A todas las enfermeras especialistas de Enfermería Familiar y Comunitaria. Con título o sin título.

Desde que en 2005 se publicara el Real Decreto que regulaba las especialidades de Enfermería, después del fallido intento de 1987, y tras la Orden de 2010 que aprobaba el Programa Formativo de la Especialidad de Enfermería Familiar y Comunitaria, la citada especialidad inició su andadura con la publicación de las primeras plazas convocadas para la realización de la residencia formativa en las Unidades Docentes Multiprofesionales de Atención Familiar y Comunitaria.

Quedaba pendiente la realización de la prueba excepcional de acceso a la especialidad de las enfermeras que acreditasen el ejercicio profesional y superaran una prueba de evaluación de la competencia, en los términos y por el procedimiento previstos en la disposición transitoria segunda del Real Decreto de 2005 de Especialidades de Enfermería.

No sería hasta 2009, 4 años después de la publicación del Real Decreto regulador, que se estableciera el plazo de presentación de solicitudes para la realización de la citada prueba y que establecía el 22 de marzo de 2011 como plazo máximo para la presentación de solicitudes

            En total 6 años para resolver tan solo la presentación de solicitudes.

            A partir de ese momento se establecía un proceso de evaluación de los expedientes presentados por más de 40.000 enfermeras que solicitaban el acceso excepcional. Para ello el Ministerio de Educación, de quien compete esta prueba, contaba con una funcionaria, como única responsable para la revisión de la totalidad de los expedientes.

Desde esa misma fecha de 2011, las Sociedades Científicas de Enfermería Comunitaria, iniciaron un periplo de reuniones, solicitudes, posicionamientos, escritos… con y hacia los máximos responsables del Ministerio de Sanidad, en concreto de la Dirección General de Ordenación Profesional, y con el Ministerio de Educación, con la Secretaría General de Universidades, que fueron cambiando conforme se producían los sucesivos relevos de Ministras/os correspondientes en ambos ministerios.

En las sucesivas reuniones siempre se obtenían idénticas respuestas de dilación y de imposibilidad de ir más rápido para evaluar los expedientes que permitiesen convocar la prueba. Pero realmente, lo que traslucía de todas esas excusas tan solo era una clara y notoria falta de voluntad política para resolver la cuestión. Todo ello a pesar de las ofertas que desde las Sociedades Científicas trasladamos consistentes en que miembros con la especialidad de ambas sociedades pudieran actuar como evaluadores externos para agilizar el proceso. Oferta que fue rechazada con argumentos peregrinos y que reforzaban el sentimiento de falta meridiana de voluntad política

Con el cambio de gobierno en 2018 y la incorporación de un nuevo equipo ministerial sostenido por una formación política diferente, se reiniciaron los contactos con los nuevos responsables ministeriales a los que se les trasladó idéntica oferta a la que ya se había hecho con los equipos anteriores. La diferencia fue que en esta ocasión la receptividad y disponibilidad fueron completamente diferentes y se comprometieron a estudiar la viabilidad de la oferta trasladada.

Y la respuesta no se hizo esperar y tras informe de la abogacía del estado, se dictaminó que era posible llevarla a cabo, lo que viene a corroborar las falta de voluntad política antes aludida. A partir de ese momento se iniciaron las propuestas de 10 expertas/os, por parte de cada una de las dos sociedades científicas, y se convocó la primera reunión evaluadora.

Mientras esto se llevaba a cabo la propia Ministra de Sanidad anunciaba públicamente la decisión de su ministerio y del ministerio de educación para llevar a cabo la prueba excepcional. Hecho que nunca antes se había dado y que comprometía claramente la celebración de la prueba.

Tras esta primera reunión, que aceleró de manera muy significativa el número de expedientes evaluados, se presentó un nuevo inconveniente al convocarse nuevas elecciones generales que, cuanto menos, ralentizaban el proceso.

La constitución del nuevo gobierno surgido de las elecciones no supuso cambios en las/os responsables de las direcciones generales competentes, lo que facilitó que el proceso continuase en el punto que quedó. Una nueva reunión de las/os expertos permitió concluir las evaluaciones y por tanto tan solo restaba cumplir el plazo preceptivo de subsanaciones remitidas a algunas solicitantes, para posteriormente proceder a la convocatoria de la prueba.

Pero parece como si la Especialidad de Enfermería Familiar y Comunitaria estuviese predestinada a sufrir una permanente paralización en el desarrollo de su implementación. Vamos, como si le hubiese mirado un tuerto, como decían nuestras abuelas.

A la ausencia de plazas específicas de la especialidad en los diferentes sistemas de salud autonómicos, que impide la incorporación como especialistas de las enfermeras que acaban su proceso formativo iniciado en 2011, se une la constante parálisis de la prueba excepcional que permitiera finalmente articular las plantillas de enfermeras comunitarias especialistas y no especialistas en los centros de Atención Primaria fundamentalmente, que normalizaría lo que es, a todas luces, un proceso irregular, tanto por lo que supone que las enfermeras que están tutorizando a las residentes no tengan la especialidad reconocida, como por la inconcebible pasividad de las diferentes administraciones en la definición de plazas de especialistas.

Y cuando todo parecía indicar que estaba próxima la convocatoria de la prueba excepcional, llegó el famoso COVID-19 que se encargó de tirar al traste con absolutamente todas las expectativas generadas. Al menos en el corto plazo.

Pero el COVID-19, trajo algo más que esa parálisis del proceso. En el desarrollo de la pandemia quedó manifiestamente claro el fracaso del Sistema Sanitario al no poder disponer de especialistas que había formado con recursos públicos y que hubiesen podido dar una respuesta excelente en momentos tan complicados como los que lamentablemente se están produciendo.

Aunque con ser grave, el hecho de que se tratase de utilizar a las/os residentes de esta y otras especialidades como mano de obra cualificada y barata aún lo, es más. Se intentó retrasar la finalización de su especialidad y que se incorporasen como enfermeras, pero cobrando como residentes. Fue, sin duda, una decisión tan desacertada como inoportuna, dictada a través de una orden el 15 de marzo ante la que se veía venir, una vez decretado el Estado de Alarma tan solo un día antes. La respuesta de las sociedades científicas, en este caso de todas las especialidades afectadas, logró que se paralizase la medida a través de una nueva orden de 15 de abril en la que se establece que las/os residentes puedan finalizar su formación en mayo como estaba planificado. Otra cuestión será, como ya venía siendo habitual, cómo son contratadas dichas enfermeras y para qué servicios o centros se les contrata, al no estar definidas las plazas de especialistas, al menos, en lo que a Enfermería Familiar y Comunitaria se refiere.

Así las cosas, lo que se prometía como una finalización a tan largo, penoso, como inadmisible proceso de la prueba excepcional, la pandemia se ha encargado de contagiar también su resolución y, con ello, dejar en suspense y suspenso el desenlace final.

En cualquier caso, no hace falta ser un adivino para saber que, al menos, la realización de la prueba va a sufrir una paralización total como consecuencia de las medidas actuales de confinamiento y las posteriores de desconfinamiento que no permitirán, en ningún caso, la concentración de profesionales que supondría su convocatoria ya que resultaría de todo punto imposible mantener las medidas preventivas que corresponden.

La incertidumbre de una total normalidad que tan solo se vislumbra posible con la inoculación masiva de una vacuna efectiva, impide saber cuándo se podrá regularizar una situación que hace muchos años que se debería haber resuelto.

En cualquier caso, ante esta situación sobrevenida y totalmente extraordinaria, se deberán plantear respuestas que no signifiquen un nuevo y desconocido plazo de resolución, a una situación que tan solo tiene un responsable, que es quien debe responder por ello, sin plantear excusas de herencias anteriores. Se está para las verdes y para las maduras.

Pero, al margen de esta prueba excepcional de acceso a la especialidad, que recuerda la obra de Michael Ende, La Historia Interminable, la situación que nos deja la pandemia y las manifestaciones públicas realizadas, tanto por parte del Presidente del Gobierno como de los responsables ministeriales, sobre la importancia que tendrá la Atención Primaria de Salud, para hacer frente a las necesidades y demandas que se van a generar en esa nueva fase de la pandemia, deberían plantear una incorporación inmediata de las enfermeras especialistas de Enfermería Familiar y Comunitaria en el citado ámbito primario de atención, como profesionales altamente cualificadas para responder con calidad y garantías a los retos tanto de organización como de planificación y ejecución de cuidados profesionales enfermeros que van a resultar imprescindibles.

No hacerlo supondría una nueva e inexplicable dejación en la toma de decisiones responsable y adecuada a las necesidades que la grave situación pandémica plantea tanto a corto como a medio plazo.

Las excusas, en forma de arma arrojadiza entre administraciones autonómicas y central, para no tomar esta decisión con anterioridad, en estos momentos, no tan solo, pierden absolutamente cualquier fundamento, sino que serían muy difícil de explicar a la ciudadanía, que aplaude todos los días a las/os sanitarias/os, el por qué, disponiendo de las/os mejores profesionales no se permite que presten la atención y los cuidados enfermeros profesionales para los que han sido formadas por la propia administración, que ahora, se niega a contratarles y a que la población pueda recibirlos.

Situaciones excepcionales precisan de respuestas excepcionales y no vale tratar de enredar con planteamientos legalistas que cuando se ha querido, se han solventado con decisiones normativas inmediatas para permitir dichas respuestas.

No se trata, por otra parte, de ninguna irregularidad, porque en sí mismo, la irregularidad es no permitir que las especialistas de enfermería familiar y comunitaria no puedan desarrollar sus competencias como tales en momentos que son tan necesarias.

No actuar en base a explicaciones económicas, ante la grave situación generada, sería un nueva y patética excusa sin fundamento por razones obvias que escapan a esta reflexión, pero que, inicialmente, no supone absolutamente ningún dispendio por parte de las arcas públicas.

Tratar de responder argumentando, que ahora no es el momento de reivindicaciones y que superada la crisis ya se valorará, sería un golpe bajo y una manifiesta hipocresía, con la clara y exclusiva intención de sortear la decisión a sabiendas de que no se retomará con posterioridad.

Seguir trasladando diariamente el agradecimiento a las/os profesionales sanitarias/os, en general y a las enfermeras en particular, tan solo será creíble si realmente se tiene la voluntad política y se toman las decisiones que permitan esta incorporación. Lo contrario pondrá de manifiesto que se trata tan solo de una manifestación protocolaria y rutinaria que tan solo persigue el que se mantenga elevado el ánimo de las/os profesionales.

Si, por otra parte, las manifestaciones de la importancia de la Atención Primaria, son también reales y no un brindis al sol, para que pueda dar la respuesta que de ella se espera se debe dotar de las/os mejores profesionales disponibles.

Las palmaditas en la espalda y las buenas palabras, tan solo son capaces de incentivar cuando, tras los gestos, se actúa con determinación y se toman las decisiones que permitan dar credibilidad a los mismos. Dicho en castellano más popular, obras son amores y no buenas razones.