El reciente anuncio del presidente del Gobierno de adelantar las elecciones generales al próximo 29 de noviembre abre un escenario lleno de certezas e incertidumbres sobre las que difícilmente habrá consenso. Nada nuevo en el convulso panorama político español, donde incluso los hechos parecen haber dejado de ser compartidos para convertirse en materiales que cada cual interpreta según sus intereses.

            La primera certeza, aunque seguramente será negada, es que las elecciones tantas veces exigidas por una parte importante de la oposición quizá no lleguen en el momento que quienes las reclamaban hubieran deseado. Durante meses, convocarlas se convirtió casi en respuesta y propuesta exclusivas a cualquier iniciativa del Gobierno. Finalmente habrá urnas, pero su convocatoria llega inmediatamente después del rechazo parlamentario de los dos reales decretos sobre vivienda con los votos en contra de PP, Vox, Junts y UPN y de unas movilizaciones sociales que se han incrementado tras la muerte de Maricarmen, situando el problema en el centro del debate público.

            De esa certeza surge la primera gran incertidumbre, el resultado. Hasta hace apenas unos días, las encuestas dibujaban un escenario claramente favorable al PP y VOX. Pero las encuestas no votan. Tampoco lo hacen las tertulias, los algoritmos ni quienes convierten una proyección demoscópica en sentencia anticipada. Vota la ciudadanía. Y la vivienda, junto al descontento acumulado por otros muchos problemas, puede alterar comportamientos que algunos consideraban consolidados.

            Certeza e incertidumbre quedan así unidas por quienes tienen la capacidad real de decidir. Una ciudadanía que parece haber despertado de una largo y tedioso letargo provocado tanto por decisiones políticas como por su ausencia y que ha vuelto a ocupar pacíficamente las calles para hacerse escuchar, aunque algunos pretendan criminalizarlos con argucias, no por conocidas, menos deplorables. No sabemos qué decidirá el 29 de noviembre. Esa es la incertidumbre. Pero sí sabemos que su decisión deberá ser respetada. Esa debería ser la certeza.

            Conviene recordarlo ahora, para evitar después la tentación de deslegitimarlo si no coincide con las expectativas propias. En democracia no solamente son legítimos los resultados que nos gustan ni los gobiernos que se constituyen con las alianzas que preferimos. Las reglas deben respetarse cuando benefician y cuando perjudican, porque de lo contrario dejan de ser reglas para convertirse en instrumentos de conveniencia.

            Quedan casi dos meses. Otra certeza poco alentadora es que asistiremos nuevamente a descalificaciones, mentiras, bulos, exageraciones, sospechas y tergiversaciones. De hecho, algunos ya se han dado prisa a generar sospechas infundadas sobre el voto por correo. La incertidumbre consiste en saber cuánto espacio quedará entre tanto ruido y distorsión para conocer propuestas, programas y estrategias de futuro. Votar libremente exige poder comparar alternativas, no simplemente elegir entre miedos. Sería deseable, que la campaña no fuese una competición por ocupar titulares ni por fabricar el miedo más eficaz, sino una confrontación de proyectos comprensibles. La política debería recuperar su capacidad de explicar, escuchar y rendir cuentas, precisamente cuando solicita nuevamente la confianza ciudadana.

            Salud, educación, vivienda, migración, pobreza o violencia de género corren el riesgo de convertirse en armas arrojadizas. Problemas que afectan a la vida cotidiana de millones de personas serán utilizados para desacreditar al adversario en vez de explicar cómo se pretende fortalecer los servicios públicos, garantizar derechos, reducir desigualdades o proteger a quienes más lo necesitan. Incluso la ética política puede quedar reducida a un intercambio de acusaciones sobre corrupciones propias y ajenas, mientras apenas se debate qué controles, transparencias y responsabilidades permitirían impedirlas.

            Quizá ahí resida una de las mayores responsabilidades de todos los partidos, sin excepción. Si realmente pretenden que la ciudadanía vote responsablemente y no como reacción de hartazgo, miedo o enfado, deberían hacer un esfuerzo por convencer en lugar de asustar; proponer en lugar de imponer; argumentar en lugar de tergiversar; dialogar en lugar de insultar; respetar en lugar de desacreditar. Al menos por parte de quienes se espera. Ya sabemos que hay quienes están instalados permanentemente en todo lo contrario.

            Por otra parte, recuperar la calle no debe significar renunciar a la reflexión. Protestar, exigir, fiscalizar y reclamar son expresiones democráticas imprescindibles, pero también lo son contrastar información, rechazar los bulos, escuchar propuestas diferentes y decidir sin aceptar que nadie sustituya nuestro criterio por consignas. La soberanía popular no consiste únicamente en introducir una papeleta en una urna, sino en llegar a ella con libertad y capacidad crítica.

            Quienes tenemos el derecho, la capacidad y la voluntad de votar agradeceríamos una campaña que nos tratase como ciudadanía adulta. No necesitamos que nos indiquen constantemente a quién debemos temer, sino que nos expliquen qué país pretenden construir, con qué prioridades, mediante qué políticas y con qué recursos, más allá de conceptos y simbologías sobre la patria. No necesitamos profecías apocalípticas, ni patrias hechas a la medida de nadie, sino compromisos evaluables. No necesitamos salvadores, sino representantes responsables.

            El 29 de noviembre no es el final de este proceso, sino el comienzo de una responsabilidad que las urnas no agotan. Votar no concede un cheque en blanco ni convierte las promesas electorales en palabras prescindibles una vez alcanzado el poder. No se trata de realidades paralelas, ni de inteligencia artificial.

            Sería una magnífica certeza frente a tanta incertidumbre. La salud política de este país lo agradecería. Y nuestra salud colectiva, también.

            El Gobierno de la Generalitat Valenciana parece haber abierto la veda de las ocurrencias. No de las ideas, que requieren reflexión, planificación, prioridades y evaluación, sino de las ocurrencias, en base a decisiones cuya oportunidad resulta difícil de comprender y que, contempladas conjuntamente, dibujan una preocupante manera de entender la acción política y las instituciones.

            La primera, por capacidad de provocación, es conceder la Alta Distinción de la Generalitat a la Ciudad Autónoma de Ceuta con motivo del 9 d’Octubre. Se trata del máximo reconocimiento del Gobierno valenciano y la justificación ofrecida destaca el «sentido de Estado», el coraje y la respuesta de la población ceutí ante la reciente crisis migratoria.

            Nada que objetar a la solidaridad con Ceuta ni al reconocimiento de las dificultades que afronta su población. Tampoco a debatir sobre migración, fronteras, relaciones internacionales o derechos humanos. Pero resulta difícil identificar qué vinculación específica con nuestra historia, cultura, lengua o sociedad justifica convertir precisamente a Ceuta en protagonista de la máxima distinción institucional del 9 d’Octubre. Si de reconocimientos se trata, cuesta creer que no existan personas, entidades o colectivos valencianos con méritos suficientemente acreditados para recibirla. Convertir una distinción vinculada a nuestra celebración colectiva en instrumento para enviar mensajes políticos coyunturales desdibuja su significado.

            Quizá, puestos a buscar conexiones históricas, alguien termine encontrándolas remontándose a Jaume I que llevó a cabo la expulsión mora para constituir el antiguo Reino de València. Que todo puede ser cuando la ocurrencia precede al argumento.

            Pero no acaba ahí la creatividad institucional.

            El Consell ha anunciado el Bono Hostaleria 2026 para los municipios afectados por la DANA con 3,9 millones de euros destinados a devolver el 50 % de las consumiciones realizadas en bares, cafeterías y restaurantes adheridos, hasta un máximo de 50 euros por persona. La finalidad declarada es estimular el consumo y contribuir a la recuperación económica de las zonas afectadas.

            La hostelería merece apoyo. Por supuesto. Pero ¿por qué exclusivamente ella? ¿Por qué no librerías, papelerías, ferreterías, peluquerías, tiendas de ropa, pequeños comercios o tantos otros negocios igualmente afectados? ¿Qué criterio permite concluir que tomarse unas tapas merece subvención pública y comprar un libro, unos zapatos o material escolar no? No cuestiono ayudar a la hostelería; cuestiono que se seleccione un sector sin explicar convincentemente por qué ese y no otros.

            Existe además una cuestión de equidad. El bono se dirige a personas adultas empadronadas en los municipios incluidos y no establece, según las condiciones publicadas, criterios de renta para acceder a él. Bono Hostaleria Quien dispone de recursos suficientes puede recibir la misma ayuda que quien tiene dificultades para llegar a final de mes. Cuando los recursos públicos son limitados, tratar igual situaciones profundamente desiguales no siempre significa ser equitativo.

            Todo ello sucede mientras las víctimas de la DANA continúan reclamando respuestas, responsabilidades y reparación. Casi dos años después, siguen produciéndose concentraciones y críticas de las asociaciones por la gestión realizada y por la situación institucional del expresident Carlos Mazón.

            La tercera ocurrencia resulta todavía más preocupante porque sus consecuencias pueden permanecer mucho después de quienes hoy gobiernan. La nueva Ley del Suelo se tramita por vía de urgencia, reduciendo los tiempos de participación y enmienda de un texto de alrededor de 400 artículos y que ha recibido numerosos reparos del Consell Jurídic Consultiu. Entre otras modificaciones, amplía las posibilidades de determinados usos turísticos en suelo no urbanizable y altera el régimen de las declaraciones de interés comunitario.

            Nuevamente aparece el turismo como solución aparentemente universal. Un turismo que genera riqueza y empleo, sí, pero cuyo crecimiento sin límites también transforma barrios, tensiona la vivienda, modifica el territorio y altera la convivencia. La libertad de mercado no debería convertirse en libertad para ocupar progresivamente cada espacio disponible mientras la ciudadanía encuentra crecientes dificultades para acceder a una vivienda y permanecer en sus propios barrios.

            Tres decisiones diferentes, pero un preocupante hilo conductor como es confundir gobernar con anunciar, priorizar con seleccionar y gestionar lo público con disponer de ello según la conveniencia política del momento.

            Mientras tanto, Carlos Mazón continúa como diputado autonómico y conserva las prerrogativas asociadas a su condición de expresident, después de que PP y Vox rechazaran iniciativas dirigidas a retirárselas. Manteniendo su figura vinculada al actual escenario político valenciano, en un claro desprecio al clamor popular.

            A escasos días del 9 d’Octubre, deberíamos reflexionar sobre el grado de identificación, compromiso y respeto de quienes gobiernan la Generalitat con el pueblo al que representan. Gobernar la Generalitat significa representar una historia, una cultura, una lengua, una sociedad y unas instituciones que pertenecen a toda la ciudadanía y que ningún gobierno puede utilizar como escenario coyuntural para sus estrategias políticas.

            La Generalitat y el 9 d’Octubre exigen respeto, pertenencia y compromiso con una sociedad plural que tiene derecho a poder reconocerse en sus instituciones.

LA GENERALITAT DAVANT L’ESPILL DEL 9 D’OCTUBRE

El Govern de la Generalitat Valenciana sembla haver obert la veda de les ocurrències. No de les idees, que requereixen reflexió, planificació, prioritats i avaluació, sinó de les ocurrències, a partir de decisions l’oportunitat de les quals resulta difícil d’entendre i que, contemplades conjuntament, dibuixen una preocupant manera d’entendre l’acció política i les institucions.

            La primera, per capacitat de provocació, és concedir l’Alta Distinció de la Generalitat a la Ciutat Autònoma de Ceuta amb motiu del 9 d’Octubre. Es tracta del màxim reconeixement del Govern valencià i la justificació oferida destaca el «sentit d’Estat», el coratge i la resposta de la població ceutina davant la recent crisi migratòria.

            Res a objectar a la solidaritat amb Ceuta ni al reconeixement de les dificultats que afronta la seua població. Tampoc a debatre sobre migració, fronteres, relacions internacionals o drets humans. Però resulta difícil identificar quina vinculació específica amb la nostra història, cultura, llengua o societat justifica convertir precisament Ceuta en protagonista de la màxima distinció institucional del 9 d’Octubre. Si de reconeixements es tracta, costa creure que no existisquen persones, entitats o col·lectius valencians amb mèrits suficientment acreditats per a rebre-la. Convertir una distinció vinculada a la nostra celebració col·lectiva en instrument per a enviar missatges polítics conjunturals desdibuixa el seu significat.

            Potser, posats a buscar connexions històriques, algú acabe trobant-les remuntant-se a Jaume I, que va dur a terme l’expulsió mora per a constituir l’antic Regne de València. Que tot pot ser quan l’ocurrència precedeix l’argument.

Però ací no acaba la creativitat institucional.

            El Consell ha anunciat el Bo Hostaleria 2026 per als municipis afectats per la DANA, amb 3,9 milions d’euros destinats a retornar el 50 % de les consumicions realitzades en bars, cafeteries i restaurants adherits, fins a un màxim de 50 euros per persona. La finalitat declarada és estimular el consum i contribuir a la recuperació econòmica de les zones afectades.

            L’hostaleria mereix suport. Per descomptat. Però per què exclusivament ella? Per què no llibreries, papereries, ferreteries, perruqueries, botigues de roba, petits comerços o tants altres negocis igualment afectats? Quin criteri permet concloure que prendre’s unes tapes mereix subvenció pública i comprar un llibre, unes sabates o material escolar no? No qüestione ajudar l’hostaleria; qüestione que se seleccione un sector sense explicar convincentment per què aquest i no uns altres.

            Existeix, a més, una qüestió d’equitat. El bo s’adreça a persones adultes empadronades als municipis inclosos i no estableix, segons les condicions publicades, criteris de renda per a accedir-hi. Qui disposa de recursos suficients pot rebre la mateixa ajuda que qui té dificultats per a arribar a final de mes. Quan els recursos públics són limitats, tractar igual situacions profundament desiguals no sempre significa ser equitatiu.

            Tot això succeeix mentre les víctimes de la DANA continuen reclamant respostes, responsabilitats i reparació. Quasi dos anys després, continuen produint-se concentracions i crítiques de les associacions per la gestió realitzada i per la situació institucional de l’expresident Carlos Mazón.

            La tercera ocurrència resulta encara més preocupant perquè les seues conseqüències poden romandre molt després dels qui hui governen. La nova Llei del Sòl es tramita per via d’urgència, reduint els temps de participació i esmena d’un text d’aproximadament 400 articles i que ha rebut nombrosos advertiments del Consell Jurídic Consultiu. Entre altres modificacions, amplia les possibilitats de determinats usos turístics en sòl no urbanitzable i altera el règim de les declaracions d’interés comunitari.

            Novament apareix el turisme com a solució aparentment universal. Un turisme que genera riquesa i ocupació, sí, però el creixement sense límits del qual també transforma barris, tensiona l’habitatge, modifica el territori i altera la convivència. La llibertat de mercat no hauria de convertir-se en llibertat per a ocupar progressivament cada espai disponible mentre la ciutadania troba dificultats creixents per a accedir a un habitatge i romandre als seus propis barris.

Tres decisions diferents, però un preocupant fil conductor: confondre governar amb anunciar, prioritzar amb seleccionar i gestionar allò públic amb disposar-ne segons la conveniència política del moment.

            Mentrestant, Carlos Mazón continua com a diputat autonòmic i conserva les prerrogatives associades a la seua condició d’expresident, després que PP i Vox rebutjaren iniciatives dirigides a retirar-les-hi. Mantenint així la seua figura vinculada a l’actual escenari polític valencià, en un clar menyspreu al clam popular.

            A escassos dies del 9 d’Octubre, hauríem de reflexionar sobre el grau d’identificació, compromís i respecte dels qui governen la Generalitat amb el poble al qual representen. Governar la Generalitat significa representar una història, una cultura, una llengua, una societat i unes institucions que pertanyen a tota la ciutadania i que cap govern pot utilitzar com a escenari conjuntural per a les seues estratègies polítiques.

            La Generalitat i el 9 d’Octubre exigeixen respecte, pertinença i compromís amb una societat plural que té dret a poder reconéixer-se en les seues institucions.

La riqueza del castellano permite nombrar con precisión realidades que a menudo confundimos. Ver, mirar y observar parecen verbos próximos, pero no son equivalentes. Ver es percibir con los ojos; mirar, dirigir deliberadamente la vista; observar, examinar con atención. La diferencia puede parecer menor hasta que esos verbos abandonan el diccionario y entran en la política, los medios de comunicación o el conflicto social. Entonces, elegir qué vemos, hacia dónde miramos y cómo observamos puede cambiar por completo el relato de una realidad.

            La acampada instalada en la Puerta del Sol tras el desahucio de Maricarmen, constituye un buen ejemplo. La movilización ha situado la crisis de la vivienda en el centro del debate público y ha obligado a las instituciones a reaccionar. Hasta ahora, además, no se han registrado incidentes de gravedad que permitan describir la protesta como violenta. Sin embargo, el alcalde de Madrid, Martínez-Almeida, ha señalado la existencia de “adoquines” y “cuchillos de grandes dimensiones” como prueba de que la acampada no es pacífica. El propio Ayuntamiento aportó después una fotografía en la que uno de esos cuchillos aparecía junto a pan y hummus.

            Almeida ha visto objetos y ha mirado hacia ellos. Otra cuestión es qué conclusión puede extraerse al observar el conjunto. Porque observar exige contexto, proporción y contraste. Un objeto potencialmente peligroso no acredita por sí solo una intención violenta, del mismo modo que una multitud no se convierte en amenaza porque alguien decida encuadrar únicamente aquello que permite construir esa imagen. La Delegación del Gobierno ha sostenido, por el contrario, que prima el derecho de reunión y ha rechazado el desalojo solicitado por Ayuntamiento y Comunidad de Madrid.

            Por tanto, no consiste en elegir entre interpretaciones diferentes de una misma realidad. Sino en evitar que los hechos sean sometidos al tamiz ideológico, partidista, interesado, oportunista o simplemente torpe de quien los contempla. Observar exige atender a lo que sucede, contextualizarlo y contrastarlo sin atribuirle una causalidad, una intención o unas consecuencias que los propios hechos no permiten demostrar. Si existen conductas violentas, habrá que constatarlas y actuar en consecuencia. Pero un cuchillo en sí mismo no demuestra una voluntad de agresión, como unos adoquines en una plaza no convierten a quienes allí se manifiestan en personas violentas. Convertir objetos en pruebas de intenciones no observadas ni materializadas no es observar, es construir un relato. Y cuando ese relato procede de quienes tienen poder o capacidad de influencia, deja de ser una simple cuestión semántica para convertirse en un problema social.

            Mientras se mira un cuchillo se deja de observar a las miles de personas reclamando respuestas ante un problema de vivienda que no nació en Sol. El caso de Maricarmen actuó como detonante, pero la protesta remite a alquileres, desahucios, vivienda pública, especulación, dificultades de acceso y a un serio problema de Salud Pública que llevan años formando parte del debate social. La movilización ha conseguido, además, trasladar nuevamente la vivienda al centro de la agenda política.

            Algo parecido sucede con las palabras. Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, ha pedido actuar con “urgencia y contundencia” ante la situación de Ceuta y ha hablado del “desahucio de facto de 80.000 españoles de sus casas”. O las de Ayuso desaconsejando el voto por correo por considerar que está amañado por el Gobierno. Las palabras no solo describen, sino que también encuadran, asocian y provocan emociones.

            El peligro no es discrepar, sino sustituir la observación por una mirada previamente orientada a confirmar aquello que queremos encontrar. Pueden hacerlo responsables políticos, económicos o religiosos cuando seleccionan únicamente los elementos que sostienen su discurso. Pero también los medios cuando abandonan el contraste para amplificar una interpretación, o las redes sociales cuando una imagen descontextualizada, un bulo o una frase emocional circulan más rápidamente que su verificación.

            No hablamos de una discusión abstracta sobre semántica, sino de cómo se construye percepción social en un contexto de polarización y de cómo puede utilizarse para alimentar miedo, rechazo o enfrentamiento.

            Ver es inevitable para quienes tienen la fortuna de poder hacerlo. Mirar supone elegir. Observar exige responsabilidad. Y quizá ahí radique una obligación especialmente importante para quienes ocupan posiciones de poder, representación o influencia, no confundir aquello que seleccionan para mirar con toda la realidad.

            La ciudadanía tampoco debe renunciar a observar. Preguntarse qué queda fuera de la imagen, quién construye el relato, qué datos lo sostienen y cuáles lo contradicen. Una sociedad que solo ve puede ser distraída; una que únicamente mira aquello que desea encontrar puede ser manipulada. La que observa, contrasta y piensa resulta mucho más difícil de ser manipulada por el miedo.

            En tiempos de ruido, polarización y mentira, observar se convierte en un ejercicio de ciudadanía. No garantiza que pensemos igual. Afortunadamente. Pero exige que nuestras diferencias nazcan de una realidad examinada y no de una realidad fabricada. Y esa diferencia, aunque el diccionario la resuma en pocas palabras, puede ser enorme.

Hay momentos en los que la acumulación de acontecimientos deja de poder interpretarse como una simple sucesión de casualidades, sino porque todos ellos encuentran acomodo en un mismo clima social y político. Estamos normalizando comportamientos, discursos y actuaciones que hace no demasiado tiempo habrían provocado un rechazo mucho más firme.

            En apenas unos días hemos asistido al ataque violento contra un vehículo en Ceuta; a expresiones de odio contra un diputado por su homosexualidad; a amenazas contra Cruz Roja por desarrollar su labor humanitaria; al desahucio de una mujer de 87 años de la vivienda en la que había vivido durante siete décadas; a una actuación policial de cuestionable proporcionalidad contra quienes protestaban por un acto de Vox; o a la exhibición de un espray de gas pimienta por una diputada del PP en el Congreso.

            No pretendo equiparar situaciones diferentes. Pretendo señalar el sustrato que permite que todas ellas encuentren espacio, justificación, comprensión, silencio o incluso aplauso, que es algo mucho más inquietante.

            La violencia no empieza cuando alguien lanza una piedra, golpea un coche o amenaza. Comienza cuando se deshumaniza a quien piensa, vive, ama, procede o actúa de manera diferente; cuando se convierte al adversario en enemigo; cuando se identifica inmigración con delincuencia, protesta con amenaza, pobreza con fracaso, diversidad con peligro o discrepancia con traición.

            Después vienen las palabras. Las palabras importan. Importan cuando se pronuncian desde un parlamento, una tribuna, un medio de comunicación o una red social. Importan especialmente cuando quienes las utilizan saben que no pretenden explicar la realidad, sino deformarla para provocar miedo, ira o rechazo.

            Y llega la normalización. Nos acostumbramos al insulto. A la mentira. A la amenaza. A la provocación. A señalar a colectivos enteros. A discutir si determinadas personas merecen los mismos derechos. A justificar una agresión dependiendo de quién la cometa o quién la padezca. Incluso empezamos a tolerar comportamientos que erosionan la democracia.

            Quienes convierten el miedo en estrategia electoral no pueden posteriormente sorprenderse de sus consecuencias. Quienes alimentan diariamente la sospecha hacia personas migrantes, homosexuales, feministas, pobres o quienes discrepan políticamente no deberían fingir desconcierto cuando ese señalamiento se transforma en hostilidad. Y quienes relativizan determinadas violencias mientras magnifican otras contribuyen a establecer una peligrosísima clasificación moral entre víctimas aceptables e inaceptables.

            Hay, además, una estrategia especialmente perversa cuando determinados responsables políticos asocian la violencia con grupos concretos de población o con quienes ejercen legítimamente su derecho a manifestarse y defender derechos, sin aportar evidencias reales que permitan establecer esa relación. Se construyen causalidades interesadas, se generalizan comportamientos individuales y, a partir de ahí, se presenta al colectivo como una amenaza que es necesario contener. No se pretende evitar una violencia demostrada, sino un peligro previamente construido para legitimar la limitación de libertades.

            También la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado merece reflexionarse. Existe una evidente falta de homogeneidad en la respuesta ante situaciones que exigen garantizar tanto la seguridad como el ejercicio de derechos fundamentales. La inacción o la permisividad contrastan, en ocasiones, con intervenciones de una contundencia difícilmente justificable. No se trata de acusar indiscriminadamente a quienes protagonizan estas actuaciones, sino de cuestionar que se produzcan y, sobre todo, que puedan hacerlo de manera reiterada sin que se determinen responsabilidades. Lo que no resulta admisible es asumir la disparidad de actuación como algo inevitable y continuar como si nada hubiese sucedido.

            La sociedad está proporcionando terreno donde germina la violencia. Desigualdad, pobreza, precariedad laboral, acceso a la vivienda, soledad, incertidumbre, dificultades para construir proyectos vitales y pérdida de expectativas generan frustración, desesperanza y sufrimiento. Son determinantes sociales que condicionan nuestra salud individual y colectiva, debilitan los vínculos comunitarios y erosionan la confianza. Cuando alguien vive permanentemente instalado en la incertidumbre resulta mucho más sencillo ofrecerle culpables que soluciones.

            Ahí aparece el miedo. Miedo a perder lo poco que se tiene. Miedo a quien llega. Miedo a quien es diferente. Miedo al futuro. Un miedo que, convenientemente manipulado, desplaza la reflexión y anula el pensamiento crítico. Porque pensar exige esfuerzo; odiar tan solo necesita un enemigo.

            La desconfianza, el miedo y la frustración pueden acabar trasladándose a las propias instituciones democráticas, presentadas interesadamente como inútiles, corruptas o incapaces de resolver los problemas. Se desacredita la política para después ofrecerse como alternativa a ella; se cuestionan las instituciones para justificar su debilitamiento; se alimenta el caos para presentarse después como respuesta al mismo. El mejor caldo de cultivo para opciones antisistema que explotan el descontento sin necesidad de ofrecer alternativas viables para afrontar los problemas que lo provocan.

            Ante la falta de propuestas aparecen la patria y la bandera como cebo emocional. No como símbolos compartidos para generar pertenencia, sino como instrumentos para dividir, excluir y decidir quién merece formar parte del nosotros y quién debe quedar fuera. Una concepción infantil y mezquina de la patria que necesita enemigos para afirmarse y que paradójicamente solo parece lograr una unidad espontánea con éxitos deportivos.

            Es necesario ampliar nuestra concepción de la corrupción. Nos preocupa, justificadamente, la corrupción económica. Pero existe otra corrupción, la ideológica, mucho menos visible y potencialmente más devastadora. Aquella que pervierte los valores para adaptarlos al interés propio y sustituye los argumentos por consignas.

            Una corrupción que impone una determinada forma de pensar y consigue transformar nuestra manera de convivir.

El escándalo de las listas de espera del Hospital Ramón y Cajal debería preocuparnos mucho más allá de Madrid. Convertirlo en una nueva batalla partidista permitiría eludir la cuestión que debemos preguntarnos ¿qué sucede cuando un sistema concebido para cuidar empieza a gestionar indicadores como si fueran fines y no instrumentos? Es decir, cuando importa más el dato que la salud, el resultado que las personas, la productividad que la calidad y el rendimiento contable que la confianza social.

            Las listas de espera nacieron para conocer demoras, ordenar prioridades y mejorar la gestión. Pero cuando su evolución condiciona objetivos, incentivos, reputación institucional o rédito político, el indicador deja de revelar el problema y comienza a ocultarlo.

            No es una cuestión menor ni exclusivamente técnica. La salud constituye un espacio extraordinariamente sensible a la utilización política. Pero añade componentes especialmente poderosos como miedo, sufrimiento, dependencia, incertidumbre y vida. Alrededor de ella confluyen, además, intereses empresariales, corporativos y financieros capaces de convertir necesidades humanas en oportunidades de negocio. La expansión de externalizaciones y provisión privada hace todavía más imprescindible conocer qué se decide, por qué, con qué resultados y quién se beneficia.

            En el Ramón y Cajal importa el qué, pero también el cómo. La reacción institucional ante la denuncia desplazó parte del foco hacia el profesional denunciante. Cuando ante una denuncia se tata de “matar” al mensajero, se transmite el mensaje demoledor de que hablar puede tener consecuencias.

            El Ministerio de Sanidad ha requerido a la Comunidad de Madrid que anule compromisos de confidencialidad y deber de secreto distribuidos en algunos hospitales públicos madrileños, al considerar que determinadas cláusulas podrían exceder las obligaciones legales de confidencialidad y dificultar la denuncia de irregularidades. Y, aunque algunos de esos documentos fueron elaborados antes de que estallara el caso del Ramón y Cajal, no elimina el problema, porque una confidencialidad formulada de manera tan amplia puede generar miedo a comunicar irregularidades dejando de proteger información sensible y corriendo el riesgo de convertirse en una mordaza.

            La confidencialidad protege a las personas y su información. El secreto institucional no puede proteger a la organización frente a la transparencia. Confundir ambos conceptos sería aproximarnos peligrosamente a una cultura de silencio, una especie de omertà administrativa incompatible con un sistema público que debería favorecer que sus profesionales alertasen de aquello que compromete la legalidad, la calidad o la seguridad.

            Y aquí aparece la cuestión estructural. ¿Quién controla a quienes gestionan y prestan la atención? Sanidad concentra el mayor gasto público y afecta directamente a la salud de las personas por lo que no puede mantener su fiscalización fundamentalmente dentro de las mismas estructuras políticas, administrativas y profesionales que deben ser evaluadas. Esto afecta tanto a la gestión de recursos y resultados como a la atención prestada. Los propios Servicios de Atención al Paciente, integrados en las organizaciones sobre las que reciben reclamaciones, evidencian una endogamia que favorece respuestas corporativas y proteccionistas en detrimento de la independencia, la claridad y la transparencia.

            No es solo una cuestión ética. Afecta a la eficacia, cuando los problemas detectados no modifican realmente la atención; a la eficiencia, cuando información incompleta o sesgada condiciona decisiones y recursos; a la calidad, cuando la evaluación procede fundamentalmente de quien presta y organiza la propia atención; y a la confianza social, cuando las personas perciben que reclamar significa dirigirse a la misma estructura sobre la que reclaman. Necesitamos controles independientes, trazabilidad, criterios homogéneos y participación profesional y ciudadana con capacidad real de fiscalización.

            La paradoja resulta evidente. Hemos aceptado externalizar servicios, pruebas, tecnologías, intervenciones e infraestructuras invocando eficiencia, mientras preservamos internamente buena parte del control de la gestión y de la atención. Se externaliza aquello que puede convertirse en actividad o negocio, pero cuesta extraordinariamente independizar aquello que podría fiscalizarlo. Externalizamos la atención cuando interesa, pero protegemos la endogamia cuando se trata de evaluarla. Y precisamente el control es aquello que más independencia necesita.

            Lo sucedido en Madrid no es un problema nuevo ni exclusivamente madrileño, sino que hace visible uno que, con diferentes formas e intensidades, afecta al conjunto de los servicios de salud españoles. Además, no hablamos de datos políticamente neutros, capaces de fortalecer o deteriorar la credibilidad de una gestión y, por tanto, de tener impacto electoral. Precisamente por ello, cuando los datos contradicen el relato que se pretende trasladar a la ciudadanía, surge la tentación de interpretarlos, seleccionarlos, maquillarlos o manipularlos para que la realidad resulte más conveniente.

            Lo sucedido no requiere maquillaje ni una comisión destinada a esperar que pase el escándalo. Reclama una transformación del modelo de gobernanza y control.

            Cuando una organización teme más el mal dato que el problema que ese dato revela, termina gestionando apariencias. Y si teme a quien lo denuncia, el problema está en el sistema que prefiere el silencio a saber la verdad.

            Pero, el problema para unos y la suerte para otros, es que siempre hay algún otro escándalo que supera en actualidad o gravedad al anterior. Lo que, en ningún caso, lo hace desaparecer. Una forma como otra cualquiera de perpetuar los problemas.

              Vivimos rodeados de guerras que nunca fueron declaradas. Luchamos contra el cáncer, combatimos la obesidad, declaramos la guerra a las drogas o a la violencia de género, frenamos avalanchas migratorias y convertimos cada campaña electoral en una contienda en la que hay que derrotar, aniquilar y hasta «matar» políticamente al adversario. Incluso cuando transmitimos ánimo a alguien que atraviesa una enfermedad grave le pedimos que luche, sea fuerte y no se rinda.

            Puede parecer únicamente una manera de hablar. Pero las palabras nunca son inocentes. Están cargadas de intención y, sobre todo, condicionan nuestra manera de interpretar aquello que nombran.

            Convertir un problema en una guerra significa asumir también su lógica. La complejidad queda sustituida por la aparente sencillez de identificar al enemigo y combatirlo.

            En salud resulta especialmente evidente. Cuando la enfermedad se convierte en una guerra, alguien debe asumir el mando y alguien debe obedecer. Los profesionales ocupan con demasiada facilidad la posición de quienes conocen la estrategia, establecen los objetivos y deciden qué debe hacerse, cómo y cuándo, mientras a quien significativamente denominamos «paciente» se le reserva el papel de cumplir las órdenes recibidas. Reducir a la persona a paciente facilita convertirla en subordinada. Importa entonces más que cumpla el tratamiento, siga las indicaciones y responda a los objetivos establecidos que conocer qué piensa sobre su enfermedad, cómo afecta a su vida, qué teme, qué espera o qué decisiones está dispuesta a asumir. El diálogo y el consenso ceden terreno ante una obediencia disfrazada demasiadas veces de adherencia. Y hasta el resultado reproduce la jerarquía del campo de batalla, si la batalla se gana, el éxito suele atribuirse al conocimiento y la intervención profesional; si se pierde, con demasiada frecuencia aparece la sospecha de que la persona no luchó suficientemente, no cumplió correctamente o no siguió las indicaciones recibidas. Así, el profesional conserva el mando incluso cuando pierde la batalla y la persona puede acabar cargando, además de con su enfermedad, con la culpa de la derrota.

            En una guerra no se dialoga con el enemigo para comprender sus razones. Se le ataca para vencerlo. No se negocia desde la discrepancia, porque negociar puede interpretarse como debilidad. El consenso deja de representar la capacidad de alcanzar acuerdos entre posiciones diferentes y ser percibido como claudicación. Quien piensa distinto deja de ser interlocutor para convertirse en adversario y, finalmente, en enemigo.

            La lógica bélica necesita además estructuras férreamente jerarquizadas. Los mandos deciden qué debe hacerse, cómo, dónde, cuándo y por quién. Las órdenes se dan y se ejecutan. El liderazgo, entendido como capacidad para escuchar, integrar, convencer y generar compromiso, queda sustituido por el mando y la imposición

            También necesitamos enemigos reconocibles. La guerra contra las drogas puede acabar señalando a las personas con adicciones; la batalla contra el absentismo, culpabilizando a quien no trabaja sin analizar sus circunstancias; la migración, transformando personas en amenazas. Incluso la necesaria respuesta frente a la violencia de género puede empobrecerse si se limita a combatir al agresor sin transformar el machismo, la desigualdad, las relaciones de poder y los patrones culturales que la perpetúan. No deberíamos aspirar únicamente a ganar esa guerra, sino a transformar la sociedad que la mantiene.

            La guerra simplifica problemas complejos porque permite concentrarnos en quién debe ser derrotado en lugar de preguntarnos qué debe ser transformado.

            Esa simplificación tiene otra consecuencia, que solo admite dos resultados, victoria o derrota. Ganar termina siendo más importante que tener razón, convencer o construir una solución compartida.

            Quizá por eso la política se parece cada vez más a una sucesión de campañas militares. Se conquista poder, se ocupan espacios, se cierran filas, se disciplinan discrepancias, se sigue una cadena de mando y se celebra la derrota del contrario, aunque después resulte imposible alcanzar acuerdos para resolver aquello que afecta a todos. Pero, además, también existen guerras sucias. Cuando lo importante es ganar, la mentira, la manipulación, la descalificación, la ocultación o el descrédito, como estrategia, pueden acabar pareciendo legítimas. Poco importan las consecuencias ni quién resulte damnificado. Todo acaba convertido en simples daños colaterales.     

            Frente a esa lógica palabras como cuidar, comprender, acompañar, promover, educar, prevenir, dialogar, negociar, cooperar, consensuar, se descartan. Ninguna promete victorias inmediatas. Exigen tiempo, escucha, cesiones y reconocimiento del otro. Precisamente por eso son mucho más difíciles.

            No se trata de renunciar a las metáforas, sino de ser conscientes de que las palabras no solo describen la realidad, también contribuyen a construirla. Y cuando elegimos sistemáticamente palabras que hablan de combatir, vencer, derrotar o aniquilar, acabamos contemplando los problemas desde una lógica en la que necesariamente alguien tiene que perder para que otro pueda ganar.

            Una sociedad que necesita y busca enemigos para resolver sus diferencias quizá termine ganando muchas batallas, pero a costa de perder su capacidad para convivir, que es algo bastante más importante.

La imagen de Maricarmen abandonando en camilla la vivienda en la que había vivido durante más de setenta años resulta difícil de olvidar. A sus 87 años, después de varios intentos de desahucio y de una larga lucha por permanecer en su hogar, centenares de personas la acompañaron mientras se consumaba aquello que durante meses se había tratado de evitar. Vecindario, familiares, Sindicato de Inquilinas, periodistas y otras muchas personas hicieron visible una solidaridad que contrastaba dolorosamente con la incapacidad para encontrar una solución.

            Hoy sabemos, además, que Maricarmen pasó su primera noche sin casa ingresada en el Hospital Gregorio Marañón, con agotamiento severo, ansiedad y estrés relacionados con lo vivido.

            Pero no quiero detenerme en lo que ya hemos visto y escuchado. Quiero hacerlo desde mi condición de enfermera, porque hay algo que, además de preocuparme, me interpela profesional y éticamente.

            Maricarmen llevaba más de setenta años viviendo en el mismo lugar. Cabe pensar, por tanto, que tenía un centro de salud y una enfermera de referencia. Desconozco si esa enfermera se puso en contacto con ella, si conocía su situación, si acudió a su domicilio, si identificó sus necesidades o si estableció algún plan de cuidados. Que no haya trascendido públicamente no significa que no sucediera. Pero precisamente esa incertidumbre plantea una pregunta que trasciende este caso: ¿qué papel corresponde a una enfermera comunitaria cuando una persona de su comunidad afronta una situación capaz de comprometer gravemente su salud, su seguridad, su autonomía y su proyecto vital?

            Porque perder la vivienda no es exclusivamente un problema inmobiliario, económico, judicial o social. Es un problema de salud. Y esperar a que sus consecuencias se conviertan en ansiedad, insomnio, descompensación, deterioro funcional, sufrimiento o enfermedad para intervenir significa llegar tarde.

            Ahí radica precisamente una de las diferencias entre atender la enfermedad y cuidar a las personas.

            Maricarmen estaba acompañada por familiares, vecinos y organizaciones sociales. Magnífico. Pero esa solidaridad no sustituye la responsabilidad profesional. El cuidado social, familiar o comunitario complementa la atención profesional; no la hace innecesaria.

            Y aquí es donde debemos hacer autocrítica.

            Resulta relativamente sencillo denunciar la responsabilidad política, la especulación inmobiliaria, la insuficiencia de las políticas de vivienda o las decisiones institucionales. Mucho más incómodo resulta preguntarnos qué hicimos nosotros cuando una persona de nuestra comunidad atravesaba una situación semejante.

            Las enfermeras no podemos reclamar reconocimiento de nuestra aportación comunitaria y, al mismo tiempo, permanecer ausentes de los lugares donde los determinantes sociales y morales están deteriorando la vida de las personas.

            No basta con hablar de determinantes sociales de la salud en congresos, programas docentes, estrategias institucionales o diagnósticos comunitarios. Hay que reconocerlos cuando tienen nombre, domicilio y consecuencias concretas. Un desahucio es un determinante de salud en acción, que activa, además, determinantes morales en base a los que actuar.

            Escuchar. Valorar. Acompañar. Anticipar riesgos. Coordinarse con trabajo social y otros profesionales. Movilizar recursos comunitarios. Facilitar conexiones institucionales. Realizar seguimiento. Estar presente. No para sustituir a la familia, al vecindario, a los movimientos sociales o a los servicios públicos responsables de garantizar una vivienda digna, sino para aportar los cuidados profesionales que corresponden a nuestra competencia ante una situación que amenaza la salud y el bienestar de una persona.

            La Atención Primaria y Comunitaria pierde buena parte de su sentido cuando espera sentada a que los problemas atraviesen la puerta del centro de salud o suene el teléfono para demandar asistencia.

            Por eso me cuesta aceptar como explicación la falta de tiempo, las agendas saturadas, las listas de espera o la ausencia de demanda. Son problemas reales que condicionan enormemente nuestro trabajo y que deben denunciarse y corregirse. Pero convertirlos sistemáticamente en explicación de nuestra ausencia puede terminar transformándolos en coartadas. Porque precisamente las personas que más necesitan cuidados son, muchas veces, quienes menos capacidad tienen para demandarlos.

            Tomar la iniciativa también es cuidar. La atención integral, integrada e integradora de la que tanto hablamos exige escuchar aquello que no llega convertido en motivo de consulta. Exige comprender que detrás de una amenaza de desahucio puede haber miedo, sufrimiento, pérdida de seguridad, ruptura de vínculos, deterioro de la autonomía y una profunda sensación de desprotección. Y exige actuar antes de que todo ello termine convertido en un diagnóstico.

            Maricarmen conocerá probablemente los nombres y los rostros de muchas de las personas que estuvieron junto a ella. Quienes acudieron a su portal, quienes intentaron evitar su desahucio, quienes la acompañaron y quienes le hicieron sentir que no estaba sola.

No sé si conoce el nombre de su enfermera. Y tampoco sé si su enfermera conoce realmente a Maricarmen. Pero quizá esas dos preguntas sean mucho más importantes de lo que parecen.

            Porque no estamos hablando únicamente de una mujer de 87 años desahuciada de la vivienda en la que había transcurrido prácticamente toda su vida. Estamos hablando de qué entendemos por cuidar, qué significa ser enfermera comunitaria y hasta dónde estamos dispuestas a mirar cuando aquello que amenaza la salud sucede fuera de nuestra consulta.

            La respuesta que demos determinará también nuestra visibilidad social. Porque la invisibilidad de la Enfermería no siempre nos viene impuesta. A veces la construimos nosotras mismas cuando no estamos donde el cuidado nos necesita.

            Maricarmen fue desahuciada de su vivienda en cumplimiento de una legalidad, que evidencia hasta qué punto puede resultar profundamente injusta. Pero si Maricarmen fue también desahuciada de los cuidados que precisaba, la explicación ya no responde a ninguna ley. En ese caso estamos ante una irresponsabilidad profesional. Y ese es un desahucio para el que no existe justificación posible.

La solidaridad es una de esas palabras con las que resulta difícil estar en desacuerdo. Todos somos solidarios, al menos mientras no tengamos que precisar con quién, hasta dónde y a cambio de qué. Porque es precisamente cuando la solidaridad deja de ser una declaración y exige compartir recursos, asumir responsabilidades o renunciar a alguna comodidad cuando empiezan a aparecer los apellidos, las condiciones y, últimamente, hasta los códigos postales.

            Nos conmueve una catástrofe, una guerra, una hambruna o la imagen de alguien que lo ha perdido todo. Organizamos campañas, hacemos donaciones y expresamos nuestra indignación ante el sufrimiento. Practicamos así una especie de solidaridad a distancia o por transferencia, necesaria y valiosa, pero también cómoda en muchas ocasiones. Una cantidad de dinero, un número de cuenta y unos cuantos clics nos permiten contribuir a aliviar un sufrimiento lejano sin necesidad de encontrarnos con quien lo padece y, en ocasiones, sin saber siquiera con certeza dónde y cómo terminará utilizándose nuestra aportación. La transferencia ayuda, pero también puede tranquilizar nuestra conciencia y permitirnos seguir adelante. La situación cambia cuando la solidaridad deja de ser a distancia y pasa a ser en directo; cuando quien necesita ayuda deja de ser una imagen en una pantalla y aparece ante nosotros con rostro, nombre, necesidades y expectativas. Con toda su crudeza y certidumbre. Entonces surgen los recelos, las sospechas y las precauciones. Preguntamos de dónde viene, cuánto tiempo lleva aquí, qué derechos tiene, cuánto nos cuesta, si realmente necesita lo que solicita o si antes no habría que atender «a los nuestros». Paradójicamente, parece resultarnos más sencillo solidarizarnos con quien está suficientemente lejos que con quien se acerca demasiado.

            Ayudar primero a quienes tenemos cerca puede resultar comprensible. Los vínculos familiares, afectivos y comunitarios forman parte de nuestra manera de relacionarnos. El problema aparece cuando esa proximidad deja de expresar afecto y se convierte en criterio para determinar quién merece derechos, protección o dignidad. Una cosa es sentirnos especialmente vinculados con determinadas personas y otra muy diferente establecer que ese vínculo nos autoriza a considerar menos merecedoras a las demás.

            Reconocer que los recursos son limitados no significa aceptar cualquier criterio para distribuirlos. Gobernar obliga a establecer prioridades, pero estas deberían responder a necesidad, justicia, equidad y protección de quienes se encuentran en peores condiciones. Mucho más grave resulta cuando las decisiones políticas alteran consciente e interesadamente esos criterios y permiten que recursos, ayudas, viviendas o prestaciones concebidos para determinadas personas terminen beneficiando a quienes no deberían ser sus destinatarios, mientras quienes realmente los necesitan quedan fuera. Las controversias surgidas en torno a las ayudas de la DANA de València, determinadas viviendas públicas en Alicante o el conocido caso del ático relacionado con la presidenta madrileña son ejemplos, con un denominador común, que obligan a preguntarnos quién establece finalmente el merecimiento y con qué criterios.

            Porque entonces dejamos de hablar únicamente de solidaridad y empezamos a hablar de justicia distributiva, responsabilidad política y ética pública. Resulta demasiado fácil justificar la escasez cuando quienes sufren sus consecuencias son siempre quienes tienen menor capacidad para defenderse, mientras determinadas decisiones permiten que los recursos encuentren caminos sorprendentemente más accesibles para otros.

            Existe, además, otra perversión menos visible. La solidaridad ciudadana puede convertirse en la coartada perfecta para que las administraciones eludan responsabilidades que les corresponden. Ante una catástrofe, la pobreza, la exclusión o cualquier situación de necesidad, la respuesta comunitaria constituye una extraordinaria expresión de compromiso colectivo. Pero una cosa es que la solidaridad complemente la acción pública y otra muy diferente que tenga que sustituirla. Bancos de alimentos, asociaciones, entidades sociales, voluntariado, colectas o redes vecinales no deberían asumir permanentemente aquello que corresponde garantizar a unas instituciones financiadas precisamente para responder a las necesidades colectivas.

            Porque existe el riesgo de que cuanto mayor sea la capacidad solidaria de la comunidad, menor parezca la urgencia de destinar recursos públicos suficientes a quienes más los necesitan. Y mientras apelamos a la generosidad ciudadana, determinados recursos pueden acabar orientándose hacia actuaciones políticamente más rentables, económicamente más atractivas o electoralmente más agradecidas. La solidaridad no puede convertirse en una forma barata de externalizar la justicia social.

            Tampoco los derechos sociales pueden presentarse como una propiedad acumulada por quienes llegaron antes y amenazada por quienes llegan después. Enfrentar necesidades no aumenta los recursos, únicamente consigue enfrentar a quienes los necesitan.

            La solidaridad es una elección individual y colectiva; garantizar derechos, gestionar justamente los recursos y proteger a quienes más los necesitan constituye una responsabilidad pública. Confundir ambas cosas beneficia sobre todo a quien pretende eludir la segunda apelando continuamente a la primera.

            Cuando la solidaridad necesita comprobar un DNI o pasaporte, un empadronamiento, una cuenta corriente, determinadas relaciones o un supuesto arraigo para decidir quién merece recibir, hemos dejado de hablar de necesidad para hablar de pertenencia, influencia o conveniencia.

Durante las últimas décadas hemos asistido a una evolución incuestionable en la manera de comprender la salud. Pasamos de hablar de políticas de salud a asumir el principio de salud en todas las políticas, reconociendo que las decisiones económicas, educativas, laborales, ambientales, urbanísticas o sociales tienen consecuencias sobre la salud de las personas y las comunidades.

            Pese a incorporar la salud al discurso y la acción de múltiples políticas, seguimos interpretando y organizando buena parte de nuestras respuestas desde una concepción excesivamente vinculada a la enfermedad, el diagnóstico y la asistencia sanitaria. Continuamos en la lógica de la enfermedad, mientras la realidad de las personas desborda permanentemente ese marco.

            La salud no puede entenderse únicamente como el resultado de que órganos, aparatos y sistemas funcionen correctamente, ni como una experiencia exclusivamente individual. Trasciende a la persona y se expresa también en familias, comunidades, entornos, instituciones o medioambiente. Se construye y deteriora en una compleja red de relaciones e interdependencias que obliga a superar definitivamente una mirada individualista y fragmentada. No basta con comprender qué le ocurre a una persona; debemos entender qué sucede en los sistemas, relaciones y espacios que sostienen su vida y condicionan la salud colectiva. Ni basta con que se aborden tan solo desde la sanidad o desde una única disciplina.

            Es necesario que haya un cambio de paradigma que incorpore el cuidado en todas las políticas.

            No es un simple cambio semántico. El cuidado introduce otra manera de mirar la realidad y relacionarnos con ella. Allí donde la lógica sanitaria pregunta qué enfermedad tiene una persona, la lógica del cuidado pregunta qué necesitan esa persona, su familia y su comunidad para vivir, mantener su autonomía, afrontar la vulnerabilidad y preservar su dignidad. Pregunta también cómo generar espacios saludables y sostenibles.

            Donde la enfermedad identifica un diagnóstico, el cuidado reconoce una historia, circunstancias, relaciones y contexto. Donde la mirada fragmentada separa a las personas de sus entornos, el cuidado reconoce su interdependencia. Porque cuidar no significa únicamente asistir a quien lo necesita, sino atender y proteger aquello que sostiene la vida.

            Los grandes desafíos contemporáneos no son exclusivamente sanitarios. Envejecimiento, cronicidad, soledad, cambio climático, pobreza, violencia, migraciones, precariedad, vivienda o desigualdades generan fragilidad y vulnerabilidad que no pueden resolverse únicamente con diagnósticos o tratamientos. Exigen respuestas cuidadoras capaces de acompañar, proteger, sostener, escuchar y generar condiciones para promover, mantener o recuperar bienestar y autonomía.

            El cuidado debe identificarse y valorarse como una cuestión política y, precisamente por ello, formar parte de todas las políticas.

            Una política de vivienda debe preguntarse cómo cuida. Una laboral, cómo protege la salud y dignidad de quienes trabajan. Una educativa, cómo genera autonomía y bienestar. Una ambiental, cómo protege la vida presente y futura. Una económica, qué vulnerabilidades produce o reduce. Una migratoria, cómo garantiza derechos y dignidad. Una urbana, cómo favorece relaciones, accesibilidad, autonomía y participación comunitaria. Y en todas ellas el cuidado resulta fundamental.

            Hablar de cuidado en todas las políticas significa reconocer circunstancias que limitan la capacidad para afrontar la vida. Significa cuestionar un modelo que ha convertido la asistencia a la enfermedad en el centro de la respuesta y que, en ocasiones, confunde actividad sanitaria con salud o asistencia con atención.

            Cuidar debe ser de una vez por todas valorado y reconocido en todos los ámbitos, ya sean profesionales, familiares o comunitarios. El cuidado sostiene familias, comunidades y sociedades. Tiene un enorme valor social, económico y humano, aunque buena parte permanezca invisible u oculta en las estadísticas y fuera de las prioridades políticas.

            Por tanto, ha llegado el momento de reconocer algo mucho más elemental, como el hecho de que no es posible hablar de salud sin hablar de cuidado, como una dimensión esencial de la vida individual y colectiva.

            Cuidamos cuando acompañamos, protegemos, educamos, escuchamos o ayudamos a recuperar autonomía, pero también cuando construimos entornos saludables, reducimos desigualdades, garantizamos derechos, protegemos el medioambiente, nos oponemos a la violencia o generamos condiciones para que las personas y las comunidades puedan desarrollar sus capacidades. El cuidado atraviesa la salud en todas sus dimensiones porque atraviesa la propia vida.

            Durante demasiado tiempo hemos considerado el cuidado como la respuesta que aparece cuando la salud se pierde, en un nuevo paralelismo con el modelo patogénico. Es necesario invertir esa lógica y entender que el cuidado no empieza donde termina la salud; forma parte de aquello que la hace posible.

            Aceptar esta premisa supone entender que el cuidado deja de ser una consecuencia de las políticas de salud para convertirse en un criterio desde el que pensar cualquier política. Podremos discutir qué políticas generan más salud, pero difícilmente podremos seguir hablando de salud mientras aquello que permite sostenerla, protegerla y darle sentido permanezca fuera de nuestras decisiones.

            Porque no existe una comprensión plena de la salud si el cuidado queda fuera de ella.

De niños bastaba con pronunciar algunos nombres para poner fin a cualquier discusión. El hombre del saco, el coco, el lobo feroz o cualquier otra criatura convenientemente monstruosa resolvían lo que el diálogo no pretendía siquiera intentar. No hacía falta explicar, argumentar ni convencer. Había que obedecer. Y si no, vendría el monstruo. Era la pedagogía del miedo, tan eficaz como pobre, que reducía la capacidad de elección a la única posibilidad de hacer lo que se ordenaba.

            Aquellos personajes no eran inocentes. Formaban parte de un imaginario autoritario en el que la obediencia valía más que la comprensión y en el que disentir podía tener consecuencias. Encajaban perfectamente en una sociedad educada en el silencio, la jerarquía y la represión de una dictadura que no necesitaba ciudadanos que razonasen demasiado; necesitaba personas que identificasen rápidamente quién mandaba, qué se debía pensar y a quién había que temer. Por eso resulta tan inquietante que hoy algunos pretendan negar, suavizar o incluso rehabilitar aquel contexto como si hubiese sido una etapa de orden amable y no de ausencia de libertad.

            Con el tiempo los monstruos fueron perdiendo utilidad. El razonamiento, el diálogo, el consenso y el respeto a las diferencias comenzaron a ocupar su lugar. Aprendimos que educar no consiste en doblegar, sino en ayudar a comprender; que convencer exige argumentos y que convivir implica aceptar que nadie posee toda la verdad. También aprendimos que una sociedad democrática no se construye desde el pensamiento único, sino desde la posibilidad de discrepar sin convertir al adversario en enemigo.

            Aquella conquista parece hoy menos sólida de lo que pensábamos. Han regresado los monstruos. Ya no viven en los cuentos ni se esconden debajo de la cama. Ahora ocupan tertulias, titulares, mítines y redes sociales. Y, como antes, buscan evitar la reflexión. Basta con construir una figura que concentre todos los males para que cualquier debate quede resuelto de antemano.

            Así, Pedro Sánchez ha sido convertido por una parte de la derecha y la ultraderecha en una especie de hombre del saco nacional. Ya no es un presidente al que se pueda criticar, cuestionar o combatir democráticamente, sino el supuesto origen de todos los males. Destruye España, manipula las instituciones, corrompe el poder, amenaza la convivencia y conduce al país hacia una catástrofe inevitable. Basta con invocar su nombre para activar el miedo.

            La ventaja del procedimiento es evidente. Si todo lleva su nombre, nadie tiene que explicar nada. La inflación, la sequía, una derrota deportiva o el mal tiempo pueden terminar formando parte del mismo expediente. El monstruo resulta políticamente rentable porque ahorra argumentos y distribuye consignas fáciles de repetir. Pero la paradoja es inquietante. Cuando presentan al supuesto monstruo como un peligro para la democracia y la libertad lo hacen, precisamente, para justificar el regreso de un modelo de sociedad mucho más autoritario, excluyente y uniformador. Se invoca el miedo a un ficticio tirano para reclamar formas de entender el poder que reducen el pluralismo, desprecian la discrepancia y añoran un pasado en el que obedecer era una virtud y pensar por cuenta propia, una amenaza.

            La estrategia es infantil, pero no ingenua. Si existe un monstruo absoluto, también hacen falta salvadores absolutos. Y esos salvadores se presentan como los únicos capaces de rescatar una patria idealizada, homogénea y obediente frente a amenazas fabricadas, como el feminismo, el ecologismo, la diversidad, la igualdad, la memoria democrática, la educación pública o cualquier pensamiento que se aparte del relato oficial. Todo se simplifica en una oposición cómoda entre buenos y malos, patriotas y traidores, orden y caos.

            No se pretende convencer, sino intimidar; no se busca debatir, sino alinear.

            Los viejos cuentos estaban llenos de ogros, brujas, princesas pasivas, reyes salvadores y finales felices tan previsibles como irreales. Con el tiempo comprendimos sus clichés machistas, autoritarios y discriminatorios, y dejamos de considerarlos modelos educativos. Sin embargo, algunos parecen empeñados en trasladar de nuevo aquella estructura a la vida pública, con una bruja culpable, un reino amenazado, un pueblo asustado y un héroe dispuesto a restaurar un orden que se presenta como salvación, pero que recuerda demasiado al que ya conocimos cuando el miedo ocupaba el lugar de la libertad.

            La democracia exige pensamiento crítico, argumentos, memoria, capacidad para convivir con la complejidad y valentía para rechazar las respuestas simplistas ante problemas difíciles. Volver al hombre del saco no es recuperar una tradición inocente. Es renunciar a la ciudadanía madura para aceptar una tutela basada en el miedo.

            En los cuentos la maldad, a veces, aparecía disfrazada de anciana amable ofreciendo una manzana brillante. También hoy el autoritarismo puede presentarse envuelto en palabras como orden, patria, libertad o sentido común. Ante el intento de otro monstruo al que temer, debemos conservar aquello que siempre incomoda a quienes necesitan el miedo para convencer, la capacidad de pensar.