“Llega un momento en que debemos dejar de sacar a la gente del río. Tenemos que ir río arriba y descubrir por qué está cayendo”.
Desmond Tutu[1]
Una persona llega a nuestro país después de atravesar fronteras, dejar atrás vínculos, abandonar su casa y quizá huir de una guerra, de la persecución, de la pobreza o, sencillamente, buscar una vida que allí donde nació no pudo construir. Cuando finalmente entra en contacto con el Sistema de Salud, vemos una necesidad. Y respondemos: valoramos, cuidamos, orientamos, acompañamos. Podemos disponer de mediación lingüística, conocer determinadas características culturales, respetar creencias y adaptar nuestras intervenciones. Podemos incluso hacerlo extraordinariamente bien. Y, sin embargo, conviene preguntarnos: ¿es suficiente?
Quizá hayamos respondido correctamente a una necesidad sin comprender por qué esa persona tiene muchas más posibilidades que otras de volver a necesitar nuestra atención. Ahí comienza la reflexión: no se trata únicamente de cómo cuidar mejor a personas culturalmente diferentes, sino de qué responsabilidad tenemos las enfermeras ante las condiciones sociales, económicas, culturales y políticas que convierten determinadas diferencias en desigualdades de salud.
Las diferencias existen. Pero las desigualdades se construyen.
Confundir unas con otras puede llevarnos a interpretar como cultural aquello que quizá sea pobreza; como dificultad de adaptación aquello que es exclusión; como incumplimiento aquello que es imposibilidad; o como elección personal aquello que está profundamente condicionado por las circunstancias. Pensemos en una mujer migrante que falta repetidamente a nuestras citas. Podemos considerarla poco adherente. Pero quizá cuide a una persona mayor durante doce horas diarias y faltar al trabajo signifique arriesgarse a perderlo; quizá desconozca sus derechos, tenga hijos a quienes cuidar o tema las consecuencias de su situación administrativa. Entonces aquello que denominamos «falta de adherencia» adquiere otro significado. La evidencia muestra que las personas migrantes y refugiadas encuentran barreras administrativas, económicas, lingüísticas, laborales y organizativas que condicionan el acceso efectivo a los servicios de salud, incluso cuando formalmente existe reconocimiento del derecho a la atención[2],[3].
Cambia así nuestra pregunta. Ya no se trata solamente de saber qué le pasa, sino de comprender qué está pasando alrededor de ella para que le pase. Ese desplazamiento de la mirada es fundamental para la Enfermera Comunitaria. Cuidar comunitariamente no significa trasladar al territorio lo que hacemos dentro de una consulta, sino comprender que la salud se construye —y también se deteriora— allí donde las personas viven, trabajan, estudian, se relacionan, migran, cuidan, participan o son excluidas.
La movilidad humana forma parte de esa realidad. Las estimaciones internacionales sitúan en aproximadamente 281 millones el número de migrantes internacionales, alrededor del 3,6 % de la población mundial[4]. Pero detrás de esa cifra no existe una categoría homogénea denominada «migrantes». Existen personas con historias, capacidades, culturas, expectativas, derechos y circunstancias diferentes. Tampoco todas las personas que se desplazan son consideradas socialmente de la misma manera. Hablamos de «oleadas», «avalanchas», «presión» o «invasión» para referirnos a unos movimientos y rara vez utilizamos esos términos para describir la movilidad de investigadores, deportistas o profesionales altamente cualificados. Quizá el problema no sea únicamente de dónde vienen, sino qué lugar decidimos asignarles cuando llegan.
Esto nos introduce en los derechos humanos. Una necesidad de cuidado no adquiere mayor o menor legitimidad según el pasaporte. La dignidad no depende de nacionalidad, situación administrativa, lengua, religión, orientación sexual, identidad cultural o utilidad económica. Los marcos internacionales sobre salud, migración y derechos humanos sitúan la no discriminación, la equidad y la dignidad entre los principios que deben orientar las respuestas de los sistemas de salud[5],[6].
Como ciudadanas tenemos derecho a nuestras ideas, creencias y opciones políticas. Pero cuando ejercemos como enfermeras existe un límite que nuestras preferencias ideológicas no pueden traspasar. Nuestro compromiso profesional es con las personas, su dignidad, igualdad, equidad y derechos humanos. Cuidar no exige compartir la vida del otro; exige reconocer su derecho a vivirla con dignidad. En un contexto de creciente polarización, los profesionales no vivimos aislados de discursos que convierten migración, diferencias culturales, creencias o identidades en instrumentos de confrontación. Por eso nuestro compromiso ético exige capacidad crítica también sobre nuestra propia manera de mirar.
No me gusta hablar de «tolerar» las diferencias. Tolerar sitúa implícitamente a alguien en posición de decidir qué está dispuesto a admitir del otro. Los derechos no dependen de nuestra tolerancia, ni nuestra ética profesional debería fluctuar al ritmo de las mayorías políticas. Los gobiernos y las legislaciones cambian. La dignidad humana no debería someterse a ciclos electorales.
Aquí aparece una primera dimensión del liderazgo enfermero: defender profesionalmente determinados principios cuando hacerlo deja de resultar cómodo. Eso no convierte la Enfermería en una opción partidista; impide que las opciones partidistas determinen aquello que profesionalmente debemos garantizar a cualquier persona.
Reconocer la igualdad, sin embargo, no garantiza la equidad. Tratar exactamente igual a personas que parten de condiciones profundamente desiguales puede perpetuar la desigualdad. Ofrecer la misma información a quien puede comprenderla y a quien no, o la misma cita a quien dispone de su tiempo y a quien puede perder el empleo por acudir, aplica el mismo procedimiento, pero no garantiza el mismo derecho. La pregunta de la equidad es otra: ¿qué necesita cada persona para poder ejercer realmente el mismo derecho? La equidad no contradice la igualdad. La hace posible. Las relaciones de cuidado están atravesadas por dinámicas de poder, autonomía, capacidad de negociación y condiciones estructurales[7].
Esto nos conduce al liderazgo. No hablo de dirigir, mandar o acumular poder. Liderar significa tener capacidad para influir en aquello que necesita ser transformado. Lidera quien identifica una desigualdad invisible, consigue que una comunidad tenga voz, genera alianzas, produce evidencia capaz de modificar una política o transforma una organización para hacerla más accesible. También quien sabe retirarse del centro para permitir que otras personas o la propia comunidad protagonicen el cambio. Por eso el liderazgo que planteamos es social, político y comunitario.
La palabra político no debería asustarnos. Político no significa partidista. La salud está condicionada por decisiones políticas mucho antes de que aparezca una enfermedad: vivienda, trabajo, organización de los servicios, derechos, distribución de recursos o participación. Las enfermeras, especialmente las comunitarias, observamos cómo esas decisiones terminan convirtiéndose en necesidades de cuidado. Identificamos precariedad, soledad, discriminación, sobrecarga de las personas cuidadoras familiares o barreras de acceso cuando todavía tienen nombre y biografía. Ese conocimiento no puede quedar encerrado en una consulta. Cuando muchas historias individuales reproducen el mismo patrón, quizá estemos atendiendo individualmente un problema colectivo. Ahí empieza la dimensión política del conocimiento enfermero.
Sin embargo, proximidad no significa influencia. Una investigación con estudiantes de Enfermería en España mostró una percepción limitada de determinadas competencias políticas y relacionó la participación activa en organizaciones con una mayor percepción de capacidad política, señalando la necesidad de incorporar participación cívica, pensamiento crítico y conocimiento de las políticas en la formación enfermera[8]. Hemos formado profesionales para valorar necesidades, planificar cuidados, intervenir y evaluar, pero quizá no suficientemente para comprender cómo se construye una política pública, cómo se traslada evidencia a quienes deciden o cómo una necesidad repetida entra en una agenda política.
No estoy diciendo que todas las enfermeras debamos convertirnos en políticas. Estoy diciendo algo diferente: no podemos permitirnos ser políticamente analfabetas. La política no comienza en un parlamento. También existe participación política cuando hacemos visible una barrera de acceso, contribuimos a modificar un protocolo discriminatorio, participamos en un consejo de salud o trasladamos evidencia a quien puede decidir.
Pero el liderazgo puede convertirse también en una nueva forma de paternalismo. Durante demasiado tiempo hemos llegado a las comunidades, identificado necesidades, diseñado programas y después pedido participación. La buena intención no elimina el paternalismo. La participación comienza antes: cuando reconocemos que personas y comunidades tienen capacidad para identificar necesidades, establecer prioridades, reconocer activos, construir respuestas y participar en las decisiones que afectan a su salud.
Esto resulta especialmente importante en interculturalidad. Podemos aproximarnos a una comunidad culturalmente diferente convencidos de que necesitamos conocerla mejor para intervenir sobre ella. Quizá el primer paso sea reconocerla como interlocutora: no estudiarla para decidir qué hacer con ella, sino construir conjuntamente la comprensión de lo que sucede y de aquello que podemos transformar. Eso no implica renunciar al conocimiento científico ni aceptar cualquier práctica por pertenecer a una tradición. La interculturalidad no puede convertirse en relativismo moral. Ninguna cultura puede justificar la vulneración de derechos humanos. Tampoco la nuestra.
Resulta fácil identificar aquello que cuestionamos en culturas diferentes y mucho más difícil reconocer paternalismo, machismo, racismo o relaciones de poder normalizadas en la propia. Una mirada verdaderamente intercultural debe dirigirse en ambas direcciones: hacia quien llega y quien recibe; hacia las personas y las instituciones; hacia otras culturas y hacia la nuestra. De lo contrario, podemos convertir la interculturalidad en una sofisticada manera de estudiar al «otro» sin cuestionarnos a nosotros mismos.
Participar significa reconocer capacidad; reconocer capacidad obliga a compartir decisiones; compartir decisiones supone redistribuir poder. La investigación con personas refugiadas muestra la importancia de las relaciones de poder y de su propia agencia en la negociación de los cuidados⁶. No son sujetos pasivos a quienes rescatar, sino personas que conservan capacidades incluso en circunstancias adversas. Por eso una persona no es necesariamente vulnerable por ser migrante: puede encontrarse vulnerada por las condiciones en las que vive, las políticas que restringen sus derechos o la discriminación. No debemos convertir en característica individual aquello que socialmente hemos contribuido a producir.
Y aparece una cuestión decisiva: podemos cuidar extraordinariamente bien las consecuencias, pero ¿qué ocurre con las causas? Podemos atender una lesión relacionada con violencia de género, acompañar la ansiedad de quien teme perder su vivienda o cuidar a quien llega exhausto tras una trayectoria migratoria dura. Es imprescindible. Pero si dejamos intactas las condiciones que producen esas necesidades, mañana llegarán otras personas con problemas provocados por las mismas injusticias.
Aquí importa distinguir solidaridad y justicia. ONG, asociaciones, voluntariado y redes comunitarias realizan una labor extraordinaria y responden muchas veces allí donde las instituciones no llegan, llegan tarde o no quieren llegar. Precisamente por reconocer su valor debemos evitar convertirlas en sustitutas permanentes de aquello que corresponde garantizar como derecho. Una sociedad no debería necesitar solidaridad extraordinaria para garantizar derechos ordinarios. El liderazgo transformador debe cuidar las consecuencias sin renunciar a transformar sus causas.
Ese tránsito exige algo que ninguna profesión puede hacer sola. Cuando un problema es simultáneamente salud, vivienda, empleo, educación, discriminación, género, situación administrativa, participación y derechos, pretender resolverlo únicamente desde el Sistema de Salud es imposible. Necesitamos otras disciplinas, sectores, instituciones y a la propia comunidad. Las enfermeras pueden liderar esos procesos, pero liderarlos no significa apropiárselos: significa convocar, conectar, aportar conocimiento, construir alianzas y sostener procesos compartidos. Ahí adquieren sentido la transdisciplinariedad y la intersectorialidad.
Los derechos pueden ser universales, pero las desigualdades tienen territorio, historia y relaciones de poder. Europa lo ha mostrado con claridad. La respuesta articulada ante el desplazamiento provocado por la guerra de Ucrania demostró que, cuando existe voluntad política, determinadas barreras pueden reducirse con rapidez. Precisamente por ello debemos preguntarnos por qué otras personas que huyen de guerras, persecuciones, pobreza extrema o ausencia de futuro encuentran respuestas tan diferentes al llegar desde África, Oriente Próximo u otros territorios. No se trata de equiparar situaciones jurídica o geopolíticamente distintas, sino de preguntarnos cuánto dependen nuestras respuestas de la necesidad y cuánto de quién la presenta.
Las políticas migratorias no son neutrales para la salud. Condicionan acceso, vivienda, empleo, protección social, seguridad y salud mental. Portugal mostró durante la pandemia cómo una decisión política podía ampliar derechos y servicios a personas migrantes y solicitantes de asilo, aunque el reconocimiento formal no eliminase las dificultades para comprender el sistema o acceder realmente a los recursos[9]. Una cosa es tener reconocido un derecho y otra poder ejercerlo. España tampoco es ajena: se han descrito barreras administrativas, organizativas, comunicativas y relacionales, incluso entre personas procedentes de Iberoamérica con quienes compartimos idioma1,2. La lengua importa, pero la interculturalidad es mucho más que traducción.
También conviene recordar que existe ciudadanía y profesionales comprometidos con los derechos humanos. En Eslovenia, más del 80 % de las personas participantes en un estudio apoyaba específicamente la protección sanitaria de mujeres y niños migrantes y refugiados[10]. El contexto influye, pero no determina inevitablemente nuestra respuesta.
Y las personas culturalmente diversas no están solamente delante de nosotras. También están a nuestro lado. Las propias enfermeras migran. Una investigación con enfermeras migrantes y de minorías étnicas en Bélgica, Portugal, España y Turquía identificó experiencias de discriminación y prejuicios procedentes tanto de personas atendidas como de compañeros de trabajo[11]. No resulta coherente defender una atención intercultural respetuosa mientras aceptamos desigualdad dentro de nuestros equipos. La movilidad internacional plantea además la responsabilidad de los sistemas con mayores recursos cuando resuelven su escasez captando sistemáticamente profesionales formadas en países que también las necesitan.
En Iberoamérica, reducir la interculturalidad a migración ignoraría pueblos indígenas, población afrodescendiente, ruralidad, desplazamientos internos, migraciones intrarregionales y profundas desigualdades territoriales. La interculturalidad no empieza cuando alguien cruza una frontera. Una persona puede no haberse desplazado jamás y encontrarse cultural, geográfica y socialmente alejada del Sistema de Salud. Quizá no sea suficiente preguntarnos cómo conseguir que comprenda mejor el sistema; debemos preguntarnos también qué tiene que aprender el Sistema de Salud para comprenderla a ella.
En Estados Unidos, políticas migratorias restrictivas han mostrado que la legislación puede afectar a la utilización de servicios incluso sin impedir físicamente el acceso. Un estudio con personas inmigrantes atendidas en Boston identificó el miedo a la deportación y las necesidades socioeconómicas como barreras para buscar atención[12]. Una política puede perjudicar la salud consiguiendo que una persona tenga miedo de acceder al sistema. No necesitamos que las enfermeras determinen la política migratoria; necesitamos que identifiquen, documenten y comuniquen sus consecuencias sobre la salud y los derechos.
Estas desigualdades, además, rara vez actúan aisladamente. Una persona puede ser migrante y, al mismo tiempo, mujer, vivir en pobreza, pertenecer a una minoría étnica, sufrir violencia, presentar una discapacidad o tener una determinada orientación sexual. La perspectiva interseccional ayuda a comprender cómo interactúan esas circunstancias. Las categorías sirven para investigar y hacer visibles desigualdades; se convierten en problema cuando sustituyen a las personas. El conocimiento epidemiológico debe ayudarnos a comprender mejor. Nunca debería autorizarnos a estereotipar mejor.
Esto es fundamental para la formación enfermera. Las nuevas generaciones ejercerán en sociedades cada vez más diversas, pero no necesitan un catálogo sobre «cómo son» determinados colectivos. Eso sería enseñar estereotipos con apariencia académica. Necesitamos enfermeras capaces de preguntar quién es esta persona, qué significado tiene para ella lo que vive, qué capacidades posee, qué condiciona sus posibilidades, qué barreras generamos nosotros mismos y qué espera de nosotras. La humildad intercultural comienza cuando dejamos de creer que conocer características de una cultura significa conocer a la persona.
Y esto nos conduce a las organizaciones. Durante demasiado tiempo hemos colocado gran parte de la responsabilidad de la atención intercultural sobre el profesional individual. Pero ¿qué ocurre con la organización? ¿Es accesible? ¿Sus procedimientos son comprensibles? ¿Dispone de mediación? ¿Sus horarios responden a las condiciones de vida? ¿Analiza resultados según procedencia, género, renta o territorio? ¿Incorpora a las comunidades en sus decisiones? Una excelente enfermera dentro de una organización estructuralmente excluyente tiene capacidad limitada para garantizar equidad.
Por eso el liderazgo transformador debe llegar a la gestión. Gestionar es decidir sobre recursos, tiempos, prioridades y organizaciones. Situar un recurso puede aumentar o disminuir accesibilidad; modificar un horario puede permitir o impedir acudir; incorporar mediación puede transformar una relación; decidir qué información recogemos puede hacer visible una desigualdad. Gestionar desde la equidad significa convertir valores en decisiones organizativas.
Para transformar organizaciones necesitamos también investigar, preguntándonos qué investigamos, cómo y para quién. Existe riesgo de extractivismo cuando las universidades llegan a las comunidades, recogen datos y producen publicaciones, pero dejan poca capacidad de transformación. Investigar sobre una comunidad no es lo mismo que investigar con ella. Trabajar con la comunidad implica incorporar prioridades, compartir decisiones, devolver resultados y preguntarnos desde el inicio qué utilidad tendrá el conocimiento para las personas implicadas.
La longitudinalidad y la proximidad de los cuidados pueden facilitar algo imprescindible: confianza. Pero la confianza no se obtiene porque llevemos una bata. Se construye con presencia, coherencia y tiempo. Los problemas estructurales tienen historia y su transformación necesita continuidad. Un proyecto tiene fecha de finalización; un compromiso con la equidad no debería tenerla. Necesitamos pasar de proyectos a estrategias y de estrategias a políticas capaces de permanecer.
La intersectorialidad deja entonces de ser una palabra para convertirse en necesidad práctica. Si el problema tiene que ver con vivienda, la respuesta no puede ser únicamente de salud; si tiene que ver con trabajo, necesitaremos políticas laborales; si afecta a escolarización, educación; si existe violencia, servicios sociales, protección y justicia. Los determinantes sociales no deberían ser una lista que el estudiantado memoriza ni una rueda de «quesitos» perfectamente ordenados. Deberían modificar nuestra manera de trabajar.
Transdisciplinariedad e intersectorialidad no consisten en añadir profesionales a una reunión. Significan reconocer que determinados problemas no pertenecen a ninguna disciplina ni sector y que ninguna profesión puede apropiarse de ellos. Las competencias dejan de ser barreras y se articulan cuando la prioridad pasa de defender el territorio profesional a responder a la necesidad. La enfermera puede liderar convocando, conectando, aportando evidencia y retirándose del centro cuando otra persona, profesión, organización o la comunidad está en mejores condiciones. Liderazgo no es protagonismo; también es conseguir que otros aumenten su capacidad para decidir y actuar.
Esto nos devuelve a la libertad. Podemos decir a una persona que es libre para cuidar su salud, pero ¿puede comprar los alimentos que recomendamos, faltar al trabajo para acudir a una consulta, comprender la información o acceder a nuestros servicios sin miedo? Ese «¿puede?» debería acompañarnos permanentemente. Responsabilizar exclusivamente a las personas cuando no disponen de condiciones para cuidarse puede convertirse en otra forma de culpabilización, en una salud persecutoria. La autonomía no existe fuera de las condiciones que permiten ejercerla. Una respuesta verdaderamente transformadora pregunta también qué debemos cambiar nosotros, nuestras organizaciones y nuestra sociedad para que esa persona pueda ejercer su libertad.
Ahí convergen cuidado, ética, gestión, investigación, participación y política. Pero necesitamos capacidad de influencia. La evidencia muestra una presencia limitada de las enfermeras en la elaboración de políticas. Entre las barreras aparecen insuficiente formación política, escasa confianza, culturas organizativas restrictivas, parcelas de poder corporativo y limitada presencia en espacios de decisión; mientras formación, apoyo organizativo y redes facilitan la participación[13]. Estudios con enfermeras políticamente activas muestran que el conocimiento de la práctica, las habilidades comunicativas y el compromiso con la justicia social pueden trasladarse eficazmente a los espacios políticos[14].
Tenemos una paradoja. Somos uno de los colectivos profesionales más numerosos y conocemos muy de cerca las consecuencias de las políticas sobre la vida de las personas, pero nuestra influencia continúa siendo inferior a la que ese conocimiento permitiría. No basta reclamar que «se escuche más a las enfermeras». Debemos prepararnos para tener voz y, cuando tengamos algo fundamentado que decir, saber cómo decirlo.
Necesitamos formación en políticas públicas, capacidad crítica, conocimiento de los procesos de decisión y competencia para comunicar evidencia y construir alianzas. Esto exige una revisión profunda de los planes de estudio de Enfermería que equilibre conocimientos y competencias para responder a las necesidades de la sociedad y no solo a las de Sistemas de Salud asistencialistas, biologicistas, fragmentados y centrados en la enfermedad. Exige también avanzar desde el paradigma biomédico hacia un paradigma enfermero propio, potente, resolutivo y transformador. Una revisión cualitativa reciente identifica la competencia política, la formación, los entornos organizativos y la acción colectiva profesional como factores decisivos para ampliar la influencia enfermera sobre las políticas[15].
Esto no significa que todas las enfermeras deban convertirse en representantes políticas. Significa que ninguna debería considerar la política completamente ajena a su responsabilidad profesional cuando las decisiones políticas determinan continuamente las necesidades a las que después presta cuidados. Y es especialmente importante para quienes hoy son estudiantes. Además de valorar, planificar, intervenir y evaluar, debemos enseñarles a preguntarse por qué ocurre un problema, a quién afecta, qué lo determina, quién puede modificarlo, con quién debe construirse la respuesta y cómo sabremos si realmente hemos transformado algo.
Porque liderazgo transformador sin evaluación puede convertirse en retórica. No deberíamos medir únicamente cuántas actividades realizamos. Necesitamos saber si disminuyeron barreras, aumentó el acceso, cambió una organización o una política y si la transformación permanece cuando quienes iniciaron el proceso dejan de estar presentes. Ese es el salto: de la actividad al resultado, del resultado al impacto y del impacto a la sostenibilidad. El liderazgo transformador no debería medirse por la visibilidad de quien lidera, sino por la transformación que permanece cuando ya no necesita estar en el centro.
Volvamos a la mujer migrante que faltaba a nuestras citas. Seguiríamos necesitando escucharla, valorarla, cuidarla y acompañarla. Nada de lo planteado sustituye el cuidado individual: lo amplía. Pero quizá ya no escribiríamos tan rápidamente «poco adherente». Preguntaríamos qué le impide acudir y, si descubriéramos que muchas personas viven dificultades semejantes, dejaríamos de interpretar el problema como individual. Hablaríamos con la comunidad, identificaríamos barreras, trabajaríamos con otros sectores, modificaríamos aquello que estuviera en nuestra capacidad y trasladaríamos evidencia a quienes pueden decidir. Y evaluaríamos el cambio, sin escudarnos en el «no tengo tiempo» o «no me dejan» para justificar inacción o pasividad.
Quizá entonces una mujer en sus mismas circunstancias no necesitaría realizar un esfuerzo extraordinario para ejercer un derecho que siempre tuvo reconocido. Eso es transformar: no hacer por ella aquello que puede hacer, no hablar en su nombre cuando puede hablar, no convertirla en receptora agradecida de nuestra solidaridad, sino utilizar nuestra capacidad profesional para contribuir a que necesite cada vez menos que alguien le conceda aquello que le corresponde como derecho.
Cuando nos ponemos delante de una persona como enfermeras, nuestras convicciones personales son respetables como ciudadanas. Pero nuestro compromiso profesional tiene otro marco: derechos humanos, igualdad, equidad, libertad, justicia y dignidad. Eso no nos convierte en profesionales neutrales, sino éticamente comprometidas. Y ese compromiso exige, en ocasiones, algo más que cuidar bien: hacer visible, argumentar, participar, investigar, gestionar, construir alianzas e influir sobre aquello que produce sufrimiento evitable. No para imponer nuestra visión de la sociedad, sino para impedir que cualquier visión particular decida quién merece más o menos derechos.
El liderazgo enfermero que necesitamos tampoco puede construirse desde el corporativismo. No se trata de demostrar que las enfermeras somos más importantes, conquistar territorios profesionales ni sustituir a nadie. Ninguna profesión es propietaria de las necesidades de las personas. Nuestro liderazgo tendrá valor si aportamos nuestro conocimiento específico sobre los cuidados y lo ponemos en diálogo con otros conocimientos, profesionales, sectores y, fundamentalmente, con las personas y comunidades.
Tampoco necesitamos heroínas. Los problemas estructurales necesitan instituciones responsables, políticas justas, profesionales competentes, comunidades con capacidad de decisión y alianzas sostenidas. El voluntarismo y la solidaridad, siendo valiosos, no bastan si renunciamos a preguntarnos por las causas. El verdadero liderazgo transformador empieza cuando sostenemos simultáneamente dos responsabilidades: cuidar a quien hoy sufre una desigualdad y trabajar para que mañana esa desigualdad tenga menos posibilidades de producirse. Eso exige ciencia, ética, compromiso, libertad, participación, capacidad política y comunidad.
Pero, sobre todo, exige no acostumbrarnos. No acostumbrarnos a que unas personas tengan más dificultades que otras para ejercer los mismos derechos; a que la procedencia determine oportunidades; a la discriminación; a cuidar repetidamente problemas que sabemos que podrían evitarse. Porque cuando una desigualdad evitable se convierte en paisaje, corremos el riesgo de dejar de verla. Y una Enfermera Comunitaria que deja de ver aquello que vulnera a las personas puede seguir realizando muchas intervenciones, pero difícilmente podrá transformar nada.
Si tuviera que condensar todo en una sola idea sería esta: las enfermeras no estamos llamadas únicamente a cuidar a las personas en el mundo en el que viven. También tenemos la responsabilidad de contribuir, junto con ellas y con otros, a transformar aquellas condiciones de ese mundo que les impiden vivir, decidir y cuidar su salud con igualdad, libertad y dignidad.
Ese es el liderazgo verdaderamente transformador. No el que consigue más seguidores, sino el que consigue más derechos, más capacidad, más participación, más equidad y menos necesidad de depender de la voluntad de otros para vivir dignamente. Y quizá ese sea uno de los mayores desafíos de la Enfermera Comunitaria contemporánea: estar suficientemente cerca de las personas para comprender lo que les sucede y, al mismo tiempo, tener suficiente capacidad social y política para contribuir a transformar aquello que hace que les suceda.
[1] Clérigo y pacifista sudafricano que adquirió fama internacional durante la década de 1980 a causa de su lucha contra el apartheid (1931-2021).
[2] Fagundo-Rivera J, García-Lozano MS, Portero-Prados FJ, Romero-Castillo R, Badillo-Sánchez N, Fernández-León P. Barriers to healthcare access for irregular immigrants after their arrival in Spain: a systematic review. Eur J Public Health. 2025;35(3):407-422. doi:10.1093/eurpub/ckaf042.
[3] Armenta-Paulino N, Borrell LN, Sandín-Vázquez M. Exploring healthcare challenges for Latin American migrant women in Madrid through the lens of dignified treatment. J Migr Health. 2025;12:100370. doi:10.1016/j.jmh.2025.100370.
[4] International Organization for Migration. Migration and migrants: a global overview. In: McAuliffe M, Oucho LA, editors. World Migration Report 2024. Geneva: International Organization for Migration; 2024.
[5] World Health Organization. WHO global action plan on promoting the health of refugees and migrants, 2019-2030. Geneva: World Health Organization; 2024.
[6] World Health Organization Regional Office for Europe. Action plan for refugee and migrant health in the WHO European Region 2023-2030. Copenhagen: WHO Regional Office for Europe; 2023.
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[9] Portela V, Hamwi S, Oliveira Martins MR. Exploring refugees’ health care access in times of COVID-19: a quantitative study in the Lisbon region, Portugal. Front Public Health. 2024;12:1337299. doi:10.3389/fpubh.2024.1337299.
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[11] Antón-Solanas I, Rodríguez-Roca B, Vanceulebroeck V, Kömürcü N, Kalkan I, Huércanos-Esparza I, et al. Migrant and ethnic minority nurses’ experience of working in European health services: a qualitative study. Rev Esc Enferm USP. 2022;56:e20220104. doi:10.1590/1980-220X-REEUSP-2022-0104en.
[12] Wang RY, Campos Rojo M, Crosby SS, Rajabiun S. Examining the impact of restrictive federal immigration policies on healthcare access: perspectives from immigrant patients across an urban safety-net hospital. J Immigr Minor Health. 2022;24(1):178-187. doi:10.1007/s10903-021-01177-9.
[13] Hajizadeh A, Zamanzadeh V, Kakemam E, Bahreini R, Khodayari-Zarnaq R. Factors influencing nurses participation in the health policy-making process: a systematic review. BMC Nurs. 2021;20(1):128. doi:10.1186/s12912-021-00648-6.
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[15] Han NK, Kim GS. The barriers and facilitators influencing nurses’ political participation or healthcare policy intervention: a systematic review and qualitative meta-synthesis. J Nurs Manag. 2024;2024:2606855. doi:10.1155/2024/2606855.