“Dignidad significa que me merezco el mejor tratamiento que pueda recibir”

Maya Angelou[1]

Las voces de protesta y disconformidad ante la anunciada ley de vivienda aún resuenan en espacios parlamentarios, políticos, de medios de comunicación, de cafeterías e incluso de sobremesas, aunque las mismas obedezcan más a una reacción de posicionamiento partidista e ideológico que al conocimiento real del contenido de lo que, de momento, tan solo es una propuesta que no ha sido tan siquiera debatida para poder ser aprobada y que, sin embargo, ya se anuncia va a ser recurrida. Sin duda todo un ejemplo de falta de respeto, aunque haya y sea saludable la diferencia; de coherencia, aunque existan planteamientos encontrados; de análisis, aunque se tengan visiones diferentes; de reflexión, aunque se parta de postulados distantes; de debate, aunque se tengan discursos opuestos. Dado que lo de menos es lo que se plantee solucionar. Lo importante es, finalmente, tener algo con lo que atacar al contrario, con lo que tratar de justificar el hecho de ser oposición, con lo que poder salir en los medios, con lo que disfrazar un liderazgo débil, con lo que ocultar la mediocridad. Se acusa de intervencionismo a la regulación. Como si cualquier norma, sea del tipo que sea, de la ideología de la que se impregne o de la tendencia política que la proponga, no fuese siempre una intervención. Pero una vez más intentan engañar, manipular y distorsionar, con el lenguaje demagógico y eufemístico que les caracteriza, dando por sentado, claro está, que la población, la ciudadanía, es tonta e incapaz de diferenciar, analizar, reflexionar y decidir por sí misma, tratándola de ignorante y manipulable, lo que en ocasiones logran, no sabemos si por cansancio o por conformismo.

Pero esto no es más que la tónica general de nuestra política y de nuestras/os políticas/os. La de la descalificación, el insulto, el despropósito del “y tú más”, la bronca permanente, el recurso zafio y fácil, la mentira sin sonrojo, el rechazo sin análisis, la oposición sin debate, la intransigencia sin ideas, el desprecio por despecho… todo con tal de alcanzar el poder para que quien ahora propone después actúe de idéntica o parecida manera por el simple hecho de pensar diferente. Pero lo hacen sin tener en cuenta los sentimientos, las emociones o las expectativas de quienes dicen defender. Realmente lo que hacen es utilizarlos para el logro de sus fines oportunistas y partidistas. El absolutismo de todo por el pueblo, pero sin el pueblo.

Y esta introducción, liberadora de un hartazgo permanente y de una rabia contenida que finalmente se desborda como consecuencia de tanta mediocridad e incapacidad, viene a cuento del análisis que pretendo hacer sobre otro tipo de alquiler que sigue vigente y que está sujeto a una regulación que sin duda está teniendo un alto coste para sus inquilinos, las enfermeras, y para la actividad que en sus dependencias se realiza, la formación de enfermería.

Porque las denominadas escuelas adscritas, dependientes de los sistemas de salud autonómicos con adscripción académica a alguna Universidad de la citada autonomía, no dejan de ser escuelas en alquiler. Alquiler que además, en muchas ocasiones, es abusivo y supone un coste muy importante para quien realmente sustenta el mismo que no es otro que la docencia y en su caso la investigación enfermeras.

Esta situación de arrendamiento es una rémora del pasado formativo enfermero que surgió como consecuencia del desarrollismo, fundamentalmente hospitalario, de la década de los años 60, en el que, ante la necesidad de una mano de obra técnica, se prodigaron las escuelas de Ayudantes Técnicos Sanitarios (ATS) dependientes de Hospitales y de las entonces denominadas eufemísticamente Ciudades Sanitarias, coincidiendo con una clara indefinición y heterogeneidad en cuanto a la titularidad de las citadas escuelas y la formación que en las mismas se daba, al margen de las universidades.

La entrada de los estudios de enfermería a finales de los 70 en la universidad vino a paliar, en parte y en apariencia, el problema de “la vivienda” para las enfermeras y la enfermería. Porque si bien es cierto que pudo contar, desde entonces, con “viviendas” propias en el entorno universitario, no es menos cierto que persistieron los “alquileres” de aquellas escuelas ubicadas en los servicios de salud y con “licencia” de la universidad de referencia a dicha institución.

Vaya por delante, para que no quepa duda alguna, que considero que en su momento dichas escuelas cubrieron un espacio fundamental dando respuestas excelentes y de excelencia en general. Pero este hecho no puede ni debe ocultar el dinamismo y desarrollo de la docencia y la investigación enfermeras en el seno de nuestra sociedad en general y de la universidad, en particular. Sin duda los aspectos, factores e incluso condicionantes que justificaron en su momento, no tan solo la existencia si no la permanencia, de estos “alquileres” docentes, en la actualidad no se dan e incluso me atrevería a decir que en muchos casos resulta anacrónica y perjudicial su existencia.

En primer lugar, hay que destacar que este hecho es paradigmático de Enfermería. No existe ninguna otra disciplina que esté sujeta a este tipo de alquileres y por tanto este hecho, por sí solo, ya es algo que debe identificarse como disfuncional y con muy pocos y débiles argumentos para su mantenimiento más allá de lo que debería contemplarse como un espacio temporal y razonable para llevar a cabo la normalización de una situación especial que ya ha dejado de serla y que, además, resulta totalmente incomprensible.

Es cierto que se han ido produciendo, de manera lenta pero progresiva, los procesos conducentes a integrar muchas escuelas adscritas a la universidad. Otra cuestión bien diferente es cómo se han llevado a cabo dichos procesos y cuáles han sido los efectos colaterales y los daños que los mismos han provocado y en qué situación, en muchos casos de clara vulnerabilidad, han quedado las escuelas que partían, generalmente, con una posición de prestigio y calidad, siendo reducidas, con su incorporación, a un apéndice de otras disciplinas con lo que supone de subsidiariedad, invisibilidad y pérdida de valor tanto académica, como social y profesional.

Las causas de dichos efectos son variadas y no siempre las mismas en todos los casos. Pero lo bien cierto es que salvo honrosas excepciones los traspasos, ni han sido modélicos ni mucho menos respetuosos con la disciplina, la historia y las/os profesionales inquilinos de dichas escuelas.

Como en tantas otras ocasiones, la política, perdón, la utilización partidista y torticera de la política por parte de quienes la manejan arbitraria e interesadamente, ha conducido a que se usaran las escuelas, hasta entonces gestionadas por los respectivos gobiernos autonómicos a través de sus servicios de salud, como armas arrojadizas o como un recurso molesto del que había que desprenderse de la forma que fuese y cuanto antes mejor.

Las Universidades receptoras, por su parte, tampoco es que se hayan esforzado demasiado en las condiciones en que acogían a las escuelas en sus centros. Durante muchos años habían estado disfrutando de las ventajas que suponía el recibir un “impuesto” considerable y muy ventajoso por el simple hecho de prestar su sello a la escuela adscrita, cuyo gasto era asumido por parte de los gobiernos autonómicos. Un negocio verdaderamente rentable y con escasas responsabilidades, más allá de la emisión de títulos. Un arrendamiento muy ventajoso para la universidad que no se preocupaba ni por el estudiantado ni por el profesorado, quienes no disfrutaban de las ventajas de la universidad por no estar siquiera en la universidad, salvo a nivel puramente administrativo.

Por otra parte, a la hora de llevarse a cabo la integración, normalmente, no se facilitan periodos transitorios que permitan a las/os profesoras/es, adquirir las acreditaciones para integrarse en la universidad, lo que automáticamente significa tener que volver a sus plazas asistenciales de las que un buen número de profesionales habían salido hacía muchas décadas, con lo que ello supone de incertidumbre y ansiedad para ellas/os y de distorsión para los centros en donde se integran, desplazando a profesionales cualificados y desestructurando los equipos, con el consiguiente perjuicio para la población, algo, parece ser, absolutamente menor para quienes toman tales decisiones. Fueron buenas/os mientras propiciaron que la universidad pudiese cobrar su “impuesto” pero no les sirven cuando dejan de cumplir con dicha utilidad mercantil. Por su parte la administración autonómica los utiliza como peones en el tablero de ajedrez del sistema sanitario, en el que, como cantaba Mecano, ser peón es lo más chungo en el ajedrez.

Es cierto que no se puede decir que se les engañe o se vulnere la legislación que regula su situación contractual. Ellas/os sabían que eso era posible, pero también tenían la esperanza, que como casi cualquier esperanza es vana y más si se basa en una decisión política, de que se contemplase un proceso menos traumático e incluso más respetable y amigable. Pero eso en política, está visto, que cada vez es menos probable e incluso más cuestionable.

Por otra parte, en aquellas universidades en las que no hay estudios de ciencias de la salud, la integración es antinatural al adscribir los estudios de Enfermería a Facultades o Departamentos absolutamente alejados, no ya de la Enfermería, sino tan siquiera de las ciencias de la salud, o de las ciencias de manera genérica. Esto provoca una clara invisibilización y una dependencia orgánica manifiestamente irregular y acientífica por parte de quienes, al menos en teoría, son crisol del conocimiento y la ciencia. Un claro despropósito que parece querer entrar en competencia con el ya descrito por parte de quien expulsa a los inquilinos, obligándoles casi a actuar de “okupas” en la universidad que les recoge, que no acoge.

Por su parte, en aquellas universidades en donde existen estudios de ciencias de la salud, la llegada de los inquilinos no es menos traumática y antinatural, ya que lejos de adquirir una identidad propia y diferenciada junto a dichas ciencias, son fagocitados y adscritos a espacios departamentales absolutamente alejados de la mínima coherencia científica. Otra forma de invisibilización y ocultación de algo que se asume como irremediable pero que, evidentemente, ni preocupa ni ocupa a quienes actúan como meros mercaderes del conocimiento.

Todo ello y con independencia de las opciones comentadas, teniendo en cuenta que los estudios que se integran suponen garantizar la matrícula de las plazas ofertadas y con ello “hacer caja” sin riesgos. Por eso los recogen, no nos equivoquemos. Por tanto, se trata de un negocio rentable para la universidad, sin que ello suponga el más mínimo esfuerzo por dotar del valor y el espacio que sería deseable, recomendable e incluso exigible para la disciplina enfermera.

Aspectos que, unidos al escaso interés de las enfermeras por integrarse en la universidad, dadas las dificultades de la carrera académica, y las diferencias de honorarios, acaban por provocar un claro déficit de enfermeras en las Facultades y Escuelas, que aprovechan otras disciplinas para ocupar las plazas convocadas, con la consiguiente y lamentable despersonalización y falta de contenido enfermeros, que incide de manera muy negativa en la formación de unas enfermeras que da la impresión que tan solo puedan trabajar en el sistema sanitario, lo que nos sitúa en el mismo nivel de hace años cuando surgieron las escuelas adscritas, para formar enfermeras tecnológicas en las que los cuidados quedan relegados.

La ANECA y sus leoninos criterios; la fuga de talento de la universidad, más preocupada de lograr matrículas que de retener a quienes puedan favorecer una reposición enfermera que garantice la calidad de la formación; la pasividad o la inacción de algunos equipos decanales que tan solo se preocupan por cubrir las plazas sin importar sus perfiles e idoneidad, son tan solo algunas de las razones que están poniendo en peligro lo que tanto costó lograr hace casi ya 50 años.

En resumidas cuentas, una deplorable gestión política de las/os responsables de la administración autonómica y un muy cuestionable comportamiento académico de quienes quieren aparentar una compostura y postura académica que muchas veces tan solo se queda en rituales decimonónicos con vestiduras talares que no logran ocultar las vergüenzas de su actuación.

¿Alguien, de verdad, considera que esta gestión sería posible realizarla con cualquier otra disciplina universitaria? ¿Alguien imagina esta actuación con medicina, farmacia, psicología, veterinaria…sin que el mero hecho de plantearla supusiese un escándalo? ¿Por qué entonces se consiente que se haga con enfermería? Porque sin duda esta actitud, por parte de unos y otros, es una clarísima muestra del respeto y valor que tienen hacia la enfermería y las enfermeras desde el mismo momento de su formación. Actitud que tendrá traslado posterior en el desarrollo profesional, por mucho que las enfermeras nos esforcemos en modificar esta percepción que, lamentablemente, acaba siendo trasladada a la sociedad para seguir alimentando y perpetuando los tópicos y estereotipos vigentes.

Pero con ser lamentable y peligroso todo lo comentado, aún lo es más el que estos hechos propicien un enfrentamiento entre enfermeras como consecuencia de una mal entendida competencia en base al establecimiento de rangos de dudosa calidad por el hecho de pertenecer a uno u otro tipo de escuelas o facultades, cuando, realmente, es un problema sobrevenido con el que las enfermeras hemos tenido que convivir como consecuencia de la incapacidad y los intereses de políticas/os y gestores académicas/os. No se trata de establecer una nueva parcela de cainismo enfermero, sino de unir fuerzas para lograr procesos dignos a la altura de la dignidad que tenemos y merecemos como ciencia, disciplina y profesión.

Se trata, por tanto, de un mal endémico en el que la falta de una “vivienda” digna en un “contexto” saludable, es decir de espacios naturales y adaptados a la realidad científica de la ciencia enfermera en entornos universitarios que propicien el respeto y la equidad interdisciplinar, provoca daños muy importantes. Lo que no se puede ni debe permitir es que se nos exija como a cualquiera, pero no se nos dé como al resto, en una academia que se presupone equitativa y democrática.

No se trata, por tanto, de responder con la descalificación, el insulto, el desprecio o la falta absoluta de respeto ante semejantes tropelías administrativo-académicas, como hacen los políticos en su particular y dudosa interpretación del debate político, sino de PLANIFICAR, las decisiones a adoptar desde la coherencia, el rigor, el respeto y el compromiso de facilitar la participación de cuantos agentes intervienen o se ven afectados, de una u otra forma, en los procesos. Lo contrario conduce a resultados precipitados, ineficaces e ineficientes que perjudican a todas las partes.

Desde la seriedad y el rigor que debería imperar en cualquier asunto, pero muy particularmente en aquellos en los que la ciencia y la conciencia están implicadas, es recomendable abandonar la posibilidad de que emerjan “fondos buitres” que dejen a enfermería y a las enfermeras sin la vivienda académica, científica y social que le corresponde y que nadie, absolutamente nadie, debería poner en peligro nunca. Lo triste es que se tenga que rogar por algo que nos corresponde, cuando nunca deberíamos sacrificar nuestra dignidad por dicho destino.

No creo que haga falta una ley, como la que trata de garantizar un derecho constitucional como la vivienda, para resolver estos problemas. Tan solo sería necesario que el sentido común y el respeto alimentasen la coherencia para facilitar transiciones razonables que acaben con situaciones claramente anacrónicas. De cualquier forma, lo que está verdaderamente en juego en este caso, más allá de la “vivienda”, es la salud, que es otro derecho universal y constitucional que ya tiene ley propia y que estaría bien que se respetase sin despreciar la formación de sus profesionales.

[1] Escritora, poeta, cantante y activista por los derechos civiles estadounidenses.