Vivimos en una sociedad que celebra el éxito, la productividad, la innovación y la velocidad. Admiramos a quienes construyen grandes empresas, descubren tratamientos revolucionarios o desarrollan tecnologías capaces de transformar nuestras vidas. Sin embargo, rara vez prestamos la misma atención a aquello que hace posible que la vida continúe cada día. Rara vez reconocemos el valor del cuidado.

            El cuidado está presente desde el nacimiento hasta la muerte. Sostiene la infancia, acompaña la enfermedad, protege la fragilidad, promociona la salud, favorece la autonomía y aporta dignidad cuando las fuerzas escasean.

            Pese a ello, seguimos actuando como si cuidar fuera algo secundario. Con frecuencia identificamos el cuidado exclusivamente con los hospitales, los centros de salud o los servicios sociales. Pensamos en profesionales atendiendo a personas enfermas. Y aunque esa imagen es cierta, resulta claramente insuficiente. El cuidado no nació en la sanidad ni pertenece exclusivamente a ella. Existía mucho antes de que aparecieran hospitales, diagnósticos o tratamientos. Surgió cuando los seres humanos comprendieron que solo podían sobrevivir ayudándose mutuamente.

            Cuidar es mucho más que curar. Es acompañar a una persona mayor que vive sola. Es escuchar a quien atraviesa una situación difícil. Es apoyar a una familia que afronta una enfermedad. Es educar a un niño. Es proteger el medio ambiente que condiciona nuestra salud. Es construir comunidades donde nadie quede excluido. Es generar espacios de convivencia donde el respeto y la solidaridad tengan más fuerza que la indiferencia.

            Resulta paradójico que aquello que sostiene buena parte de nuestra vida sea, al mismo tiempo, una de las realidades más invisibles. Millones de personas cuidadoras familiares dedican tiempo, energía y afecto a atender a personas con pérdida de autonomía, mayores o con enfermedades crónicas o degenerativas. Sin ellas, los sistemas sanitarios y sociales serían incapaces de responder a las necesidades existentes.

            Esta realidad no puede entenderse sin incorporar la perspectiva de género. Durante siglos, el cuidado ha sido considerado una obligación moral asociada a las mujeres más que una responsabilidad social compartida. Esa visión ha contribuido a invisibilizarlo, infravalorarlo y dar por hecho que debe asumirse de manera gratuita y silenciosa. Las mujeres continúan soportando gran parte de la carga de los cuidados, con consecuencias sobre su salud, su desarrollo profesional y sus oportunidades vitales. Reconocer el valor del cuidado exige también avanzar hacia una distribución más justa y equitativa de dicha responsabilidad.

            A ello se suma otra realidad frecuentemente ignorada. Una parte muy importante de los cuidados es prestada por personas migrantes. Mujeres y hombres que dejaron atrás sus países, sus familias y sus proyectos de vida para tener una vida digna, cuidando de otras personas. Su trabajo ha permitido responder a necesidades crecientes derivadas del envejecimiento, la dependencia y la transformación de las estructuras familiares. Sin embargo, su aportación continúa siendo escasamente reconocida y, en demasiadas ocasiones, desarrollada en condiciones de precariedad e invisibilidad, cuando no de criminalización y culpabilidad.

            Pero cualquier cuidado no es suficiente. La buena voluntad es imprescindible, pero no sustituye al conocimiento. Por eso el cuidado profesional tiene un valor irrenunciable. Y en ese ámbito las enfermeras desempeñan un papel fundamental, aunque no exclusivo. No se puede entender el cuidado profesional sin las enfermeras, como tampoco puede entenderse la práctica enfermera sin el cuidado. Las enfermeras acompañan, orientan, previenen, educan, coordinan y ayudan a las personas, las familias y las comunidades a afrontar situaciones complejas de salud y de vida. Lejos de competir, el cuidado profesional y el cuidado familiar se complementan. Ambos forman parte de una misma realidad que debería estar mejor reconocida y apoyada.

            Pero, cuidar es también es una decisión política. En el sentido más profundo del término. Cada presupuesto, cada ley y cada política pública reflejan aquello que una sociedad considera importante. Cuando se invierte en educación, en salud, en dependencia, en vivienda o en protección ambiental, se está cuidando. Cuando esos ámbitos se descuidan, las consecuencias terminan apareciendo en forma de desigualdad, sufrimiento y deterioro social. Es necesario, por tanto, que el cuidado cree condiciones para que las personas puedan vivir mejor y con mayor dignidad.

            Uno de los mayores errores de nuestro tiempo ha sido considerar el cuidado como algo natural, casi automático, como si siempre fuera a estar ahí. Pero la realidad demuestra que cuidar requiere tiempo, recursos, conocimiento, reconocimiento, compromiso y voluntad colectiva.

            Una sociedad que sitúa el cuidado en el centro apuesta por la equidad, la cohesión y la salud. Si lo ignora termina pagando un precio mucho más alto, aunque tarde en darse cuenta.

            El cuidado no es un gasto, ni una carga. No es una asignación social de género, ni una actividad secundaria reservada para momentos de dificultad. El cuidado es lo que nos permite seguir siendo personas. Por eso hay que cuidarlo y reconocerlo como uno de los mayores patrimonios universales de la humanidad.

         Vivimos en sociedades obsesionadas con vivir más años, pero mucho menos preocupadas por cómo vivimos esos años y, sobre todo, por cómo miramos a quienes envejecen. Hablamos constantemente de longevidad, de esperanza de vida, de envejecimiento activo o de sostenibilidad de los sistemas sanitarios, pero rara vez nos detenemos a pensar qué lugar ocupan realmente las personas mayores en nuestras vidas, en nuestras familias y en nuestras comunidades.

            Porque el problema no es que existan más personas mayores. El verdadero problema aparece cuando dejamos de saber qué hacer con ellas más allá de cuidarlas desde una lógica asistencial, paternalista y demasiadas veces profundamente estigmatizante. Como si envejecer significara dejar de formar parte plenamente de la vida para convertirse progresivamente en alguien a quien proteger, vigilar o gestionar.

            Y quizá ahí comienza uno de nuestros mayores errores.

            Hemos medicalizado tanto la vejez que, en ocasiones, parece que envejecer fuese una enfermedad. Y no lo es. La edad avanzada puede acompañarse de fragilidad, dependencia o enfermedad, igual que sucede en otros momentos de la vida, pero la vejez no constituye una patología. Sin embargo, seguimos relacionándonos con las personas mayores casi exclusivamente desde aquello que ya no pueden hacer, desde sus limitaciones o desde sus necesidades de cuidado. Y al hacerlo dejamos de mirar todo lo que siguen siendo.

            Porque las personas mayores continúan teniendo deseos, emociones, pensamiento crítico, sexualidad, memoria, miedo, proyectos y necesidad de sentirse útiles. Continúan sosteniendo vínculos familiares, transmitiendo experiencia, acompañando procesos vitales y aportando serenidad en un mundo cada vez más acelerado. Pero vivimos atrapados en una cultura que valora sobre todo la productividad inmediata, la rapidez y la capacidad de consumo. Y eso convierte a quienes envejecen en personas aparentemente menos visibles, menos útiles y, en cierto modo, incómodas.

            Existe además una forma de maltrato especialmente silenciosa, la infantilización. Hablarles como si fueran niños, decidir por ellas sin preguntar, ocultar información “para que no sufran” o interpretar cualquier desacuerdo como obstinación propia de la edad. Pero las personas mayores no son niños. Ya lo fueron. Y sus comportamientos no responden a infantilismo, sino a trayectorias vitales complejas, pérdidas acumuladas y formas distintas de comprender el mundo.

            Muchas veces no estamos ante personas que no entienden nada, sino ante personas que intentan comprender un entorno que cambia demasiado deprisa y que, con frecuencia, deja de contar con ellas.

            Por eso el cuidado no puede significar sustituir vidas. Cuidar debería consistir en sostener dignidad y autonomía hasta donde sea posible. Ayudar sin anular. Proteger sin aislar. Acompañar sin hacer desaparecer la capacidad de decidir. Incluso cuando la autonomía disminuye sigue existiendo necesidad de participación, de reconocimiento y de respeto.

            Y ahí el cuidado comunitario adquiere una importancia fundamental. Porque cuidar no puede recaer exclusivamente sobre las familias ni, mucho menos, sobre una única persona cuidadora que termina sacrificando su propia vida física y emocional. Durante demasiado tiempo hemos romantizado el cuidado hasta convertirlo casi en una obligación moral ilimitada, especialmente para las mujeres.

            No se trata de morir de amor cuidando. Se trata de cuidar con amor sin abandonar el autocuidado.

            Necesitamos comunidades capaces de acompañar, escuchar y sostener. Necesitamos redes sociales y vecinales que no hagan desaparecer a las personas mayores de la vida cotidiana. Porque la soledad no siempre llega sola. Muchas veces se la provocamos nosotros con nuestras prisas, nuestras ausencias, nuestra incomodidad ante la dependencia o nuestra incapacidad para convivir con la vulnerabilidad.

            La soledad empieza cuando dejamos de escuchar. Cuando sustituimos conversaciones por trámites. Cuando dejamos de visitar. Cuando apartamos progresivamente a las personas mayores de los espacios donde sigue transcurriendo la vida.

            Posiblemente uno de nuestros mayores fracasos colectivos sea la enorme dificultad que tenemos para hablar de la muerte. Hemos conseguido prolongar la vida, pero no siempre sabemos acompañar el final de esa vida con verdad, serenidad y dignidad. Seguimos ocultando información, evitando conversaciones difíciles y tomando decisiones sin contar realmente con quienes están viviendo ese proceso.

            Sin embargo, preparar para morir también es una forma de cuidar. Cuidar es permitir despedidas. Respetar voluntades. Hablar con honestidad. Disminuir sufrimiento. Acompañar hasta el final sin convertir la muerte en un tabú o en un fracaso.

            Tal vez el verdadero reto no consista únicamente en vivir más años, sino en seguir teniendo sentido, vínculos y dignidad mientras vivimos esos años.

            Porque las personas mayores no son un problema que gestionar ni una carga que soportar. Son personas adultas con historia, experiencia, emociones y derechos.

            Por eso el nivel ético de una sociedad no se deba medir tanto por cómo se protege a a la juventud o a la productividad, sino por cómo se escucha, acompaña e integra a quienes envejecen.

            Cuidar a las personas adultas mayores no debería significar apartarlas de la vida para, supuestamente, protegerlas, sino seguir haciendo posible que formen parte de ella hasta el final.

Hay sociedades que enferman lentamente sin apenas darse cuenta. No lo hacen únicamente por el aumento de determinadas patologías o por la saturación de sus sistemas sanitarios. Enferman también cuando se deterioran los vínculos que permiten convivir, cuando la desconfianza sustituye al reconocimiento mutuo y cuando el sufrimiento ajeno deja de generar preocupación para convertirse en ruido de fondo. La salud de una sociedad no depende exclusivamente de hospitales, diagnósticos o avances tecnológicos. Depende también de su capacidad para cuidar y cuidarse.

            La pandemia de COVID-19 evidenció esta realidad de manera clara. Donde existían redes comunitarias sólidas, confianza institucional y capacidad de protección mutua, la respuesta fue más resiliente. Donde predominaban la polarización, la desinformación o el individualismo extremo, el impacto social y emocional resultó mucho más devastador. Pero apenas terminó la emergencia sanitaria, gran parte del debate público regresó rápidamente a la lógica de la confrontación permanente.

            Las redes sociales, determinados espacios políticos y buena parte de los medios de comunicación consolidaron un modelo basado en el impacto emocional inmediato, la simplificación extrema y el enfrentamiento constante. El ruido comenzó a ocupar casi todo el espacio. Y el ruido no es inocuo. Desgasta. Agota. Fragmenta. Dificulta pensar y escuchar. Convierte cualquier diferencia en amenaza y cualquier matiz en sospecha.

            En este sentido, resulta especialmente preocupante la normalización de determinadas formas de comunicación pública basadas en la descalificación permanente, la simplificación extrema o la generación deliberada de miedo.

            La consecuencia es profundamente paradójica. Nunca habíamos tenido tanta capacidad tecnológica para comunicarnos y, al mismo tiempo, nunca había resultado tan difícil encontrarse verdaderamente. Vivimos hiperconectados, pero crecientemente desvinculados. Saturados de mensajes, pero empobrecidos de escucha.

            Por eso resulta tan limitado reducir el cuidado a una cuestión doméstica o exclusivamente sanitaria. El cuidado atraviesa toda la estructura social. Se expresa en cómo se educa, cómo se gobierna, cómo se informa, cómo se debate y también en cómo se ejerce el poder. Una sociedad cuida cuando protege a quienes sufren situaciones de fragilidad, pero también cuando evita convertir esa fragilidad en motivo de exclusión, desprecio o estigmatización.

            En este contexto, cuidar comienza a percibirse casi como una forma de resistencia. Resistirse a la indiferencia. Resistirse a la deshumanización. Resistirse a la lógica que convierte a las personas en números, impactos o rendimientos. Porque cuidar exige tiempo, presencia, escucha y continuidad. Y precisamente por eso entra en contradicción con modelos obsesionados por la rapidez, la productividad y el rendimiento constante.

            Las enfermeras comunitarias lo saben bien. Porque trabajan precisamente allí donde el deterioro del vínculo social se hace más visible. En domicilios donde la soledad pesa más que muchas enfermedades. En familias agotadas por la precariedad o la dependencia. En adolescentes atravesados por la incertidumbre emocional. En personas adultas mayores cuya principal patología es muchas veces la invisibilidad social. Pero también construyendo comunidades saludables, fortaleciendo redes de apoyo y favoreciendo que los activos comunitarios actúen como verdaderos dinamizadores de salud colectiva, articulando entornos más habitables, cohesionados y saludables.

            Esa mirada comunitaria permite comprender algo tan esencial como que muchas veces el conflicto aparece allí donde previamente ha desaparecido el cuidado. Cuando las personas dejan de sentirse escuchadas, reconocidas o protegidas, aumentan la frustración, el miedo y el resentimiento. Y cuando el miedo se convierte en eje organizador de la convivencia, resulta mucho más sencillo alimentar discursos simplistas basados en el rechazo, la exclusión o la búsqueda de culpables.

            Por eso cuidar también significa proteger espacios de encuentro, reconstruir confianza y fortalecer comunidad. Significa generar condiciones para que las personas puedan sentirse parte de algo compartido. Porque la salud colectiva no depende únicamente de reducir enfermedades, sino también de favorecer vidas dignas, habitables y socialmente vinculadas

            Curar es imprescindible. Pero no suficiente. Las sociedades también necesitan ser cuidadas. Necesitan comprender que la convivencia no se sostiene únicamente mediante leyes o estructuras administrativas, sino también mediante formas cotidianas de reconocimiento mutuo.

            El lema elegido este año por el Consejo Internacional de las Enfermeras —“Nuestras enfermeras. Nuestro futuro. Las enfermeras empoderadas salvan vidas”— no debería quedarse en una simple declaración institucional. Empoderar verdaderamente a las enfermeras significa reconocer el valor social, comunitario y transformador del cuidado profesional.

            Pero también significa algo más profundo como incorporar la salud y los cuidados en todas las políticas. En las educativas, laborales, universitarias, sociales, urbanísticas y comunitarias. Porque gran parte de los problemas que hoy deterioran la convivencia y la salud colectiva no pueden resolverse únicamente desde respuestas clínicas fragmentadas. Requieren reconstruir tejido social, fortalecer comunidades y recuperar el cuidado como elemento vertebrador de nuestras relaciones humanas.

            Solo así el cuidado dejará de actuar exclusivamente como respuesta reparadora frente al daño para convertirse también en una verdadera herramienta de transformación social capaz de corregir, o al menos amortiguar, muchos de los efectos nocivos de sociedades crecientemente polarizadas, aceleradas y emocionalmente agotadas.

Hay conflictos que dejan de ser únicamente laborales para convertirse en el reflejo exacto de cómo un gobierno entiende lo público. Y eso es precisamente lo que está ocurriendo con la huelga indefinida del profesorado en la Comunitat Valenciana. Porque lo que hoy se discute ya no son solo ratios, plantillas, condiciones laborales o infraestructuras educativas. Lo que realmente ha quedado al descubierto es la manera en que el Consell presidido por Pérez Llorca concibe la educación pública y el respeto hacia quienes la hacen posible a diario.

            Mantener una huelga indefinida supone un desgaste económico, emocional y profesional enorme para quienes la secundan. Por eso resulta especialmente significativo que, lejos de diluirse, las movilizaciones hayan ido creciendo y encontrando respaldo no solo entre docentes, sino también entre familias, alumnado y amplios sectores de la ciudadanía. Cuando eso sucede, el problema ya no puede reducirse a una protesta sindical. Lo que emerge es una sensación colectiva de deterioro, abandono y falta de escucha institucional.

            Ante una situación así, cabría esperar prudencia, capacidad de negociación y voluntad política de acuerdo. Sin embargo, la reacción del PP valenciano ha transitado justamente por el camino contrario. La afirmación de que “los docentes están enfermos en invierno y sanos en verano” no constituye simplemente un comentario desafortunado. Es una descalificación profundamente irresponsable hacia miles de profesionales que desempeñan una labor esencial para cualquier sociedad democrática.

            Pero más allá de la torpeza política de semejantes declaraciones, lo verdaderamente preocupante es la inquina que parecen evidenciar hacia unos funcionarios a quienes cualquier gobierno debería defender a capa y espada, a pesar de desacuerdos puntuales como los que generan una huelga. Porque gobernar no consiste en desacreditar a quienes sostienen los servicios públicos, sino en protegerlos, escucharlos y tratar de garantizar las mejores condiciones posibles para que puedan desarrollar su trabajo.

            Cuando un gobierno opta por ridiculizar a quienes protestan en lugar de afrontar las causas de la protesta, deja de actuar como parte de la solución para convertirse directamente en parte del problema. Y lo más grave es que ese tipo de declaraciones no solo deterioran la negociación; deterioran también la legitimidad institucional de quienes las realizan.

            Resulta además inevitable comparar la actitud mantenida por el Consell ante esta huelga con la que viene mostrando desde hace meses con funcionarios de otro sector público. La diferencia de tono, de consideración y de respuesta política ha sido demasiado evidente como para ignorarla. Y eso alimenta la percepción de que existen funcionarios de primera y de segunda; profesionales merecedores de reconocimiento institucional y otros a quienes se puede desacreditar públicamente sin excesivo coste político.

            Tampoco ayuda, precisamente, acusar al profesorado de haber esperado a que gobernase el PP para iniciar las movilizaciones. Ese tipo de argumentos no solo resultan pobres; revelan una preocupante incapacidad para asumir responsabilidades propias. Porque es evidente que muchos problemas de la educación pública valenciana son estructurales y vienen de lejos. Pero también lo es que el actual Consell no solo no ha conseguido reconducirlos, sino que ha agravado el clima de confrontación mediante decisiones impropias de quien debería liderar soluciones.

            Mientras el gobierno valenciano traslada la idea propagandística de que “cumple bajando impuestos”, la realidad demuestra que las rebajas fiscales tienen consecuencias directas sobre la capacidad de sostener servicios públicos de calidad. Cuando la prioridad política pasa por reducir ingresos mientras la educación pública acumula déficits tan graves, lo que termina emergiendo no es eficiencia, sino deterioro.

            No se puede defender la excelencia educativa mientras se minusvalora al profesorado. No se puede reclamar compromiso cuando quienes sostienen el sistema reciben sospechas, descalificaciones o desprecio institucional. Y no se puede exigir calidad en la educación pública mientras se vacía progresivamente de recursos, reconocimiento y capacidad de respuesta.

            Toda negociación exige cesiones. Pero para negociar hacen falta tres elementos imprescindibles: respeto, credibilidad y voluntad real de acuerdo. Y son precisamente esos tres elementos los que el Consell parece haber ido perdiendo conforme el conflicto avanzaba. Porque una cosa es discrepar ante determinadas reivindicaciones y otra muy distinta intentar desgastar públicamente a quienes protestan.

            Si el president de la Generalitat considera que la actual Consellera de Educació ha agotado su capacidad política para gestionar este conflicto, lo coherente sería actuar en consecuencia. Lo que no resulta aceptable es permitir que la situación continúe deteriorándose mientras se responde con soberbia, pasividad y declaraciones incendiarias que solo incrementan la tensión.

            Finalmente, lo que queda patente es la escasa consideración que este gobierno demuestra hacia la educación pública. Ese y no otro es el verdadero problema. La triste realidad y la penosa vergüenza de un gobierno incapaz de comprender que la educación no constituye un gasto incómodo, sino una de las principales garantías de igualdad, cohesión social y dignidad democrática de cualquier sociedad que aspire realmente a tener futuro.

            Vivimos un tiempo marcado por la aceleración tecnológica, la expansión de la inteligencia artificial y una forma de vivir cada vez más centrada en lo inmediato, lo individual y lo utilitario, el valor del cuidado corre el riesgo de diluirse. No como acto puntual, sino como fundamento de la convivencia.

            Mientras la ciencia y la tecnología abren posibilidades inéditas, crecen también el cuestionamiento del conocimiento riguroso, la desconfianza hacia lo colectivo y la normalización de formas de relación basadas en la imposición, el desprecio o la indiferencia hacia quien es diferente. Se debilitan los vínculos, se endurecen los discursos y se tensiona el sentido mismo de la dignidad humana. En ese contexto, el cuidado no es una opción.

            Cuidar implica escuchar, acompañar, comprender, respetar. Implica reconocer al otro como legítimo, incluso —y especialmente— cuando es distinto o vulnerado. Supone construir espacios de encuentro donde el consenso sea posible y donde la diferencia no se convierta en amenaza. El cuidado es una forma de organizar la vida social, política y profesional.

            Cuando el cuidado se debilita, no solo se resienten las relaciones personales. Se resiente el tejido social en su conjunto.

            Por eso, las enfermeras representan la mejor forma de entender y prestar el cuidado. Su identidad se sustenta en un conocimiento científico sólido y en una competencia que integra la dimensión biológica, psicológica, social y contextual. Generan salud en sentido amplio, atendiendo a las condiciones de vida y a los entornos en los que las personas nacen, crecen, trabajan, se relacionan, envejecen y mueren.

            Cuando se cuestionan principios básicos como la universalidad de la atención, se rechaza y acosa al diferente o se banalizan situaciones de violencia y desigualdad, su aportación adquiere una relevancia especial. No desde el protagonismo o la exclusividad, ni desde la reivindicación corporativa, sino desde la práctica permanente de un cuidado profesional que responde con eficacia, calidad y calidez a necesidades cada vez más complejas.

            Porque el cuidado promociona la salud, como forma de vida. Pero también contribuye a prevenir y evitar, cuando es posible, la enfermedad, acompañando en los procesos de recuperación, facilitando la rehabilitación y reinserción y, sobre todo, contribuyendo a que las personas y las comunidades desarrollen capacidades para cuidar de sí mismas y de los demás.

            Ahí reside una de sus mayores fortalezas. En su capacidad para generar autonomía, para fortalecer, para transformar la relación entre las personas y su propia salud. Con ellas y para ellas, nunca a pesar de ellas.

            En un mundo donde el hedonismo convive con la frustración, donde la radicalización desplaza al diálogo y donde la inmediatez sustituye a la reflexión, el cuidado introduce un tiempo distinto. Un tiempo que no se puede comprimir sin perder sentido. Un tiempo que exige presencia, compromiso y responsabilidad.

            Frente a una lógica de eficacia entendida solo como rapidez o rendimiento, el cuidado aporta otra medida de valor. Aquella, que se expresa en bienestar, en dignidad, en calidad de vida. Aquella que no tiene listas de espera.

            Por eso, en el Día Internacional que se celebra cada 12 de mayo, hablar de enfermeras no debe ser un ejercicio de elogio circunstancial ni de reconocimiento puntual. Tampoco una acumulación de adjetivos grandilocuentes ni de homenajes efímeros. Es la oportunidad para entender qué representan y por qué su presencia y aportación debe ser reconocida y valorada. Sin alaracas, pero con convicción. Sin palabras huecas, pero con honestidad.

            Porque hacerlo, no es solo reconocer a un colectivo profesional. Es reconocer la centralidad del cuidado enfermero en una sociedad que, paradójicamente, lo necesita más que nunca. Es asumir que no hay salud posible sin cuidado y que no hay cuidado de calidad sin enfermeras formadas, comprometidas y presentes en todos los ámbitos donde la vida sucede.

            Porque las enfermeras cuidan en los sistemas de salud, pero también en las escuelas, en los domicilios, en las comunidades, en los espacios donde la vulnerabilidad se hace visible y donde, a menudo, nadie más llega.

            Y lo hacen sin distinción, sin seleccionar a quién merece o no ser cuidado. Esa es, quizá, una de las claves más relevantes en el momento actual. Cuando se introducen discursos que cuestionan la igualdad de derechos o que pretenden establecer categorías entre personas, el cuidado profesional enfermero se mantiene firme en el principio básico de que todas las personas merecen ser cuidadas. Sin excepciones.

            Celebrar el Día Internacional de las Enfermeras, es mirarnos como sociedad y preguntarnos qué lugar ocupa el cuidado en nuestras decisiones, en nuestras prioridades y en nuestra forma de relacionarnos. Porque esta será la mejor manera de celebrar que contamos con enfermeras. Porque nada puede sustituir al cuidado. Y nadie puede vivir sin él.

            En ese equilibrio entre ciencia y humanidad, entre conocimiento y compromiso, entre técnica y relación, las enfermeras no solo están presentes, son, sencillamente, insustituibles.

En marzo de 2024, la Unión Internacional de Ciencias Geológicas decidió no formalizar el Antropoceno como una época geológica oficial. Sin embargo, más allá de la nomenclatura, el concepto sigue siendo imprescindible para entender el tiempo que habitamos, una era definida por el impacto de la especie humana sobre el planeta.

            Pero el problema no es tanto si el Antropoceno merece o no reconocimiento formal, sino qué estamos dispuestos a reconocer de nosotros mismos.

            Porque el impacto humano sobre la Tierra no se limita a la degradación ambiental. No es solo la alteración de la atmósfera, la acidificación de los océanos o la extinción masiva de especies —la sexta ya en la historia del planeta—. Es también, y de manera cada vez más evidente, el impacto de una parte de la humanidad sobre el resto de la propia humanidad.

            No estamos únicamente ante un fenómeno antropocéntrico global. Sería demasiado cómodo pensarlo así, como si todos fuéramos igualmente responsables. Lo que estamos viviendo tiene otra dimensión más inquietante como la acción de una minoría que, desde posiciones de poder, está imponiendo una lógica que podríamos denominar —sin pretensión científica— egoantropocéntrica. Una lógica que no solo depreda el planeta, sino que actúa directamente contra la diversidad humana, contra la convivencia y contra la propia idea de humanidad compartida.

            Las señales son cada vez más visibles. Las políticas migratorias que vinculan movilidad con criminalidad. La estigmatización de culturas y creencias enteras bajo la sombra del terrorismo. La negación de la diversidad sexual y su progresiva criminalización. La construcción de un concepto de patria excluyente, uniforme, homogéneo. La banalización o negación de violencias estructurales como la de género. El resurgir de discursos misóginos y antifeministas que creíamos superados. El uso sistemático de mensajes populistas, simplificadores y emocionalmente manipuladores que sustituyen el pensamiento por consignas. Nada de esto es nuevo. Lo inquietante es su normalización.

            Y ahí es donde aparece un elemento clave para entender lo que está ocurriendo: la estupidez humana. No como insulto, sino como categoría moral y política. Tal como describió Dietrich Bonhoeffer, la estupidez no es falta de inteligencia, sino renunciar a pensar. Es la decisión —consciente o no— de delegar el propio juicio en un líder, en un grupo, en una ideología, en un eslogan.

            El estúpido, en este sentido, no es quien no sabe, sino quien ha decidido no querer saber por sí mismo. Y eso lo convierte en algo mucho más peligroso que la ignorancia. Porque al ignorante se le puede convencer con argumentos. Al estúpido no. Ha sustituido su razón por la de otro, y desde ese momento ya no hay diálogo posible. No contrasta, no cuestiona, no duda. Cree. Y en esa creencia se siente parte de algo superior, de algo correcto, de algo que justifica cualquier acción. Por eso la estupidez es el instrumento perfecto del poder.

            Quienes toman decisiones que deterioran el planeta, que alimentan conflictos, que promueven la exclusión o la desigualdad, no actúan solos. Necesitan de una masa que legitime, que aplauda, que repita. Y esa masa no siempre es consciente de lo que está respaldando. Defiende con vehemencia ideas que no ha pensado, posiciones que no ha analizado, discursos que no le pertenecen o que incluso van en su contra.

            No estamos ante una distopía. Estamos ante una realidad que avanza. Una realidad en la que la destrucción del entorno y la degradación de la convivencia humana caminan de la mano. En la que el negacionismo no es solo una postura intelectual, sino una herramienta de dominación. En la que la evidencia científica, los datos, los argumentos, pierden valor frente a la emoción, el miedo o la identidad grupal.

            Pero, tal vez, lo peor es que la estupidez no se corrige con educación, ni con más información, ni con mejores argumentos. Porque no es un problema de conocimiento, sino de decisión. La decisión de pensar.

            Pensar por uno mismo es incómodo. Obliga a cuestionar, a dudar, a aceptar la incertidumbre. A veces implica enfrentarse al propio entorno, salirse del grupo, asumir el coste de no encajar. Pensar es, en cierto modo, un acto de riesgo.

            Pero no pensar lo es mucho más. Porque la renuncia al pensamiento propio no solo empobrece al individuo. Tiene consecuencias colectivas. Permite que prosperen modelos sociales excluyentes, políticas injustas y decisiones que comprometen el futuro común. Alimenta ese egoantropocentrismo que no solo destruye el planeta, sino que erosiona la base misma de la convivencia humana.

            Posiblemente el verdadero desafío de nuestro tiempo sea recuperar algo mucho tan básico y al mismo tiempo tan complejo como la capacidad de pensar de manera autónoma.

            Finalmente, no se trata tanto de etiquetas geológicas o debates académicos. Porque lo que está en juego no es cómo llamamos a esta era, sino qué tipo de humanidad decidimos ser en ella.

            La situación generada por el hantavirus en un crucero holandés está siendo utilizada, una vez más, como arma política. Y más allá del debate partidista, de las tertulias aceleradas y de la necesidad permanente de algunos de convertir cualquier circunstancia en un campo de batalla ideológico, conviene no perder de vista lo verdaderamente importante: estamos ante un problema de Salud Pública.

            Los problemas de Salud Pública no se gestionan desde el ruido, el cálculo electoral o la ocurrencia. Se gestionan desde la evidencia científica, los protocolos internacionales y la coordinación entre organismos competentes. Es decir, desde el conocimiento técnico y la experiencia acumulada por instituciones como la Organización Mundial de la Salud y el propio Ministerio de Sanidad, responsable de activar y coordinar las actuaciones correspondientes en este tipo de situaciones.

            No se trata de opiniones. Ni de intuiciones. Ni de relatos interesados.

            Sin embargo, lo que debería afrontarse con prudencia y rigor se está convirtiendo deliberadamente en un espectáculo político. Solicitar el cese de la ministra de Sanidad, amenazar con denuncias judiciales por la llegada del crucero a Canarias o cuestionar las medidas de cuarentena adoptadas no responde a un análisis epidemiológico serio. Responde a una estrategia de desgaste que necesita convertir cualquier situación compleja en una crisis política permanente.

            Pero en esta ocasión se ha dado un paso más preocupante todavía. Porque ya no se trata únicamente de exagerar riesgos o cuestionar decisiones concretas. Se está intentando instalar la idea de que el brote responde a una maniobra diseñada por el Gobierno para desviar la atención de sus problemas políticos y de los casos de corrupción que le afectan. Es decir, se está sugiriendo que una alerta sanitaria internacional puede formar parte de una especie de montaje político deliberado.

            Y ahí es donde la irresponsabilidad alcanza niveles especialmente graves.

            Porque convertir un problema sanitario en una teoría conspirativa no solo degrada el debate público. También alimenta la desconfianza social, favorece la desinformación y erosiona la credibilidad de las instituciones encargadas de proteger la salud colectiva. Exactamente el mismo terreno sobre el que crecieron durante la pandemia los bulos, el negacionismo y los discursos pseudocientíficos que tanto daño hicieron.

            Mientras tanto, los especialistas insisten en algo mucho más simple y mucho menos espectacular como que las medidas adoptadas se ajustan a los protocolos internacionales previstos para este tipo de situaciones. Evaluar riesgos, contener posibles contagios, actuar con cautela e informar progresivamente conforme se dispone de más datos. Ni más ni menos.

            En Salud Pública existe el principio básico que demasiadas veces se olvida de que la percepción del riesgo puede llegar a ser tan importante como el propio riesgo. Además de no olvidar nunca que el riesgo cero, no existe. Cuando se magnifican amenazas sin evidencia suficiente, cuando se lanzan acusaciones sin pruebas o cuando se banaliza una alerta sanitaria para obtener rédito político, lo que se genera no es protección ciudadana, sino miedo, confusión y polarización.

            Y una población confundida es siempre una población más vulnerable.

            La crítica política, por supuesto, forma parte de cualquier democracia sana. Lo preocupante es cuando esa crítica deja de apoyarse en hechos verificables y pasa a construirse desde la sospecha permanente, la exageración o directamente la mentira. Porque entonces deja de ser control democrático para convertirse en un mecanismo de intoxicación social.

            Resulta inevitable recordar lo ocurrido durante la pandemia de COVID-19. Entonces también se cuestionaron medidas de protección, se judicializaron decisiones sanitarias y se alimentaron discursos que presentaban las restricciones como ataques deliberados a la libertad. Con el tiempo, muchas de aquellas actuaciones —incluidos confinamientos y campañas de vacunación— demostraron haber sido esenciales para salvar miles de vidas. Pero el desgaste institucional y la fractura social ya estaban hechos.

            La experiencia reciente debería haber enseñado que en situaciones de incertidumbre sanitaria, la prudencia es una obligación política y ética. No todo vale. No puede valer todo.

            Utilizar la Salud Pública como instrumento de confrontación partidista tiene consecuencias. Se deteriora la confianza en el sistema sanitario. Se cuestiona el trabajo de profesionales y expertos. Se traslada una sensación de descontrol que no se corresponde con la realidad. Y se dificulta la gestión técnica de cualquier crisis, ya que cada decisión queda sometida inmediatamente al espectáculo de la polarización y al tribunal de la agitación política.

            Las medidas adoptadas pueden debatirse, analizarse e incluso criticarse. Lo que no resulta aceptable es convertir una alerta sanitaria en una fábrica de sospechas diseñada para erosionar al adversario político a cualquier precio.

            Porque cuando la Salud Pública se convierte en munición ideológica, lo que termina deteriorándose no es solo el debate político. Lo que se debilita es algo mucho más importante como la confianza colectiva.

            Y sin confianza, ningún sistema de salud puede proteger adecuadamente a su población de los riesgos que situaciones como esta provocan y que exigen una visión de Estado y una responsabilidad ética que lamentablemente brillan por su ausencia.

Determinadas palabras, cuando se repiten demasiado, pierden significado. “Cumplimos” es una de ellas. No porque carezca de valor, sino porque su uso abusivo acaba convirtiéndola en un recurso publicitario más que en una expresión de responsabilidad política. Y cuando eso ocurre, lo que se erosiona no es solo el lenguaje, sino la confianza.

            Que un partido decida, a más de un año de unas elecciones autonómicas, inundar las calles con carteles del president de la Generalitat Valenciana bajo el lema “Cumplimos. Bajamos los impuestos” no es algo banal. Es una declaración de intenciones. O, más bien, una estrategia para interiorizar en el imaginario común una idea que, ampliamente repetida, aspira a convertirse en verdad incuestionable.

            Pero las palabras, por sí solas, no cumplen. Cumplen los hechos. Y cuando se necesita decir lo que se hace o se cumple, lo más probable es que ni se esté haciendo ni se esté cumpliendo; de lo contrario, no haría falta anunciarlo como si fuera una oferta de grandes almacenes.

            Porque sí, los impuestos pueden haber bajado. Esa es la consigna del PP, repetida hasta la saciedad. El mantra. Pero lo que los carteles no explican —y ahí reside la trampa— es para quién han bajado, en qué medida y, sobre todo, a costa de qué. Reducir ingresos públicos no es una decisión inocua. Tiene consecuencias. Y esas consecuencias no se distribuyen de manera equitativa.

            Cuando se recauda menos, se invierte menos. Y cuando se invierte menos, los primeros en notarlo no son quienes pueden permitirse alternativas, sino quienes dependen de los servicios públicos para sostener su vida cotidiana. La sanidad, la educación, la justicia —ese entramado que sostiene el Estado social— no se mantienen con eslóganes, sino con recursos. Y esos recursos no aparecen por generación espontánea.

            Más allá del debate fiscal, lo verdaderamente relevante es la distancia entre el mensaje y la realidad. Porque el problema no es solo lo que se anuncia, sino lo que se omite.

            Se omite, el incumplimiento reiterado con las víctimas de la DANA. Un dolor que no se resuelve con silencios administrativos ni con tiempos dilatados, sino con respuestas claras, ágiles y comprometidas. Se omite la persistente sombra política que rodea a Carlos Mazón, cuya situación no puede despacharse con una estrategia de invisibilización institucional, como si el problema desapareciera con no verlo o nombrarlo.

            Se omite el debilitamiento progresivo de la lengua valenciana, por acción y omisión. Se omite, el cuestionamiento implícito a la Acadèmia Valenciana de la Llengua, institución estatutaria cuya legitimidad resulta incómoda cuando no se alinea con determinados intereses.

            Se omiten las políticas que afectan directamente a los derechos de las mujeres. No solo en lo que respecta a su capacidad de decidir sobre su propio cuerpo, sino en la tibieza —cuando no retroceso— frente a la violencia de género. Se omite el tratamiento de la inmigración desde enfoques que rozan, peligrosamente, la exclusión más que la integración. Se omite la creciente dificultad de acceso a una vivienda digna. Se omite el deterioro de la sanidad pública, tensionada por decisiones que favorecen, cada vez con menos disimulo, intereses privados. Se omite, en definitiva, todo aquello que no encaja en el relato de cumplimiento.

            Y, sin embargo, es precisamente en esos espacios donde se mide la acción de gobierno.

            Porque gobernar no es colocar carteles. Gobernar es asumir responsabilidades, incluso cuando resultan incómodas. Es tomar decisiones que no siempre generan aplausos, pero sí garantizan derechos. Es rendir cuentas, no construir relatos.

            La coincidencia temporal de esta ofensiva publicitaria con determinados movimientos en el escenario político valenciano —como la reaparición de figuras con capacidad de movilización electoral— puede interpretarse de muchas maneras. Pero incluso si fuera una casualidad, el fondo seguiría siendo el mismo, porque cuando la política se reduce a propaganda, la gestión queda en segundo plano.

            Lo que parece sostener estas estrategias no es tanto la convicción en lo que se hace, sino la necesidad de reforzar una posición debilitada. Una posición condicionada por equilibrios internos, dependencias externas y compromisos que limitan la capacidad de actuar con autonomía.

            La influencia de determinadas fuerzas políticas, asumidas como condición para gobernar, no es inocua ni es gratuita. Tampoco lo es la sombra de liderazgos que, aun sin ocupar formalmente el primer plano, continúan marcando el ritmo de las decisiones. En ese contexto, la publicidad no es solo comunicación. Es, también, un mecanismo de defensa.

            Pero la ciudadanía no necesita defensas retóricas. Necesita coherencia.

            Señor Pérez Llorca, cumplir no es decir que se cumple. Cumplir es responder a las necesidades reales de la ciudadanía, incluso cuando no generan titulares favorables. Cumplir es proteger lo común, no debilitarlo. Cumplir es gobernar pensando en el conjunto, no en la próxima campaña.

            Porque cuando el “cumplimos” se convierte en eslogan, corre el riesgo de revelar, precisamente, lo contrario.