A lo largo de la historia, numerosos pueblos han ejercido como conquistadores, colonizadores o invasores de otros territorios, imponiendo —en mayor o menor medida— su autoridad, su cultura, su religión y su organización social. Desde el Imperio Romano hasta las campañas napoleónicas o la conquista española de América, estas ocupaciones no se limitaron al dominio militar, sino que incorporaron infraestructuras, sistemas de organización, modelos educativos y elementos culturales que, con todas sus contradicciones, dejaron una huella profunda y duradera en los territorios sometidos. Hoy siguen existiendo vestigios evidentes de esas presencias: obras públicas, lenguas, sistemas jurídicos, expresiones culturales y religiosas que, pese a haber sido impuestas tras una ocupación no consentida, forman parte del acervo histórico de países actualmente soberanos.

Nada de ello justifica la violencia, el sometimiento ni la vulneración de la libertad de los pueblos invadidos. Tampoco resulta aceptable establecer jerarquías morales entre invasiones “mejores” o “peores”. Sin embargo, reconocer la complejidad histórica obliga a admitir que, en algunos casos, esas ocupaciones se produjeron en contextos en los que no existían ni el derecho internacional, ni tribunales supranacionales, ni organismos multilaterales capaces de proteger la soberanía popular o los derechos humanos. Eran otros tiempos, con otras reglas —o con la ausencia de ellas—, lo que no exime de responsabilidad, pero sí ayuda a contextualizar los hechos.

La reciente invasión de Venezuela por parte de Estados Unidos se sitúa, sin embargo, muy lejos de cualquier lógica comparable. No hay aquí ni proyecto civilizador, ni transferencia de conocimiento, ni voluntad de reconstrucción institucional. El único interés visible es el económico, concretamente el control del petróleo, impuesto mediante un sistema de pago arbitrario que obliga a destinar esos recursos a la compra exclusiva de productos del país invasor. No se trata de desarrollo, sino de expolio; no de cooperación, sino de negocio puro y duro.

Esta intervención no debería sorprender. El imperialismo estadounidense ha sometido anteriormente a numerosos países al dictado de sus intereses estratégicos y económicos, sin que exista un solo ejemplo sólido en el que su injerencia haya supuesto una mejora real y sostenida de las condiciones de vida de la población afectada. Allí donde ha intervenido, ha dejado inestabilidad, dependencia, desigualdad y estructuras económicas orientadas a beneficiar a grandes corporaciones y élites locales afines, nunca a la ciudadanía.

Frente a los sistemas de riego, comunicación o ingeniería del Imperio Romano; frente a la impronta cultural y educativa francesa aún visible en países europeos; frente a la lengua, la arquitectura o los modelos educativos instaurados por España en América —todo ello sin olvidar las atrocidades cometidas—, la acción de EEUU carece incluso de ese componente estructural. Su huella no es cultural ni social, sino mercantil y depredadora. Multinacionales, fondos de inversión y grandes fortunas sustituyen a cualquier atisbo de proyecto colectivo.

Donald Trump ha decidido ejercer de conquistador en pleno siglo XXI, ignorando deliberadamente la existencia del derecho internacional, de las instituciones multilaterales y de los mecanismos de garantía que deberían impedir este tipo de actuaciones. Lo hace desde una lógica unipersonal, autoritaria y profundamente narcisista, justificando nuevas invasiones mediante acusaciones de narcoterrorismo jamás demostradas o apelando sin pudor al interés económico y a la expansión empresarial propia.

Su hoja de ruta comenzó con el apoyo incondicional a la destrucción criminal de Palestina, con el objetivo explícito de transformar un territorio devastado en un resort turístico, expulsando a los supervivientes de su propia tierra. Ese es el patrón que se repite: expulsar, arrasar y reconstruir en clave de negocio. Todo ello con un desprecio absoluto por la democracia, la justicia y la libertad, valores que invoca de forma cínica para legitimar sus acciones.

Mientras el equilibrio internacional se resquebraja, ni los tribunales internacionales, ni las instituciones de derechos humanos, ni la ONU, ni la Unión Europea son capaces de responder con la contundencia que sí mostrarían ante otros países. Esa ambigüedad, nacida del miedo o de la dependencia, transmite un mensaje devastador, impunidad para el invasor y desprotección para las víctimas.

La herencia que dejará Estados Unidos no será progreso ni estabilidad, sino una exhibición extrema del capitalismo más feroz: negocios multimillonarios, corporaciones omnipresentes y una concentración obscena de riqueza que generará más pobreza, desigualdad e inequidad. Permanecer en una diplomacia tibia y temerosa solo conduce a una nueva era de sometimiento a los caprichos del imperialismo.

Trump no es Julio César, ni Napoleón, ni Colón. No dejará caminos, ni lenguas, ni sistemas. Impone una autarquía grotesca, chulesca e histriónica que solo deja ruinas sociales. Su comportamiento responde al manual del acosador, que necesita cómplices, aplaudidores y silencios interesados. Y la pregunta ya no es si se le debe frenar, sino hasta cuándo se le va a permitir avanzar. Tal vez cuando reaccionemos sea demasiado tarde y, donde deberían existir escuelas, hospitales y centros de salud, solo queden logotipos de multinacionales.

La reunión celebrada ayer entre María Corina Machado y Donald Trump en la Casa Blanca no fue solo un encuentro político, fue, sobre todo, una puesta en escena cuidadosamente diseñada desde el silencio, la opacidad y la humillación simbólica. Sin recibimiento oficial, sin agenda pública, sin imágenes institucionales, sin comunicado alguno. Una reunión por la puerta de atrás, como si se tratase de una cita clandestina que no debía dejar rastro. Y, sin embargo, dejó huella. Mucha.

Más de dos horas de conversación de las que no se sabe absolutamente nada. Ni objetivos, ni compromisos, ni posiciones. Nada. El vacío informativo no es casual: es parte del mensaje. Trump no quería fotografías ni relato compartido. No quería interlocución, sino subordinación. Y lo único que ha trascendido confirma esa lógica. Una imagen y un audio en los que Machado entrega a Trump la medalla del Nobel de la Paz que le fue concedido a ella. Un gesto que no puede interpretarse como cortesía ni simbolismo ingenuo, sino como un acto explícito de pleitesía política y como un trueque sin disimulo. Un símbolo internacional de legitimidad moral ofrecido a cambio del beneplácito y el respaldo personal de Trump en su aspiración a la presidencia de Venezuela. Una operación que no solo busca doblegar su resistencia, sino que vacía de contenido ético el propio reconocimiento, degradándolo a moneda de cambio y revelando una concepción del poder en la que los principios se negocian y la dignidad institucional se sacrifica sin reparos.

La escena es demoledora. Una dirigente que recibe un reconocimiento internacional lo entrega, sin pudor, a quien no fue elegido por el jurado, pero sí deseaba serlo. Trump recoge la medalla como quien acepta lo que considera suyo por derecho natural. No hay humildad ni gratitud. Hay reafirmación narcisista. El mensaje es claro, el Nobel no consagra valores, consagra jerarquías. Y él se sitúa en la cúspide.

Ante este episodio resulta inevitable plantear algunas preguntas. ¿Debe una persona que ha recibido el Nobel de la Paz poder transferirlo simbólicamente a un tercero? ¿No desvirtúa ese gesto el sentido mismo del reconocimiento? ¿No debería el Norwegian Nobel Committee reflexionar seriamente sobre los criterios, mecanismos y decisiones que conducen a premiar trayectorias que, lejos de generar consensos éticos, producen desconcierto y descrédito? El problema no es solo quién recibe el premio, sino qué se legitima cuando se concede.

Porque, más allá de la ausencia de fotografías oficiales, lo cierto es que ambos han quedado perfectamente retratados. Machado, como una dirigente dispuesta a sacrificar símbolos y principios en busca de padrinazgo del invasor. Trump, como un líder que utiliza la política exterior como escenario de reafirmación personal y dominación simbólica. Dos figuras unidas por una misma pulsión: notoriedad, autoridad y poder. No por vías democráticas, transparentes o dialogantes, sino desde el cálculo, la escenografía del sometimiento y el desprecio a las formas que sostienen la democracia.

No hicieron falta fotos. La imagen es nítida.

En política, como en la vida, hay quien cree que cuanto más se grita “viene el lobo”, más probabilidades hay de que alguien termine viendo colmillos en cualquier sombra. Alberto Núñez Feijóo ha hecho de esa estrategia su único proyecto. Anunciar el desastre, vaticinar el hundimiento de España y convertir su liderazgo en una suerte de oráculo del apocalipsis permanente. El problema es que el lobo no aparece y la realidad insiste en desmentirlo con una tozudez casi humillante.

Desde que llegó a la presidencia del Partido Popular, Feijóo no ha construido un solo relato alternativo de país. No ha presentado un proyecto reconocible, ni una propuesta económica estructurada, ni una visión de futuro que vaya más allá de la simple negación del adversario. Su estrategia se ha basado en dos pilares: el acoso personal al presidente del Gobierno y la generación constante de alarma social. Todo va mal, todo empeora, todo está a punto de estallar. Sin embargo, la realidad es obstinada y los datos, por mucho que se los quiera forzar, siguen sin acompañar ese discurso.

España encabeza el crecimiento entre las grandes economías europeas, mantiene un ritmo sostenido de creación de empleo y presenta indicadores macroeconómicos que organismos internacionales reconocen de forma reiterada. Sin embargo, Feijóo insiste en describir un país al borde del colapso, como si gobernara una nación imaginaria que solo existe en sus discursos y en los argumentarios de su partido.

Pero lo más revelador es que ni siquiera sus posicionamientos encajan con los del Partido Popular Europeo, al que formalmente pertenece. Mientras buena parte de la derecha europea respalda políticas de estabilidad, crecimiento y fortalecimiento del Estado social como garantía frente al extremismo, Feijóo opta por un discurso cada vez más alineado con el ruido populista y el catastrofismo interno. Esa disonancia no solo lo debilita en casa, sino que lo deja sin perfil propio fuera: sin aliados claros, sin liderazgo reconocible y con una proyección internacional cada vez más irrelevante.

Tampoco le acompaña la bandera de la corrupción, a la que se aferra con entusiasmo tan insistente como selectivo. Los casos reales o los que pueden afectar al Gobierno son amplificados hasta el paroxismo, mientras los del propio PP—antiguos aún por juzgar y otros nuevos que van apareciendo— son minimizados, relativizados o directamente silenciados. La doble vara de medir ya no escandaliza, simplemente confirma que no estamos ante una cruzada ética, sino ante un uso instrumental del escándalo como arma política.

A ello se suma la gestión de varias de las comunidades autónomas gobernadas por el PP, que dista mucho de sostener esa imagen de eficacia y solvencia que el partido intenta proyectar. La actuación ante la DANA en la Comunidad Valenciana, los incendios, o el deterioro persistente de la sanidad pública en territorios como Andalucía, Castilla y León o Madrid no son precisamente ejemplos de buena administración.

En el plano internacional, la situación tampoco ha sido favorable para su estrategia. Su ambigüedad —cuando no cercanía ideológica— respecto a los planteamientos de Trump lo ha colocado en más de una ocasión en una posición incómoda, obligándole a rectificar sobre la marcha o a refugiarse en discursos forzados sobre Venezuela o supuestas cruzadas por la libertad que suenan más a coartada que a política exterior coherente.

En esta escalada retórica ha anunciado una gravísima crisis económica. Como de costumbre, su anuncio llega huérfano de datos, de evidencias, de argumentos sólidos. No hay cifras, no hay informes, no hay análisis que respalden semejante cataclismo.

Uno no puede evitar preguntarse si esta obsesión con la crisis es un reflejo de la memoria histórica del propio PP, cuyos gobiernos sí estuvieron asociados a etapas de recesión, rescates financieros, recortes sociales y pérdida de credibilidad internacional. Tal vez Feijóo proyecta hacia el futuro lo que su partido representa en el pasado.

Lo paradójico es la contradicción permanente de su discurso, al centrar el mismo en que la única forma de evitar esa crisis, es cambiar las políticas que precisamente explican el buen momento económico actual. Según esta lógica, la bonanza no tendría nada que ver con la acción del Gobierno, sino con una alineación astral, una manipulación estadística o un engaño masivo a la ciudadanía. España iría bien, pero por error. Y Feijóo sería el único capaz de ver a través del espejismo.

En ese vacío de ideas, Feijóo ha decidido refugiarse a la sombra de Vox, aceptando sus marcos, sus silencios y sus líneas rojas como precio de su supervivencia política. Un refugio que dice mucho de su debilidad y muy poco de su capacidad para liderar una alternativa real.

Porque una oposición útil no es la que anuncia catástrofes, sino la que ofrece caminos. Y mientras Feijóo siga empeñado en ser profeta del desastre en lugar de constructor de propuestas, seguirá prisionero de sus propias palabras… y de su propia irrelevancia

La invasión de Estados Unidos en Venezuela y el secuestro de su presidente constituyen una vulneración flagrante del derecho internacional que no admite justificación alguna, por mucho que se intente presentar como una operación destinada a restablecer la democracia. Aceptar ese argumento implica asumir que la legalidad internacional es prescindible cuando estorba a los intereses de las grandes potencias. Si esa fuera la premisa válida, serían muchos los países susceptibles de ser invadidos, intervenidos o sometidos bajo el pretexto de una democracia definida a conveniencia del invasor, vaciando de contenido cualquier marco jurídico común.

Donald Trump ha conseguido con esta acción varios objetivos simultáneos. En primer lugar, lanzar un mensaje inequívoco a América Latina, una región que pretende volver a situar bajo control directo tras décadas de pérdida de influencia. El aviso es claro y recuerda a épocas que muchos creían superadas, cuando el continente era tratado como un espacio subordinado, un cuarto trastero geopolítico al que se accedía sin pedir permiso. En segundo lugar, elimina cualquier posibilidad real de que María Corina Machado, reciente Premio Nobel de la Paz, alcance la presidencia venezolana, tal y como el propio Trump ha insinuado, no tanto por razones estratégicas como por una lógica de revancha personal tras no haber sido él mismo reconocido con un galardón que ambiciona abiertamente. Y, por último, asegura el control de una de las mayores reservas petrolíferas del planeta, verdadero trasfondo de una operación que difícilmente puede ocultarse bajo discursos moralizantes.

Nada de lo ocurrido es casual, tampoco el hecho de que Nicolás Maduro haya sido conducido a Nueva York. No se trata únicamente de la capital financiera y mediática del mundo, sino del escenario elegido para escenificar poder. La coincidencia con la reciente elección de Zohran Mamdani como alcalde, identificado por Trump como un enemigo político a batir, añade una dimensión interna inquietante, exhibir fuerza, humillar al adversario y advertir a quienes cuestionan su liderazgo dentro y fuera de Estados Unidos. La geopolítica se convierte así en un ejercicio de escarmiento donde se diluyen las fronteras entre política exterior, propaganda y ajuste de cuentas doméstico.

Pero más allá de los análisis internacionales, resulta profundamente preocupante la utilización que de esta invasión está haciendo la derecha política y mediática española, presentándola como una supuesta victoria de la libertad y de la democracia. Una lectura que debería alarmar seriamente a quienes contemplan apoyar a formaciones que aplauden sin reservas una acción que vulnera la soberanía de un Estado. No se trata de simpatías ideológicas ni de afinidades estratégicas, sino de principios básicos. Justificar una invasión ilegal hoy es normalizarla para mañana.

La posición de VOX no sorprende. Su defensa explícita del autoritarismo y de la ley del más fuerte encaja perfectamente con este tipo de actuaciones. Mucho más inquietante resulta la del Partido Popular, que intenta, cada vez con menor convicción, marcar distancias respecto a VOX mientras asume como razonables e incluso necesarias acciones que constituyen delitos internacionales. Feijóo, en pleno cuestionamiento nacional por sus mensajes con Carlos Mazón, se apresuró a felicitarse por la invasión y a proponer a Edmundo González como figura de una supuesta transición democrática en Venezuela, obviando que Trump ya había decidido asumir el control del país hasta que considere oportuno entregarlo a quien mejor sirva a los intereses estadounidenses, no a los venezolanos.

Hablar de manera tan vehemente como irresponsable de una situación de extrema gravedad implica asumir como tolerable el uso de la fuerza por parte de las grandes potencias. Supone además sentar un precedente inquietante ante futuras acciones: ¿cuál será la respuesta internacional si finalmente se consuma la anunciada invasión de Groenlandia? ¿Qué ocurrirá si esta misma estrategia se reproduce en Colombia u otros países que no se plieguen a los dictados de Washington? El silencio cómplice o el aplauso entusiasta de hoy se convierten en la coartada de las agresiones de mañana.

Hubiera sido previsible una posición ambigua o incluso de silencio por parte del Partido Popular. Callar no es lo mismo que aplaudir. Si una invasión similar hubiera sido protagonizada por cualquier otro país, la condena habría sido inmediata. La doble vara de medir es tan evidente como peligrosa.

Como país democrático que somos, pese a quienes lo cuestionan o pretenden revertirlo, la posición debe ser firme y ajustada al derecho internacional. Construir ahora un relato que legitime esta agresión y que sirva además como nuevo instrumento de desgaste del poder legalmente establecido en España no es solo una torpeza política, es una irresponsabilidad cuyas consecuencias pueden resultar mucho más profundas y duraderas de lo que algunos parecen dispuestos a admitir.

Aceptar esta lógica supone renunciar a cualquier principio democrático propio y asumir que el orden internacional se rige por la fuerza y no por el derecho. Quienes hoy celebran esta invasión deberían preguntarse qué dirán mañana cuando esa misma doctrina se utilice contra otros pueblos, otros gobiernos o incluso contra la propia Europa.

Hay tragedias que conmocionan y otras que apenas logran interrumpir unos segundos la rutina informativa. No porque unas sean más terribles que otras, sino porque el lugar, el contexto y, sobre todo, las vidas implicadas parecen importar de manera muy distinta. El incendio en un bar de Crans-Montana, en Suiza, en el que murieron cuarenta personas —la mayoría menores de edad— ha sacudido a la opinión pública internacional. El dolor es comprensible. La conmoción, legítima. Las investigaciones anunciadas para esclarecer las causas y depurar responsabilidades, necesarias.

Nadie cuestiona que así sea. Pero, detenerse a reflexionar no implica restar gravedad a lo ocurrido, sino ampliar la mirada. Porque mientras los focos mediáticos se concentran —como es lógico— en esa tragedia, otras muertes, igualmente evitables, igualmente injustas, continúan produciéndose casi en silencio. Muertes de jóvenes que no arden en una pista de baile, sino que se ahogan en el mar.

Los llamamos “menores no acompañados”, cuando no directamente “MENAS”, una etiqueta deshumanizada y estigmatizada que ha acabado por convertirse en categoría política y arma arrojadiza. Jóvenes que suben a una patera tras entregar todo lo que tenían a mafias que comercian con la desesperación. Jóvenes que huyen de guerras, de persecuciones, de la miseria estructural o de países incapaces —o impedidos— de ofrecerles un futuro. Jóvenes que mueren en travesías que sabemos mortales, pero que seguimos tolerando como si fueran un accidente inevitable del orden del mundo.

En ambos casos hablamos de menores no acompañados. En Suiza, porque sus familias confiaban en que estaban en un entorno seguro, ejerciendo algo tan elemental como el derecho a divertirse. En el mar, porque sus padres y madres, aun a sabiendas del riesgo, no tuvieron otra opción que dejarles partir. No por negligencia, sino por ausencia de alternativas. Porque a veces acompañar es dejar marchar, incluso cuando el precio puede ser insoportable.

La diferencia no está en la edad ni en la inocencia. Tampoco en el dolor. Está en el reconocimiento. Quienes murieron en el incendio tendrán nombres, apellidos, funerales multitudinarios, memoria colectiva y duelo compartido. Sus familias serán escuchadas. Las responsabilidades, investigadas. Las normativas, revisadas para que algo así no vuelva a suceder. Así debe ser.

Quienes mueren en un naufragio, en cambio, si llegan a ser rescatados, suelen hacerlo sin identidad. Sus cuerpos no siempre aparecen. Sus nombres no se pronuncian. Sus familias rara vez saben qué ocurrió, dónde, cuándo o cómo. No hay funerales públicos ni minutos de silencio. No hay comisiones de investigación que analicen por qué seguimos permitiendo rutas migratorias mortales ni por qué se criminaliza a quienes intentan salvar vidas en el mar.

Más allá de las ONG —cada vez más cuestionadas, perseguidas o directamente prohibidas—, nadie parece querer saber demasiado. Como si esos viajes fueran decisiones caprichosas, casi lúdicas. Como si no existieran responsabilidades políticas, económicas y morales compartidas. Como si los países en cuyas aguas se producen los naufragios no tuvieran nada que ver. Como si las causas que empujan a esas personas a embarcarse no merecieran ser abordadas.

Y es aquí donde resulta imprescindible exigir responsabilidad a quienes tienen la obligación de gestionar la migración. No para buscar culpables fáciles, sino para señalar con claridad dónde reside la verdadera responsabilidad. No en quienes migran, sino en quienes consienten que lo hagan en condiciones de riesgo extremo; en quienes externalizan fronteras, miran hacia otro lado o aceptan la muerte como precio disuasorio. Porque permitir travesías mortales no solo mata, sino que además impone después condiciones de precariedad, inequidad, vulnerabilidad y rechazo a quienes logran sobrevivir.

Lo que sí parece importar es proteger fronteras, alimentar el miedo y vincular migración con amenaza, escasez, delincuencia o pérdida de identidad nacional. Un relato falso, pero eficaz. Todos los indicadores demuestran que la migración no solo no destruye las economías de los países de destino, sino que resulta imprescindible para sostenerlas. Aun así, el discurso del rechazo se impone, amplificado por fuerzas políticas que encuentran en el miedo al otro una herramienta rentable, incluso cuando genera violencia social e institucional.

No se trata de comparar tragedias. Se trata de preguntarnos por qué algunas vidas merecen toda la atención y otras apenas un titular fugaz. Por qué unas muertes activan todos los resortes del Estado y otras se asumen como daño colateral. Por qué aceptamos que el lugar donde se muere —un bar o una patera— determine el valor simbólico de esa vida.

Porque, al final, quienes mueren son jóvenes. Más allá de su pasaporte, color de piel, cultura o religión. Personas con derecho a una vida digna y a una muerte evitable. Y Mientras no seamos capaces de sostener esa verdad sin matices ni excepciones, seguiremos viviendo en un mundo que llora unas muertes y normaliza otras. Un mundo profundamente injusto, aunque a veces prefiramos no mirarlo de frente.

Carlos Mazón no será recordado únicamente por la nefasta gestión política de la DANA de 2024 en la provincia de València, sino por haber convertido una tragedia colectiva en un ejercicio obsceno de autoprotección, manipulación del relato y desprecio hacia las víctimas. No fue solo lo que hizo —o dejó de hacer— antes, durante y después del desastre, sino la forma en que arrastró consigo a instituciones, cargos y siglas, como si él mismo fuera una prolongación política de la devastación que causó la riada.

Desde el inicio, la gestión de Mazón se sostuvo sobre pilares frágiles. La mentira reiterada, el cambio constante de versiones y una estrategia comunicativa diseñada para confundir. Con cada nuevo argumento desmentido por los hechos, se erosionaba no solo su credibilidad personal, sino la de la institución que presidía. La honorabilidad implícita en el tratamiento de Molt Honorable quedó reducida a una fórmula vacía, carente de contenido ético. La empatía, imprescindible en cualquier cargo público y aún más en contextos de dolor y pérdida, la evitó. Y la decencia política —la que lleva implícita la asunción de responsabilidades— fue sistemáticamente ignorada.

Pero Mazón no actuó solo. Su conducta fue avalada, defendida y, en demasiadas ocasiones, ocultada por dirigentes de su partido y por una parte de su electorado, presos de una idea de lealtad mal entendida. Una lealtad que no se dirige a la ciudadanía ni a la verdad, sino a la preservación del poder y a la protección mutua frente a cualquier rendición de cuentas. Lealtad tramposa que nace del miedo, del temor a que cuestionar a Mazón suponga poner en evidencia actitudes propias, silencios cómplices o responsabilidades compartidas.

La petición de la jueza instructora de Catarroja, a la que tanto temen, ha solicitado que se faciliten los mensajes de WhatsApp intercambiados entre Mazón y Alberto Núñez Feijóo, ampliando el foco de la responsabilidad política y moral. Feijóo se incorpora así, por mérito propio, a una lista que ejemplifica una de las formas más indignas de ejercer la política. Aquella que antepone el beneficio personal y partidista a la verdad, aunque ello implique mentir, encubrir y ser cómplice de una gestión miserable que dejó centenares de muertos y miles de personas cuya vida tardará años en recomponerse.

La citación de Feijóo como testigo el próximo día 9, a la que ha solicitado no comparecer presencialmente, constituye una nueva muestra de desprecio hacia las víctimas y de cobardía política. No es la incomodidad lo que está en juego, sino el temor a que la verdad comprometa su posición. Por otra parte, la presentación de un acta notarial para avalar los mensajes recibidos de Mazón no refuerza su veracidad; al contrario, evidencia una debilidad profunda, la necesidad de aparentar formalmente un relato inconsistente. Más grave aún es la omisión de sus propios mensajes de respuesta, amparada en el argumento infantil y tramposo de que no le fueron solicitadas, lo que retrata con claridad su catadura moral.

El contenido que va conociéndose de los mensajes confirma, además, que el comportamiento de Mazón no solo fue compartido, sino apoyado y aplaudido por su “presi” y por una corte política que sigue intentando maquillar lo evidente. Incluido el actual presidente de la Generalitat, Juan Fran Pérez Lorca, por mucho que aparente desmarcarse.

Y en todo este relato, resulta especial y tristemente paradójico que Feijóo, en sede parlamentaria, intentara verbalizar un nuevo ataque a la gestión del presidente Sánchez y a los casos de corrupción de su entorno recurriendo a una referencia cultural -Anatomía de un instante-, no siendo capaz de articularlo con claridad. Evidenciando la distancia entre el guion que le escriben y el discurso que logra sostener. La ironía es difícil de obviar. Mientras la referencia fallida diseccionaba un momento excepcional de dignidad política, lo que aquí se revela —más allá del disparate de su intervención— es la anatomía de una gestión indecente.

Mazón no ha sido una anomalía ni una mancha aislada en la gestión del Partido Popular en la Generalitat Valenciana. Ha sido, y sigue siendo, un ejemplo nítido de lo que ocurre cuando la política se ejerce como dominio y no como servicio. Un ejemplo de lo que no es la dignidad, la responsabilidad ni la honorabilidad que exige representar a todo un pueblo. Ha utilizado la lealtad como escudo interesado, convirtiéndola en un instrumento de autodefensa frente a la ignominia, arrastrando consigo a quienes creyeron —como él— que esa lealtad también los protegería.

Es necesario recordarlo para que la riada de acontecimientos no arrastre la inmundicia de sus acciones, sus mentiras y su falta de dignidad y acaben perdiéndose en la inmensidad del océano mediático, político y social. La DANA devastó pueblos y vidas. La gestión política ha devastado algo igualmente esencial, la confianza democrática que, una vez quebrada, no se reconstruye con subvenciones, comunicados ni gestos calculados. Se restituye con verdad, asumiendo responsabilidades y con respeto real hacia quienes lo perdieron todo, empezando por la vida de sus seres queridos. Todo lo demás, no es gestión, es indecencia.

De Carlos Mazón no sorprende ya casi nada. Quizá ahí resida una de las peores derrotas colectivas, la normalización del despropósito. Que active con una rapidez casi obscena su Oficina del Expresident, apenas horas después de oficializarse su cese, no es un simple trámite administrativo. Es un gesto político. Un mensaje. Una exhibición de impunidad maquillada de legalidad. Despacho en un céntrico edificio de Alicante, dos asesores, coche oficial, chófer y seguridad pagados con dinero público. Todo conforme a la norma. Todo, igualmente, indecente.

La ley le ampara, nadie lo discute. El problema es que hay comportamientos que, aun siendo legales, resultan moralmente intolerables. Mazón dimitió por una gestión nefasta de la DANA y por una actitud indigna ante una tragedia que costó la vida a 230 personas, que no merecieron ni un día de contención, ni una mínima renuncia simbólica, ni una señal de respeto hacia sus familias. En contraposición ahora hay prisa, diligencia y entusiasmo para asegurarse privilegios vitalicios. La urgencia aparece cuando conviene.

Ahora, el expresidente da otro paso que retrata aún mejor su falta de ética. Contrata a su primer asesor, José Manuel Cuenca, jefe de Gabinete durante su etapa en el Palau. Elegido, no por currículum, sino por lealtad. No es una decisión neutra, ni técnica, ni inocente. Es una reafirmación de método. Porque hablamos de alguien que estuvo ahí, en el núcleo duro, en el perímetro donde se cocina lo que se dice, lo que se calla, lo que se maquilla y lo que se niega. Su nombramiento no es transparencia, sino blindaje. No anticipa rendición de cuentas, sino construcción de relato. Y supone una nueva afrenta a toda la ciudadanía.

La comparación es tan inevitable como lacerante. La velocidad con la que Mazón ha asegurado su estatus y comodidades contrasta con la negligencia con la que actuó cuando ejercía de president. Cuando la urgencia era salvar vidas, coordinar recursos, informar con claridad y liderar con dignidad, reinó la desidia. Ahora, para garantizarse un futuro confortable, la eficiencia es inmediata. Es una forma de entender lo público como botín.

Ante este escenario, conviene formular una pregunta, ¿qué mensaje se lanza a la sociedad valenciana cuando quien ha fracasado en su deber esencial —proteger a la ciudadanía— es premiado con prerrogativas que miles de personas honestas jamás conocerán? Porque mientras unos se aseguran despacho, asesores y chófer, otros luchan por vivir con dignidad, por reconstruir lo perdido, por acceder a ayudas que se eternizan, por sostener la vida cotidiana entre burocracias, precariedad y cansancio. La desigualdad no solo se padece, también se aprende cuando el poder se reserva privilegios sin pudor.

Y hay un elemento añadido que multiplica la indignación. Son recursos pagados con los impuestos del pueblo valenciano al que se falló. Con su trabajo. Con su paciencia. Con su confianza, tantas veces traicionada. Más aún cuando siguen sin despejarse, entre otras, las sombras sobre el destino del dinero donado para las personas damnificadas, proveniente de la decencia colectiva. Al contrario, se percibe opacidad, silencios estratégicos y una sensación insoportable, la de que, mientras unos sufren, otros se reorganizan para seguir viviendo bien.

Cabe preguntarse, sin rodeos ni eufemismos, qué pretenden aportar desde unos puestos tan injusta como indignamente ocupados. ¿A quién creen que pueden engañar de nuevo después de una estela sostenida de mentiras, medias verdades y relatos construidos para ocultar responsabilidades? ¿Quién necesita las aportaciones de quienes no solo no estuvieron cuando debían estar, sino que dedicaron sus esfuerzos a protegerse, a victimizarse y a envolver su fracaso de demagogia? La respuesta es evidente, no aportan nada que no sea autoprotección, relato interesado y perpetuación del privilegio. Ocupar esos cargos no solo resulta moralmente reprobable, sino que debería evitarse si existiera un mínimo compromiso ético con una ciudadanía que merece algo más que la repetición obscena del engaño.

Podrán ocupar sus puestos “por ley”. Pero no podrán recuperar la legitimidad moral, ni volver a caminar por cualquier calle de la Comunitat Valenciana sin ser señalados por quienes no han olvidado. No por venganza, sino por memoria. No por odio, sino por justicia. No por partidismo, sino por dignidad. La dignidad de las víctimas, la de quienes sí estuvieron, la de una ciudadanía que se niega a aceptar que el poder sea sinónimo de privilegio y la política una coartada para evadir responsabilidades y acceder a privilegios.

Actuaciones como esta, erosionan la credibilidad de las instituciones. Y ahí radica el peligro. Porque una cosa es criticar a quienes las ocupan y otra muy distinta debilitar lo que representan las instituciones. Cuando la legalidad se utiliza como refugio para la indecencia, la democracia se resiente. Cuando la ciudadanía relaciona impunidad con premio, concluye, que cumplir no compensa y que mandar es rentable. La historia ya ha mostrado demasiadas veces qué ocurre con esa certeza.

Dadas las fechas en las que nos encontramos, el Parlamento español ha logrado lo impensable: convertir la llegada de los Reyes Magos en un conflicto político de primer orden. No por su capacidad logística, ni por el impacto económico de su modelo de reparto nocturno, sino por algo mucho más profundo y revelador: su origen, su identidad y el uso ideológico de una tradición compartida. Porque en la España actual, ni siquiera la magia consigue escapar del ruido político, del cálculo electoral ni de la confrontación permanente.

Según algunos grupos parlamentarios, Melchor, Gaspar y Baltasar no serían entrañables visitantes orientales, sino inmigrantes irregulares procedentes de Persia o Grecia, Asia y África, que pretenden entrar en el país sin visado, quitar el trabajo a los repartidores nacionales y, de paso, instalarse en España para pervertir a la infancia con doctrinas ajenas a nuestra sacrosanta identidad cultural. Todo ello, claro está, con el agravante de su avanzada edad, que podría convertirlos en usuarios indebidos de la sanidad pública, siempre que esta no haya sido previamente debilitada o privatizada.

La cuestión no acaba ahí. Tampoco se permitirá que personas inmigrantes ya asentadas en España puedan asumir el papel de Reyes Magos en cabalgatas o celebraciones locales, no vaya a ser que la tradición sirva para normalizar la diversidad, humanizar la migración o, peor aún, despertar empatía. En su lugar, se propone reforzar el papel de Papá Noel, figura de contrastada procedencia occidental, con el objetivo estratégico de no incomodar a socios comerciales internacionales ni provocar subidas de aranceles innecesarias.

Desde otros sectores se alerta de que esta tradición está siendo utilizada de forma sutil por el Gobierno para sensibilizar ideológicamente a la población sobre la migración, presentándola como algo positivo, humano o inevitable. Eso sí, siempre que se trate de migrantes pobres, porque los ricos nunca han tenido problema alguno para cruzar fronteras, comprar voluntades, adquirir nacionalidades exprés o mover capitales sin control ni reproche.

Las exigencias continúan. Se plantea que los Reyes Magos deban acreditar conocimientos de la cultura española y superar un examen de castellano para renovar su visado estacional. No se descarta cierta flexibilidad si el reparto de regalos se acompaña de sobres oportunamente distribuidos, una tradición paralela que parece gozar de mayor estabilidad institucional que muchas políticas públicas.

Desde posiciones progresistas se reclama que legalicen su actividad, den de alta a todo el personal de reparto en la Seguridad Social y tributen en España. También se exige que abandonen el uso de camellos por razones de bienestar animal y apuesten por vehículos eléctricos, aunque nadie ha aclarado todavía cómo se resolverá la huella de carbono de una noche que desafía todas las leyes conocidas de la física y de la logística.

Otras formaciones ponen el acento en la reducción de la jornada laboral, el salario mínimo, la paridad de género —con la incorporación de al menos una Reina Maga— y la prohibición de juguetes bélicos o sexistas. Las formaciones nacionalistas, por su parte, reclaman el aprendizaje del catalán o del euskera como condición indispensable para seguir repartiendo ilusión en sus territorios, incluso en pueblos donde la ilusión ya llega con dificultad.

La Casa Real observa con preocupación que alguno de los monarcas orientales tenga intención de disputar el trono ni alterar la línea sucesoria, mientras los sindicatos amenazan con huelgas si no se respetan los derechos laborales y la patronal advierte de que no aceptará convenios que comprometan los beneficios empresariales de Sus Majestades como operadores económicos independientes.

La Conferencia Episcopal, fiel a su papel histórico, exige una declaración explícita de fe, una correcta adscripción a la doctrina católica y una contribución activa al apostolado, no vaya a ser que la Navidad se deslice peligrosamente hacia lo laico, lo cultural o, peor aún, hacia lo común.

El resultado es previsible: posiciones radicalizadas, líneas rojas infranqueables y ausencia total de consenso. La presencia de los Reyes Magos el próximo 6 de enero pende de un hilo, no por falta de voluntad de repartir regalos, sino por el exceso de incapacidad para dialogar, pactar y renunciar a una parte mínima del propio relato.

Ante este panorama, los tres Reyes Magos se plantean seriamente retirarse, dejar el negocio en manos del intruso Papá Noel y dedicarse a buscar el oro, el incienso y la mirra que un día ofrecieron con más generosidad y sentido común del que hoy exhibe nuestra clase política.

Mientras tanto, el Parlamento y los colectivos sociales siguen atrapados en interminables jornadas de reproches, insultos y descalificaciones. Incapaces de alcanzar acuerdos ni siquiera en torno a una monarquía nómada, simbólica y legendaria, confirman lo verdaderamente preocupante: no es que peligre una tradición, es que peligra la política entendida como espacio de encuentro. Porque cuando ni la magia consigue unirnos, el problema no está en los Reyes Magos, sino en quienes han decidido vivir permanentemente instalados en el conflicto.