Nadie es ajeno a la crisis que desde hace algunos años se ha instalado en nuestra sociedad y que se resiste a abandonarnos. La misma está ocasionando no tan solo graves problemas financieros sino que se ha convertido, sin duda, en uno de los principales problemas de salud para la población que padece sus consecuencias (paro, recortes sociales, penurias económicas…).
Ante esta grave situación, sin embargo, se está respondiendo por parte de las administraciones públicas con importantes recortes en la sanidad que provocan desabastecimiento, retrasos en la prestación de atención, demanda insatisfecha… para los usuarios; y recortes salariales, empeoramiento de las condiciones de trabajo, recortes en las plantillas… para los profesionales de la salud.
Los políticos y los gestores sanitarios (que vienen a ser lo mismo dados los mecanismos de acceso a los puestos de responsabilidad en las organizaciones sanitarias públicas), ante la magnitud de la crisis han considerado que la mejor manera para ahorrar es meter la tijera en el Sistema Sanitario por entender que es lo que más gasto genera. Confunden, desde su ignorancia e inoperancia, la racionalización con el racionamiento.
Los mismos políticos y gestores que durante las épocas de vacas gordas tan solo estaban preocupados por dejar huella de su paso con grandes proyectos de infraestructuras o de programas de dudosa rentabilidad y eficacia social, son los que ahora, ante tan importante problema de salud como es la crisis, no tan solo no son capaces de responder con eficiencia sino que eliminan o restringen drásticamente servicios básicos y cargan en los profesionales de la salud su torpeza con recortes, congelaciones y despidos.
La salud como derecho fundamental de toda persona no puede y no debe, estar condicionada por gestores caracterizados por la mediocridad y el servilismo político del que hacen gala muchos de los actuales y que son los auténticos responsables de lo que sucede en el sistema sanitario público más allá de los efectos que sobre el mismo tiene la crisis.