social de la provincia que reconoce las aportaciones científicas, académicas, empresariales, culturales, sociales y políticas de personas e instituciones alicantinas. No es solo una ceremonia. Es un espejo en el que Alicante se mira y se reconoce en lo mejor de sí misma.

En tiempos de ruido permanente, de titulares crispados y de debates que parecen diseñados para enfrentar más que para construir, detenerse a celebrar el esfuerzo, la excelencia y el compromiso es casi un acto de resistencia cívica. Vivimos una etapa donde la confrontación, la mentira, el descrédito, la manipulación o la corrupción ocupan demasiado espacio en la conversación pública. Las buenas noticias parecen tener menos recorrido que las polémicas. El mérito compite en desigualdad frente al escándalo.

Por eso la Gala IMPORTANTES adquiere un valor añadido. Porque pone el foco donde muchas veces no se pone: en quienes mejoran la vida colectiva. En quienes investigan, educan, emprenden, crean cultura, generan empleo, sostienen proyectos sociales, cuidan, innovan o gestionan con responsabilidad. En quienes, desde distintos ámbitos, contribuyen a que esta provincia sea un lugar más habitable, más justo, más dinámico.

Y no es menor que sea el Diario INFORMACIÓN quien impulse este reconocimiento. El principal nexo informativo de la prensa provincial y autonómica no solo informa; también construye relato colectivo. Y cuando decide destacar el talento, el esfuerzo y la contribución social, está enviando el mensaje claro de que lo que importa no es el ruido, sino el impacto positivo en la comunidad.

Sin embargo, en medio de esta alegría compartida, conviene no olvidar algo fundamental. Siempre hay un pero que no resta, sino que completa.

Porque junto a quienes suben al escenario a recoger un galardón, existen otras personas igualmente IMPORTANTES que raramente ocupan el centro de los focos. Personas que no reciben premios, pero sostienen silenciosamente la vida cotidiana de nuestra sociedad. Personas que muchas veces solo aparecen en los medios cuando son víctimas de de violencia, de exclusión, de precariedad, de injusticia.

Son IMPORTANTES las mujeres asesinadas o maltratadas por violencia de género, cuyo nombre no debería pronunciarse solo desde la tragedia. Son IMPORTANTES quienes no pueden acceder a una vivienda digna mientras el mercado se convierte en una barrera infranqueable. Son IMPORTANTES quienes llegan buscando refugio o mejores oportunidades de vida y se enfrentan al recelo, a la burocracia, al rechazo o al odio. Son IMPORTANTES los niños y niñas que sufren acoso escolar y los trabajadores que padecen hostigamiento laboral. Son IMPORTANTES quienes viven en situación de vulnerabilidad hasta el punto de convertirse en vulnerados por el propio sistema.

También lo son quienes no logran acceder a una sanidad pública en condiciones de equidad, quienes encadenan contratos precarios sin horizonte de estabilidad, quienes aportan talento y compromiso sin recibir el reconocimiento que merecen. Y lo son, igualmente, quienes defienden el valor de lo común frente a quienes reclaman privilegios exclusivos y excluyentes como si el bien colectivo fuese una amenaza.

Todas estas personas, mujeres y hombres anónimos, forman parte del tejido que sostiene nuestra convivencia. No aparecen en las galas, pero están en los barrios, en las aulas, en los centros de trabajo, en las asociaciones, en los cuidados diarios, en la resiliencia silenciosa. Sin ellas, sin ellos, la comunidad se resquebraja.

Reconocerlas como IMPORTANTES no es un gesto retórico. Es un acto de justicia simbólica. Es dignificar su existencia y afirmar que su vida, su esfuerzo y su sufrimiento también importan. Es comprender que la grandeza de una sociedad no se mide solo por sus éxitos visibles, sino por la manera en que cuida a quienes atraviesan momentos de fragilidad.

La Gala IMPORTANTES celebra trayectorias ejemplares. Y está bien que así sea. Necesitamos referentes. Necesitamos ejemplos que inspiren, que demuestren que el talento y el compromiso tienen sentido. Pero necesitamos, al mismo tiempo, ampliar nuestra mirada. Entender que la categoría de “importante” no puede limitarse a quienes destacan por logros extraordinarios, sino que debe incluir a quienes sostienen lo ordinario con una dignidad extraordinaria.

Quizá el verdadero reto como comunidad sea construir una cultura donde cada persona se sienta reconocida en su valor intrínseco. Donde nadie tenga que convertirse en noticia trágica para ser visible. Donde el reconocimiento no sea excepcional, sino cotidiano.

Celebremos, por tanto, con alegría sincera a quienes este jueves recibirán su merecido aplauso. Pero hagámoslo también con conciencia. Recordando que una sociedad madura no solo premia el mérito, sino que protege la dignidad. Que no solo distingue la excelencia, sino que cuida la vulnerabilidad.

Porque, en realidad, una comunidad fuerte no es la que tiene más IMPORTANTES sobre el escenario, sino la que es capaz de reconocer como IMPORTANTES a todas las personas que la hacen posible.

Y de eso, en el fondo, depende el tipo de sociedad que queremos ser.

VOX presentó una proposición de ley para prohibir el uso del burka y el niqab en espacios públicos. El Partido Popular decidió prestar su apoyo, en un movimiento que difícilmente puede desvincularse de las complejas negociaciones para conformar gobierno en comunidades como Extremadura y Aragón. Pero más allá de la aritmética parlamentaria y de las estrategias de aproximación entre ambas formaciones, lo verdaderamente relevante es el fondo ideológico que sostiene la iniciativa.

La propuesta se presentó con la envoltura aparentemente impecable de la defensa de la libertad y los derechos de las mujeres. Sin embargo, el planteamiento no nace de una preocupación genuina por la emancipación femenina, sino de una pulsión identitaria que señala al diferente como problema. La retórica de la “liberación” se convierte así en coartada para una política de exclusión.

Es evidente que el uso del burka o del niqab genera controversia en sociedades como la nuestra, donde la igualdad de género forma parte, aún al menos, del marco normativo y cultural. Resulta comprensible que muchas personas tengan dificultades para entender, compartir o incluso respetar prácticas asociadas a contextos religiosos y culturales distintos. El debate es legítimo. Pero no lo es, utilizarlo como ariete contra una comunidad concreta.

Porque conviene no engañarse, la prohibición no eliminaría el problema que dice querer resolver. Estas prendas no son simples accesorios; forman parte de un entramado cultural, religioso y simbólico complejo que, en muchos casos, ha sido interiorizado, normalizado e incluso es defendido por las propias mujeres que las portan. Pensar que una ley punitiva va a revertir esa realidad es, como mínimo, ingenuo. O deliberadamente cínico.

Cuando se legisla desde la imposición, lo que suele obtenerse es el efecto contrario al proclamado. La prohibición no emancipa; desplaza. No integra; expulsa. Y eso es precisamente lo que subyace en la iniciativa: quien no se adapte, que se marche. Es decir, la libertad que se invoca como argumento se transforma en coacción.

No hace tanto tiempo, bajo la dictadura franquista que algunos se resisten aún en reconocer y condenar con claridad, las mujeres estaban obligadas a cubrirse la cabeza en determinados contextos. Y hoy, sin ir más lejos, miles de mujeres que pertenecen a órdenes religiosas católicas —las monjas— cubren su cabello con una toca como parte de su identidad y compromiso espiritual, sin que ello genere el más mínimo reproche por parte de quienes ahora se erigen en guardianes de la libertad femenina. ¿Por qué en unas es una aberración y en otras una veneración? La respuesta no está en la defensa de los derechos de las mujeres, sino en quién encarna el símbolo y a qué cultura se le atribuye.

Nada de esto implica ignorar que existen prácticas culturales que vulneran derechos fundamentales y que deben ser abordadas. La ablación del clítoris es un ejemplo paradigmático. Pero su erradicación no se ha afrontado —ni con éxito ni con legitimidad— desde la simple prohibición penal aislada, sino mediante programas de intervención comunitaria, educación, mediación intercultural y trabajo sostenido con las propias comunidades afectadas. Se trata de transformar desde dentro, no de imponer desde fuera.

La diferencia entre ambos enfoques es sustancial. Uno parte del diálogo, el respeto y la convicción de que la igualdad se construye con las personas, no contra ellas. El otro se apoya en la confrontación, en la simplificación y en la búsqueda de rédito político a partir del miedo. Porque no nos engañemos, la iniciativa no surge en el vacío. Se inscribe en una estrategia más amplia de visibilización del migrante como amenaza, del islam como bloque homogéneo incompatible con “lo nuestro”.

Resulta especialmente paradójico que quienes denuncian el supuesto adoctrinamiento en las aulas cuando se educa en valores sobre igualdad, convivencia y respeto, recurran ahora a la legislación para imponer su propia doctrina cultural. Se invoca la democracia para limitar libertades individuales; se apela a la igualdad para estigmatizar; se habla de derechos de las mujeres sin escuchar a las mujeres concretas a las que se dice defender.

El debate sobre el burka y el niqab no puede reducirse a una proclama, ni a un gesto legislativo efectista. Exige rigor, sensibilidad y, sobre todo, honestidad intelectual. Si de verdad preocupa la situación de las mujeres musulmanas, la apuesta pasa por reforzar políticas de integración, garantizar acceso a educación, empleo y servicios públicos, y promover espacios de participación donde expresar su voz sin tutelas ni instrumentalizaciones.

Prohibir es siempre la vía más sencilla cuando lo que se busca no es resolver un problema, sino exhibir autoridad. Convertir una cuestión compleja en un símbolo de confrontación puede dar réditos y apoyos a corto plazo. A largo plazo, erosiona el tejido común y genera enfrentamiento. Y una democracia que sacrifica la libertad en nombre de una supuesta protección termina pareciéndose demasiado a aquello que dice combatir.

El voto es una condición necesaria para que un sistema político pueda considerarse democrático. En eso no existe discusión posible. Sin embargo, otra cuestión muy distinta es asumir que el simple hecho de votar, de manera libre y anónima, convierte automáticamente a la ciudadanía en sujeto activo, consciente y corresponsable del proceso democrático. Elegir representantes es un elemento esencial, pero no suficiente, si ese gesto no va acompañado de implicación, reflexión crítica y sentido de responsabilidad colectiva que habitualmente se verbaliza con la falsa expresión de considerarse apolítico.

En los últimos años asistimos a un incremento sostenido de la abstención electoral. Una realidad que preocupa, aunque a menudo se banaliza o se interpreta de forma interesada. Existen dos grandes lecturas que tratan de justificar este fenómeno. Por un lado, quienes consideran que la abstención puede entenderse como signo de normalidad democrática cuando las cosas funcionan razonablemente bien, al estimar parte de la ciudadanía que su voto no resulta imprescindible. Por otro, quienes la explican como expresión de desilusión, hartazgo o rechazo hacia una clase política percibida como distante, ensimismada y ajena a los problemas reales de la gente. En ambos casos, la abstención se presenta como una opción legítima.

Sin embargo, la abstención no es un gesto neutro ni políticamente inocuo. Supone, ante todo, la renuncia a un derecho conquistado tras décadas de lucha colectiva y, al mismo tiempo, el incumplimiento de un deber básico con la comunidad de la que se forma parte. Que el voto sea libre y voluntario no elimina su dimensión ética y social. Abstenerse es abdicar de la capacidad individual de decidir quién nos representa y, por extensión, de influir en el rumbo común. Y esa renuncia no puede justificarse como una forma coherente de rechazo al sistema democrático sin incurrir en una contradicción profunda.

Existen, además, mecanismos claros para expresar el desacuerdo o el castigo político sin abandonar el ejercicio del derecho al voto. El voto en blanco es uno de ellos. Un gesto explícito, visible y cuantificable que transmite de manera inequívoca el rechazo a las opciones existentes sin delegar la decisión en otros. La abstención, en cambio, es ambigua. Puede responder a una protesta consciente, pero también a la indiferencia, a la pereza cívica o a la falta de análisis. Peor aún, puede convertirse en una forma de complicidad pasiva con resultados no deseados que se producen precisamente gracias a esa ausencia.

A esta realidad se suma un elemento fundamental que rara vez se aborda con honestidad. La abstención no afecta por igual a todos los espacios ideológicos. La derecha suele comportarse de forma más disciplinada y constante en su participación electoral. Fideliza su voto incluso en contextos adversos y mantiene niveles de adhesión relativamente estables. La izquierda, por el contrario, se muestra más proclive a la duda, a la fragmentación y a la abstención como mecanismo de protesta interna. El resultado es conocido, los castigos electorales recaen con mayor dureza sobre la izquierda, mientras la derecha conserva una base sólida que le permite resistir e incluso avanzar.

Esta asimetría no es un fenómeno menor, porque la desafección traducida en abstención genera un terreno especialmente fértil para la aparición de figuras mesiánicas con discursos populistas, reaccionarios y rupturistas. Liderazgos que se presentan como salvadores frente a un sistema supuestamente corrupto, pero que en realidad ofrecen muy poco reformismo real y aún menos compromiso democrático. Son discursos construidos sobre el miedo, el odio, la alarma social y la confrontación permanente, carentes de propuestas razonadas y razonables, pero extraordinariamente eficaces en contextos de desencanto y vacío político. El abstencionismo, lejos de frenar estas dinámicas, las favorece, al reducir la participación crítica y dejar el espacio público en manos de minorías muy movilizadas.

Ante este panorama, resulta especialmente preocupante que los partidos políticos dediquen más energía a la confrontación estéril entre ellos que a analizar las causas profundas de la desafección ciudadana. En lugar de aproximarse a la realidad cotidiana de la gente, de escuchar sus problemas y de ejercer una empatía colectiva real, optan por el ruido, el insulto y la lógica del adversario como enemigo. Ese comportamiento es percibido como desinterés y desprecio, alimentando un círculo vicioso que incrementa aún más la abstención y deteriora la confianza en las instituciones.

Resulta imprescindible una auténtica pedagogía del voto. No una apelación coyuntural al miedo ni al interés partidista, sino una reflexión honesta sobre lo que significa votar como acto de responsabilidad democrática y compromiso con el bienestar común. El paso del tiempo ha desgastado la democracia, y nadie parece estar haciendo lo suficiente para recuperar la ilusión por participar ni el respeto por las decisiones colectivas. El resultado es una combinación peligrosa de polarización, despolitización, inmovilismo y pérdida progresiva de calidad democrática. Votar no basta, pero no votar debilita todo aquello que se dice querer cambiar.